La negociación del salario mínimo se ha transformado en un duro obstáculo político para el gobierno. Pese a que inicialmente había avanzado con la fórmula de reajustes -ya que logró alinear a la oposición detrás del monto que tendría el salario mínimo para este año y el próximo-, la solución plurianual que planteó el Ejecutivo terminó enredando la discusión y transformándose en un revés inesperado.

Es un hecho que la estrategia política para enfrentar esta tramitación resultó poco acertada. Al recurrir al veto, que luego fue rechazado, el gobierno terminó fortaleciendo a la oposición y esbozando cierta improvisación negociadora, que devela –al menos a la luz de este episodio- una incapacidad para anticipar el difícil escenario político que se enfrentará en el Congreso y los matices que subyacen entre la Cámara y el Senado. Es evidente que la impericia demostrada en este proyecto, que en el papel parecía abordable, deja al equipo político debilitado y probablemente con menor margen de acción para las discusiones cruciales que se vienen: reforma tributaria, ley de presupuestos, reforma laboral y reforma de pensiones.

Es discutible, además, que el mantener la plurianualidad del proyecto justificara exponerse a la derrota política que terminó por sufrir el gobierno. Porque si bien la negociación del salario mínimo hasta el 2021 evitaba abrir la discusión en años de elecciones, fórmulas de reajustes múltiples tienen el serio riesgo de ofrecer incrementos que en el contexto económico actual parecen razonables, pero que bajo condiciones volátiles pueden resultar siendo excesivos, tal como ocurrió durante la crisis asiática del ’99, cuando debido a la optimista negociación plurianual previa, se condenó al país a varios años de desempleo elevado.

/Editorial del diario La Tercera