Lejos, por lejos, el problema más importante que tenemos es la falta de Estado de Derecho en la Araucanía. El botón de muestra fue la última diligencia fallida, donde los 850 efectivos de la PDI tuvieron que emprender la retirada con un joven subinspector muerto y 11 heridos. No lograron cumplir con el mandato judicial referido a detenciones por drogas y homicidios, pero encontraron, como era esperable, drogas, vehículos robados y la balacera que duró dos horas.

El gobierno descartó dictar estado de sitio, decisión que debía someter al Congreso y que habría puesto en evidencia a los legisladores, básicamente opositores, que continúan creyendo que pueden usar el conflicto como arma contra el gobierno y negándose a ver que el tráfico de armas, de drogas o de madera robada no tiene nada que ver ni con el pueblo mapuche ni con sus reivindicaciones.

Tenemos un territorio de más de 3 mil hectáreas entregado por el Estado a la comunidad Temucuicui que ya se ha convertido en tres comunidades, y en un búnker que no reconoce a las autoridades chilenas para ser censados (en 2017) o aceptar diligencias ordenadas por el poder judicial, pero sí estiran la mano para recibir financiamiento en materia de ingresos, salud, educación o vivienda. Amparan delincuentes acusados de homicidio o tráfico de drogas y sus dirigentes tienen el descaro de invitar esta semana a un diálogo político a esas mismas autoridades políticas y judiciales que no admiten ni reconocen en su territorio.

Por supuesto que estarán los políticos de siempre dispuestos a asistir a la convocatoria, olvidando los asesinatos, el no reconocimiento del Estado de Chile, la política de terror que tienen sobre los predios aledaños, obligando a sus propietarios a entregar sus cosechas antes de abandonarlos para que ellos los “tomen” (porque ya no reclaman formalmente más tierras); los robos de madera y vehículos, el tráfico de drogas. Y, no menor, las amenazas a las autoridades, lo cual dificulta entrevistar a los que tienen su familia en la zona.

Seguirán estos políticos, mayoritariamente de la izquierda opositora, confundiendo diálogo con impunidad y violencia o narcotráfico con reclamaciones históricas. Como si el narcotráfico en México, Colombia o Perú no hubiera tenido una base ideológica en Chapas, las FARC o Sendero Luminoso. O como si el diálogo fuera un fin en sí mismo, aunque sea solo para ganar tiempo, estéril e impone condiciones unilaterales inaceptables.

Y continuará confundido también el Presidente, que tiene la potestad absoluta en el uso de la fuerza, viendo cómo se impone la “nueva normalidad” contra la cual se manifiestan dolidamente dirigentes de la Araucanía en una inserción publicada ayer en El Mercurio.

Al margen de la responsabilidad política que tenga la oposición en el resultado, este gobierno será probablemente muy castigado por la historia. Ha sido justamente en su mandato, que debía ser un faro de seguridad y retorno a la prosperidad, donde se impuso la “nueva normalidad” de los fuegos artificiales, los funerales narcos, las amenazas de muerte a los políticos, la violencia como un panorama de destrucción de delincuentes que no logran ser reprimidos con el uso “proporcional” de la fuerza. No sólo no se cumplió la promesa de devolver la paz y el desarrollo a la Araucanía, sino que el terror (infundido por unos pocos) se ha convertido en la pesadilla de la gente normal de trabajo en cuatro regiones del sur de Chile.

Frente a un Estado que no es capaz de reprimir la violencia y asegurar la paz a sus ciudadanos, todos los demás problemas palidecen. Incluso la pandemia con su secuela de desempleo, pobreza y muerte.

Por Pilar Molina, periodista, para El Líbero

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