Para algunos el Presidente de la República no debió vetar el proyecto de ley sobre ingreso mínimo despachado por el Congreso, pues la diferencia era mínima: si el monto aprobado regiría de inmediato o progresivamente conforme a un calendario, que era lo que el gobierno pretendía. Un detalle que no justificaba el costo político del veto.

Pero ocurre que el calendario de hecho evitaba que el próximo reajuste se discuta en la campaña de las elecciones municipales y regionales, lo que precisamente buscaba la mayoría opositora. Un escenario que le interesa políticamente, pues se prestaría para un “ofertón”, que para una coalición que está fuera del gobierno, no es un costo que haya que asumir. Pero hay un primer aspecto que no se tiene en cuenta: lo obrado por la mayoría parlamentaria es inconstitucional, ya que fijar o aumentar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, como asimismo alterar las bases que sirvan para determinarlas, es de iniciativa exclusiva del Presidente según la Constitución, que lo establece así precisamente para evitar ofertones parlamentarios. Éstos podían aprobar o rechazar la proposición presidencial, pero solo en su totalidad, pues aprobar una parte implica alterar las bases de la determinación. Por ende, el Presidente estaba defendiendo sus prerrogativas.

Un segundo aspecto que no se considera es el contexto del veto presidencial. Pues el rechazo a la fórmula propuesta de alza del salario mínimo es parte de los vetos con que la oposición ha enfrentado la pérdida del poder, utilizando su mayoría parlamentaria para boicotear la gestión del gobierno y hacerla fracasar. Una trama conocida.

Algunos presagiaron que esta vez no habría un boicot porque la oposición está dividida en varios bloques, a los que muy poco los une. No es así, pues hay algo férreo que los une: retornar al poder, a como dé lugar. La orfandad de pegas y de la capacidad de tomar decisiones públicas es cuestión de vida o muerte para ellos. Y ahí están los vetos, uno tras de otro: la acusación constitucional al ministro de Salud, sin base alguna y apenas iniciado el gobierno; el rechazo a recibir en el Congreso al recién nombrado ministro de Cultura por ideas manifestadas antes de asumir, ultimátum inconstitucional porque los ministros tienen derecho a asistir a las sesiones y hacer uso preferente de la palabra; la fanfarronada de rechazar la idea de legislar en la reforma tributaria, aún no presentada; o la negativa a recibir al subsecretario de Salud, declarándolo extrajudicialmente culpable. Ahora un diputado llegó a declarar interlocutora no válida a la ministra del Medioambiente por su apresurada inculpación de Enap en Quintero, en un veto que ya es un reflejo condicionado.

Al Presidente no le quedaba otra que vetar. Si a continuación cede y negocia el salario mínimo, entonces este país será gobernado por los vetos, y no los presidenciales.

/Escrito por Axel Buchheister para La Tercera