Hace ocho años exactos, 33 trabajadores permanecían atrapados en la mina San José, ubicada en Caldera, cerca de Copiapó, luego de un derrumbe que tuvo al país -y a la prensa internacional- pendiente, durante casi tres meses, del destino de los operarios.

Hoy, un fallo del 9° Juzgado Civil de Santiago determinó que 31 mineros, de los 33 que en 2010 quedaron bajo tierra, recibirán en total $ 2.480 millones, es decir $ 80 millones para cada uno, como indemnización por parte del Fisco tras establecerse la responsabilidad del Estado en el derrumbe ocurrido el 5 de agosto de ese año, que los tuvo 69 días atrapados.

Según informó el Poder Judicial, “la magistrada Lidia Poza estableció la responsabilidad del Estado, específicamente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud y la Dirección del Trabajo, por la falta de fiscalización de la Empresa Minera San Esteban Primera S.A., dueña del yacimiento donde, producto de un derrumbe, quedaron atrapados los trabajadores”.

El fallo establece que el monto que por daño moral le corresponde a cada demandante, “por razones de prudencia y sobriedad, debe ser de $ 80 millones para cada uno de los actores, teniendo como parámetro que, aunque afectada en su máximo, la vida ha sido preservada y, por lo tanto, quedan esperanzas de recuperación. Y porque debe servir simbólicamente para que quienes detentan la autoridad sobre la materia materialicen en medidas concretas lo que esta experiencia nos ha dejado a todos/as como aprendizaje”.

La indemnización llegará a 31 de los 33 afectados por el derrumbe, ya que hubo dos de ellos que no se sumaron a la acción civil. Se trata de Raúl Bustos y Juan Illanes.

Respecto de las responsabilidades de Sernageomin, el fallo señaló que “llama la atención entonces cómo, si en casi una década de funcionamiento e intermitentes cierres por accidentes, además del incumplimiento reiterado de las exigencias de seguridad en el trabajo, nada se indicara ante el no cumplimiento por la compañía minera de la ejecución adecuada de los proyectos presentados”.

La jueza descartó los argumentos del Fisco y ordenó reparar el daño moral, ya que consideró que no eran suficientes las medidas que se habían adoptado en relación con la pensión vitalicia que recibieron los mineros ($ 250 mil mensuales) y los tratamientos médicos que les costeó el Estado. “No son constitutivos de ningún resarcimiento por daño moral, sino únicamente compensatorio del daño emergente y el lucro cesante”.

Reacciones

Mario Sepúlveda, uno de los 33, dijo estar “muy contento” con la resolución judicial, pero lamentó que no hubiese mayores sanciones para la minera: “Creo que a veces la gente tiene poca memoria (…). A mí, junto con esto, me habría gustado que hubiese una justicia verdadera contra los empresarios”.
Daniel Herrera, otro de los mineros afectados, se mostró sorprendido: “No me lo imaginaba, ni esperaba (…); lo que nos pasó no generó ningún cambio, siguen ocurriendo accidentes en la minería. Espero que se hagan responsables los entes fiscalizadores”.

El abogado que representó a los mineros en la demanda, Jorge Ríos, manifestó que “estamos satisfechos, es una sentencia completa en cuanto a los méritos, para establecer la responsabilidad del Fisco”.

Añadió que “se establece claramente lo que aquí se conoce como una falta de servicio de las instituciones u órganos técnicos encargados de autorizar la apertura de la mina y, además, del cumplimiento de las medidas de seguridad, que eran necesarias para el desarrollo de la faena minera”.