El rechazo al veto presidencial por sueldo mínimo y la posibilidad de negarse a la idea de legislar el proyecto de modernización tributaria, fueron los hechos que generaron que el oficialismo cuestionara a la ex Nueva Mayoría. Así, ya el martes se comenzó a hablar del “bloqueo” que estaban realizando en el Congreso. Desde algunos sectores, incluso, destacan que el “único proyecto” que genera unidad en la centroizquierda es la oposición al Ejecutivo y sus reformas.

Quien tuvo un rol clave en 2014, durante las negociaciones para la reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet, que impulsó el entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, fue el senador UDI, Juan Antonio Coloma.  El legislador recuerda el papel que le cupo en aquella oportunidad y subraya que “el país, en general, ha castigado a aquellos que han negado la sal y el agua”. En conversación con “El Líbero”, el senador y miembro de la comisión de Hacienda, aborda el tema.

-¿Qué tan satisfecho lo tiene hoy el haber participado en el acuerdo final de la reforma de 2014?

-En circunstancias complejas para el gobierno anterior no dudé nunca en apoyar todo lo que tuviera que ver con el salario mínimo, y en materia tributaria negociar una reforma que, si bien claramente era muy deficiente, era infinitamente superior a la que originalmente había propuesto el gobierno. Al momento de los acuerdos, yo mismo planteé que al gobierno siguiente -cualquiera que fuera- modificara los criterios de esa reforma porque, evidentemente, Chile necesitaba algo mucho más moderno.

-Considerando lo anterior, ¿cómo ha visto a la oposición en torno a la modernización tributaria y al salario mínimo?

-Estoy especialmente preocupado. Lo más serio es lo que pasó con el salario mínimo. No es solamente que haya 800 mil trabajadores que no recibieron un reajuste en el mes de agosto, sino que adicionalmente la oposición ha notificado al país que ha optado por el obstruccionismo como forma de actuar en la vida legislativa hacia adelante. Eso es una mala noticia, es un triunfo claro de los grupos más izquierdistas que tienen cooptado a sectores más moderados y eso hará muy difícil, para el gobierno, legislar con relativa normalidad.

-En el gobierno de Michelle Bachelet hubo un duro rechazo a la reforma tributaria, ¿qué hizo cambiar y qué se puede sacar como aprendizaje de esas negociaciones?

-Hubo voluntad de entender que Chile necesita acuerdos, de no tener trauma para poder sentarse a la mesa con quienes piensen distinto y están en el gobierno. En lo personal, hubiera sido mucho más fácil haber tenido una actitud obstruccionista. Pero yo pensaba que aprobar la reforma original que estaba planteando el gobierno iba a destruir millones de empleos. En ese escenario, uno tiene que ser factor de encuentro y no de distancia. Por lo menos dentro de mis códigos no entiendo esto de andar sin siquiera leer los documentos, tratar de votarlos en contra porque proviene de un gobierno respecto del cual yo no lo voté.

-Uno de los argumentos de la oposición, en estos días, es que el gobierno tiene que abrirse al diálogo…

-Cualquier analista objetivo que vea lo que pasó en el salario mínimo demuestra que no solamente el gobierno estuvo abierto permanentemente a discutir y conversar, sino que adicionalmente se recogieron algunas de las sugerencias hechas por la misma Nueva Mayoría. Aquí podrán decir cualquier cosa del gobierno, pero nadie podría decir que aquí no hubo un ánimo absolutamente constructivo, abierto para poder llegar a un acuerdo. Cuando alguien no quiere llegar a un acuerdo o no puede llegar a un acuerdo producto de las presiones que los grupos internos generan, lo peor es echar la culpa al que está al otro lado de la mesa.

-Algunos sectores de la oposición ya advirtieron la posibilidad de hacer caer el proyecto de modernización tributaria en su primer trámite. ¿Qué opina al respecto?

-Eso corresponde a la forma en que se actuó en el salario mínimo. Eso corresponde a entender que en Chile se instaló una oposición obstructiva, eso corresponde a la idea de que van a trata de negarle la sal y el agua al gobierno. Eso corresponde a asumir que aquí hay personas cuyo único objetivo es de carácter político y andan mirando más los efectos electorales que el bien del país.

/Entrevista de Javiera Barrueto para El Líbero