Hoy la abogada Dorothy Pérez, quien aún ejerce como subcontralora General y jueza de cuentas de la Contraloría General de la República, cruzó la puerta del edificio institucional en calle Teatinos y acudió, como cada día, hasta su oficina.

La situación sería del todo normal si no fuera porque el día lunes, el Contralor Jorge Bermúdez le solicitó su dimisión tras meses de desavenencias y, señalan cercanos a éste, una pérdida absoluta de confianza.

Ella, quien fue su mano derecha, simplemente se negó a dejar el cargo y la entidad fiscalizadora enfrenta un proceso inédito. Bermúdez plantea próximamente apelar al artículo 148 y 150 del Estatuto administrativo que prevé que si una persona en un cargo de confianza, conocido como de segundo nivel, se rehúsa a dimitir, procede que se declare vía decreto su puesto como vacante. Por su parte, Dorothy -tal como lo anunció en un correo electrónico al Contralor-, invocará el artículo 4 de la ley 10.336 de la ley orgánica de la Contraloría General de la República, para atrincherarse.

Según explican fuentes cercanas a Bermúdez, la norma a la que alude Pérez y que implica que su remoción debe ser zanjada “por el Presidente de la República, previa resolución judicial tramitada en la forma establecida para los juicios de amovilidad que se siguen contra los Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia y por las causales señaladas para los Ministros de la Corte Suprema”, está en desuso, por lo que no sería aplicable. Más aún, señalan que por normas posteriores, como el decreto ley 3551 de 1980, ha sido derogado tácitamente. Sin embargo, abogados de la plaza recalcan que el desuso no es homologable a derogación, por lo que el Contralor estaría, en los hechos, en un zapato chino y podría tener que seguir trabajando obligadamente con Dorothy.

El experto en derecho administrativo, Luis Cordero, explica que el problema de interpretación se genera a consecuencia de la modificación que hizo la dictadura a la ley orgánica de la Contraloría el año 1980, que declaró a todos los funcionarios de la Contraloría de la confianza del contralor. “Sin embargo, esa reforma no modificó las reglas aplicables al subcontralor, quien desde la regulación original está sometido a restricciones para efectos de su remoción a través de un juicio de amovilidad ante la Corte Suprema. Si se genera esta discusión será la primera vez que se pone a prueba esta regla. La crisis institucional previa de Contraloría fue en 1945 con la acusación constitucional y destitución del contralor Vigorena”, detalla.

Jorge Barrera, abogado constitucionalista, plantea que la “subcontralora goza de las mismas prerrogativas e inamovilidad con la que cuentan los tribunales superiores de Justicia. Removerla corresponde al Presidente de la República y previo a una resolución judicial que se tramite en la forma en que está establecida para los juicios de remoción y por las causales señaladas para los ministros de la Corte Suprema (…) el subcontralor en ningún caso es un cargo de exclusiva confianza del Contralor General de la República”.

Y agrega que “acá se podría iniciar un procedimiento en virtud de lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución. El conflicto estará en determinar si la subcontralora tuvo o no buen comportamiento”.

Con todo, en el organismo fiscalizador, apelan a la prudencia: “Esto es como si el Presidente le pidiera una renuncia a un ministro y éste se negara a salir. Pérez debe subrogar al Contralor cuando éste no está. Si no confía en ella, ¿qué hace?”, detallan.

Los meses de crisis

En los descargos que Pérez planteó en la carta que envió el lunes a Bermúdez, afirmó que “he sido citada en calidad de TESTIGO por la fiscalía en causa RUC 1601014175-7 (citación que UD. me notificó y entregó en ese mismo acto) y en base a las informaciones previas que la fiscal sumariante de un sumario interno (señora Loreto Valenzuela), le habría efectuado acerca de mi eventual responsabilidad en dicho proceso, cuya etapa indagatoria ni siquiera ha finalizado”. Añadió que esta circunstancia “le habría originado a Ud. una pérdida de confianza en mi persona y que por dicha razón me remueve del cargo, pese que en mi presencia ha reconocido expresamente que Ud. sabe que no tengo participación en dichas irregularidades”.

Fuentes de Contraloría recalcan a La Tercera PM que la crisis se arrastra desde hace meses por varios hechos “que concluyen con la citación a declarar”. “Ella por ahora está declarada como testigo, pero los datos que el Contralor maneja son suficientes para pedirle el cargo. El contralor no va a tomar una decisión sin fundamento, por la función que ella desempeña es necesario ser intachable, sobre todo considerando que como Contraloría debemos tener un estándar. Hay que mencionar además que en las únicas ocasiones en que se ha pedido el cargo ha sido por falta de la integridad de funcionarios que fueron vinculados al fraude en carabineros”.

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