Como una “amenaza” a la independencia del Poder Legislativo calificaron hoy en la oposición los cuestionamientos que personeros de gobierno y ministros de la Corte Suprema hicieron en las últimas horas a la acusación constitucional contra tres de sus integrantes, por otorgar la libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad.

En el sector recibieron con preocupación la arremetida “coordinada” del presidente subrogante Sergio Muñoz -quien reiteró en entrevista con El Mercurio que el libelo afecta la imparcialidad e independencia del Poder Judicial- y el vocero de la Corte, Lamberto Cisternas, quien hoy en Mesa Central de Canal 13 defendió la concesión del beneficio y deslizó que con la presentación de la acusación se siente “condicionado”, y que incluso podría inhabilitarse en el futuro de enfrentarse a un fallo similar.

Su intervención enervó a la oposición, especialmente con frases como “el recurso de amparo es un grito por la libertad. Y cuando nosotros escuchamos el grito, tenemos que amparar”.

A sus palabras se sumó hoy el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien insistió en la postura que ha defendido el Ejecutivo ante el libelo impulsado por la oposición y que el viernes ya había instalado su par de Justicia, Hernán Larraín, al señalar que “una mayoría política no puede destruir el Estado de derecho”.

“Es de la mayor gravedad que la Cámara de Diputados, una simple mayoría ocasional, se transforme en juez y se arrogue la atribución de revisar los contenidos de un fallo. Es contrario a nuestra Constitución, a principios básicos de nuestra democracia y a nuestro Estado de derecho”, sostuvo el jefe del gabinete, a la vez que hizo un llamado a los legisladores a “reflexionar”.

Así, desde las bancadas que impulsaron el libelo advirtieron que es el Ejecutivo y el máximo tribunal quienes estarían poniendo en riesgo la institucionalidad.

“Me parece absolutamente improcedente y amenazante que el Poder Ejecutivo esté cuestionando una atribución constitucional del Parlamento y, de esta manera, atacando la independencia del Parlamento”, sostuvo la diputada Carmen Hertz (PC), quien agregó que el clima que se ha buscado instalar es “el mismo que se dio cuando Pinochet fue detenido en Londres”.

En la misma línea, el jefe de bancada del Frente Amplio, Tomás Hirsch (PH), advirtió que la ofensiva del Ejecutivo y los ministros está “totalmente fuera de lugar”, puesto que el libelo no busca en ningún caso modificar ni revertir los fallos en cuestión. “Estas amenazas indebidas sí que ponen en riesgo el Estado de derecho”, sostuvo.

Por su parte, el jefe de bancada PPD, Ricardo Celis, acusó a La Moneda y a los ministros de estar haciendo una “defensa corporativa”.

“Ha habido muchas acusaciones constitucionales, ha habido un ministro de la Corte destituido y nunca se quebró la institucionalidad democrática. No me parece que los ministros y el gobierno hagan una especie de defensa corporativa. Eso no es bueno para la democracia ni para Chile”, dijo.

Desde la bancada del PS, el diputado Manuel Monsalve cuestionó particularmente los dichos de Cisternas, asegurando que se enmarcan dentro de una opinión política y no jurídica, que lo sitúan “del lado de los victimarios y no de las víctimas”.

“Estas declaraciones me convencen aún más de que la acusación es correcta, porque se puede deducir que la no aplicación de los convenios internacionales es claramente intencional y tiene como objetivo perdonar a los criminales de lesa humanidad”, sostuvo.

El jefe de bancada de la DC, Matías Walker, en tanto, señaló que la postura del Ejecutivo responde a un intento por “reconciliarse” con los representantes de la Suprema. “El gobierno, después de decir que los jueces eran de izquierda, está intentando aprovechar esta coyuntura para reconciliarse con el Poder Judicial”, dijo.

Por su parte, y pese a que en su bancada han manifestado dudas respecto al libelo, la diputada radical Marcela Hernando aseguró que esta arremetida les “da más fuerza, de cara a la acusación”.

Dudas internas

El inusitado enfrentamiento entre los poderes del Estado se da justo en medio de las dudas que han surgido al interior de la propia oposición en torno a la viabilidad del libelo.

A lo anterior se suma el recurso de nulidad presentado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) ante el propio máximo tribunal con el objetivo de revertir los cuestionados fallos, acción que, de ser acogida, dejaría como “inexistente” para todos los efectos legales la decisión que motivó la presentación del libelo.

Otro factor que ha generado inquietud en la oposición es el anuncio del diputado Ignacio Urrutia (UDI), que tuvo eco en otros parlamentarios de su sector, de que podría respaldar la acción en busca de destituir a los tres jueces que, a su juicio, son de “izquierda”, modificando así el equilibrio del tribunal en favor del oficialismo.