Luego de un año y seis meses en el cargo de consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE)-organismo que se encarga de velar por los intereses del Fisco-, la abogada y ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, solicitó esta semana a la presidenta de la institución, María Eugenia Manaud, un permiso administrativo sin goce de sueldo por un par de meses.

Esta medida administrativa implica suspender sus actividades en el organismo, entre ellas, participar en el comité civil, que ella integra, y en las sesiones del pleno donde se discute y vota si se la institución se va a querellar en diversos casos de relevancia pública.

La decisión de Blanco -a la cual ni ella ni el CDE quiso referirse – se produce luego que el 5 de agosto el fiscal Marcos Emilfork, quien investiga la muerte de 878 menores al interior del Sename, señalara en una entrevista a La Tercera que no descartaba citar a Blanco y al ex ministro José Antonio Gómez como imputados por la arista del programa de Aseguramiento de Calidad de las Residencias y de Mejoramiento Continuo (Ascar). El Ministerio Público, en este caso, investiga si ocurrió un eventual fraude al fisco mientras ambos ex ministros de Justicia del gobierno de Bachelet estaban a cargo del programa que buscaba capacitar a trabajadores y brindar mejor infraestructura a las casas de acogida de menores. La fiscalía detectó que se realizaron pagos sin haber realizado el servicio correspondiente, y ello fue reconocido por un ex funcionario de Justicia, Franklin Ceballos. Este aseveró que se le pagaron $5 millones por labores que no realizó. Además, relató que había integrado el programa luego de compartir un almuerzo al que asistió Javiera Blanco y su pareja, el senador Pedro Araya.

Tras conocerse las declaraciones de Emilfork, tanto Blanco como el CDE  prendieron sus alarmas. La ex ministra, por su parte, al igual que Gómez, hizo llegar un reclamo al Ministerio Público contra el fiscal por “lo inadecuado e improcedente que resulta ser notificado por un medio de comunicación”, al decir de la abogada de Blanco, Paula Vial. En el reclamo ante Jorge Abbott, le solicitó adoptar “las medidas que correspondan” en contra del persecutor.

En el CDE, en tanto, se terminó se instalar la preocupación entre algunos de sus consejeros, quienes aseveraron que esperaban que la propia Blanco tomara una definición mantenga al organismo al margen de su eventual situación judicial.

Es así como los días siguientes a  las palabras de Emilfork, el pleno de organismo -conformado por 12 personas- habría conversado en una de sus sesiones habituales de los días martes las implicancias que podían tener sus dichos, en la eventualidad de que Blanco fuera potencialmente querellada por el mismo organismo del cual es consejera.

Algunos de los consejeros habrían apoyado la idea de que Blanco se tomara un permiso administrativo mientras se tramitan las causas penales en su contra. Por otra parte, un abogado cercano a Blanco asevera que el tomarse este periodo fuera del CDE era una opción que ella tenía pensada hace un tiempo, para descomprimir la situación en caso de que la pista al interior del organismo “se pusiera pesada”. Tomarse unos meses fuera es, añade, una buena forma de “salir sin salir” de la institución, para luego volver si es que la causa se resuelve favorablemente para ella.

De acuerdo a la ley, los consejeros del CDE no tienen la facultad para destituir a un par. Sacar a uno de ellos es una carrera de largo aliento. La ley establece que “el Consejo se compondrá de doce abogados, quienes serán inamovibles en sus cargos y cesarán en sus funciones por las causales establecidas en el Estatuto Administrativo para los funcionarios de carrera. En caso de remoción, ésta deberá disponerse por el Presidente de la República con acuerdo del Senado. Cesarán en sus cargos al cumplir 75 años de edad”.

En rigor, un funcionario de planta puede salir por un sumario administrativo si, por ejemplo, se ausenta más de tres días seguidos sin dar justificación o si recibe una condena por crimen o simple delito, pero ello implica una serie de faltas que no se dan en el caso de Blanco. Por lo mismo, si ella no da un paso al costado, hasta cumplir la edad de cesación podría permanecer en su puesto con un salario bruto promedio de $ 7,6 millones.

Consultados por este tema, desde el Consejo señalaron que “hechas las consultas pertinentes, el Consejo no hará declaraciones respecto a esta materia”. La Tercera PM también le consultó directamente a la presidenta del organismo, María Eugenia Manaud, quien declinó referirse al tema.

En tanto, la defensora de Blanco, la abogada Paula Vial también fue contactada por este medio, sin embargo, no se logró obtener una respuesta.

Las otras causas

Además de la arista ASCAR, Blanco tiene otras causas pendientes. Una de ellas es la también investigada por el fiscal Emilfork, respecto de las muertes de niños al interior del Sename.

La segunda es la relativa al eventual uso irregular de gastos reservados dentro de Carabineros, que lleva adelante la persecutora de la fiscalía Centro Norte Macarena Cañas. Sobre esta causa, su defensora Paula Vial señaló a La Tercera el 26 de julio que Blanco está en calidad de testigo y que nunca recibió gastos reservados.

En 2017, Blanco prestó declaración ante el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, en la investigación sobre el millonario fraude en Carabineros. La diligencia se realizó en dependencias del CDE, y la ex ministra declaró en calidad de testigo por su periodo como subsecretaria de Carabineros, tiempo que coincide con la época en que se habría iniciado el ilícito que investiga el Ministerio Público.