La molestia al interior de la Corte Suprema por la acusación constitucional a tres ministros de la Sala Penal ha ido en ascenso. Es así como el ministro Carlos Aránguiz, con larga trayectoria en el Poder Judicial, alzó la voz para cuestionar en duros términos la ofensiva alzada por el Frente Amplio y parlamentarios de la ex Nueva Mayoría.

En conversación con La Tercera PM el magistrado -que integra la Tercera Sala constitucional- asegura que “hay ministros de la Corte Suprema que pensamos que con la situación creada a partir de la acusación constitucional contra Hugo Dolmetch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama, usándose una herramienta constitucional para un fin prohibido expresamente en la Constitución, se ha promovido un quiebre jurídico de tal magnitud que es solo comparable a septiembre de 1973”

A sólo días de recordarse los 45 años del golpe, el supremo hace ver el riesgo de que congresistas utilicen la acusación constitucional como método para cuestionar decisiones de fondo que están radicadas en la Corte Suprema como la última instancia judicial en Chile.

Aránguiz advirtió que “las consecuencias se han de ver muy pronto, y las padecerá el ciudadano común, que hasta el momento cree que estas reyertas institucionales no le afectarán, tal como se les convenció en septiembre de 1973”.

Trayectoria

En cada uno de los últimos plenos, el máximo tribunal del país ha abordado la situación de los ministros de la segunda sala que esta semana deben contestar a la acusación alzada bajo el argumento de “notable abandono de deberes” debido al análisis que hicieron los jueces para otorgar siete libertades condicionales a reos que cumplen condena en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad.

Para los magistrados el emplazamiento de miembros del Poder Legislativo es de total gravedad pues abre una ventana a que cada vez que el poder político se moleste por una decisión jurisdiccional puedan amenazar con la acusación constitucional. Es un sentir de todos y cada uno de los 19 jueces que componen hoy la Corte Suprema y en ese sentido, las palabras de Aránguiz se ven refrendadas en otros supremos que harán llegar señales cada vez más duras por esta situación.

Lo que más molesta al interior del pleno es que, justamente, la sala penal es conocida por su trayectoria en causas de derechos humanos y se trata de ministros que sin tener leyes adecuadas propinadas por el Congreso, buscaron fórmulas para condenar por delitos de lea humanidad mucho antes de las modificaciones legislativas de 2009.

Los tres acusados, además, han sido partidarios en reiteradas ocasiones de acoger las demandas de los familiares de las víctimas de la dictadura, sin prescribirlas como lo hacen tribunales de primera instancia, dictaminándose en esa sala el pago del Fisco de más de $48 mil millones, desde 2002 a la fecha, a víctimas de los agentes del régimen.

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