La Corte Suprema rechazó la extradición a Estados Unidos del empresario Carlos Cardoen, requerido por el gobierno de dicho país por diversos cargos ligados a la supuesta exportación ilegal de tráfico de circonio y falsedad documental.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó así la resolución que en marzo de este año dictó el ministro instructor de la causa, Carlos Aranguiz, y estableció que no se cumplen con los requisitos de tipicidad del delito, ya que al momento de ocurrir los hechos imputados -comienzos de los noventa-, estos no eran considerados ilícitos en nuestro país.

Por ende, añadieron, no se cumple el requisito de doble incriminación que exige que las conductas por las cuales se pide la extradición sea delito en los dos países involucrados. E incluso, en el evento que las conductas imputadas a Cardoen pudiesen ser subsumidas en alguna figura penal contemplada en otra normativa especial, “necesariamente debe concluirse (…) que ha operado la prescripción de la acción penal”.

Así, y considerando los hechos atribuidos, que se relacionan con la supuesta exportación ilegal de circonio de grado artillería desde Estados Unidos a Chile para ser utilizados en un propósito distinto al declarado, la Suprema indicó que “a la fecha de los hechos que se investigan carecían de la tipicidad necesaria para ser calificados como delitos en nuestro país”.

Se consideró además que el tratado suscrito entre ambos países “establece que la extradición no será procedente cuando la prescripción haya operado con arreglo a la legislación del país requerido” y que “resulta ser un hecho pacífico la circunstancia que, el Tratado de 1900 no ha contemplado expresamente, dentro de su catálogo numerus clausus, los delitos atribuidos al requerido”.

La Suprema citó además el la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que dispone que “las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo”.

La decisión fue adoptada por los ministros Carlos Künsemüller, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y los abogados integrantes Ricardo Abuauad y Jorge Lagos.

Cargos

De acuerdo a la solicitud formal enviada por EE.UU. -y la cual hace referencia a la que presentó dicho país en 1993-, al empresario se le imputan ocho cargos, asociados a tres delitos, y los que implican 35 años de presidio y multas que bordean los US$ 600 mil.

Los ilícitos en cuestión son conspiración -basado en que el empresario “a sabiendas y voluntariamente llegó a un acuerdo con una o más personas para llevar a cabo un ilícito común, y que el objeto del acuerdo era contravenir las leyes de exportación”; fraude aduanero a través de la exportación de circonio y artículos de defensa; la entrega de declaraciones falsas.

Por su parte, Cardoen señaló en reiteradas oportunidades ser inocente, mientras que su defensa criticó que la petición de extradición fuera presentada luego de 26 años, y pese a que “en reiteradas ocasiones (EE.UU.) señaló que no lo haría por carecer de fundamento”.

“Las actividades de la empresa de Carlos Cardoen fueron conocidas y apoyadas por Estados Unidos, como se demostrará en el proceso”, acotaron en su oportunidad los abogados Marcia González, Juan Pablo Hermosilla, Joanna Heskia y Juan Pablo Olmedo.

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