Dentro de un par de días, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá su fallo sobre la demanda de Bolivia, que pretende se reconozca la existencia de una obligación de negociar una salida soberana al océano Pacífico. La petición es oblicua, alambicada y, en definitiva, inconducente. No se solicita directamente la soberanía marítima, sino el deber de negociarla. Nuestra defensa ha refutado en forma clara y contundente las pretensiones bolivianas.

Chile espera serenamente el fallo de la CIJ, luego de una defensa profesional llevada a cabo por sucesivos gobiernos, que ha concitado respaldo político y ciudadano. Esta actitud se funda en el Derecho y debe mantenerse ahora con mayor razón. Hay que enfocar el fallo teniendo en cuenta los intereses permanentes de Chile, sin dar pábulo a controversias subalternas que pueden surgir del enrarecido clima político actual. La historia nos enseña que el nacionalismo no es buen consejero. Puede dar popularidad, pero no sirve para construir: enciende las pasiones sectarias, revive las heridas de la historia y nubla la razón para ver los derroteros del futuro.

Cabe recordar que con la excepción de incompetencia del tribunal -que no fuera acogida- Chile obtuvo un punto esencial: la CIJ afirmó que la demanda boliviana sobre la existencia de una obligación de negociar una salida soberana al mar no podía comprender un resultado preestablecido. En otras palabras, de existir tal obligación, ella no implicaría fatalmente un resultado positivo para Bolivia. Se trataría, eventualmente, de una tratativa cuyos términos, condiciones y plazos no se conocen, de conclusión imponderable.

El nudo del asunto está en la pretensión boliviana de que su salida al mar sea “soberana”. Si bien el concepto de soberanía no es unívoco y admite graduaciones, esa reivindicación despierta el mayor rechazo al identificarla con cesión de territorio. En su demanda, Bolivia habla de “soberanía plena”, pero a lo largo del proceso ha hecho alusión a “solución práctica”. El planteamiento boliviano es deliberadamente ambiguo para evitar una contradicción abierta con el Tratado de Paz de 1904.

Chile ha conversado en varias ocasiones sobre “soluciones prácticas” para cumplir de mejor manera el compromiso de libre tránsito de personas y mercaderías bolivianas por los puertos chilenos, según lo establece el artículo 6° del Tratado de 1904, y nada impide que ese diálogo se pudiera retomar. Los puertos chilenos deben favorecer cada día más el libre paso de la creciente carga boliviana. Las exportaciones bolivianas se han triplicado en una década, y ha crecido especialmente su flujo por Arica.

Cualquiera que sea el contenido del fallo, el desafío sigue siendo el mismo: ¿cómo desarrollar con Bolivia una agenda de futuro, que ponga por delante los intereses comunes de ambos países? Para lograrlo es fundamental que Chile mantenga su irrestricto apego al Derecho Internacional, que se posponga el debate sobre la permanencia en el Pacto de Bogotá y que se defina un nuevo lineamiento de política con Bolivia, capaz de orientar a los diversos actores de la sociedad chilena.

Es posible que en Bolivia se den interpretaciones interesadas de la sentencia de la CIJ, a la luz de la campaña electoral en curso. Tal vez haya que esperar la elección de octubre del 2019 para que se abra paso un clima político más apropiado. Eduardo Rodríguez Veltzé, agente de Bolivia ante La Haya, ha augurado que luego del fallo las relaciones bilaterales entren en una etapa constructiva. Sus palabras deben ser valoradas. Después de La Haya, se podrían abordar todos los temas de una nueva agenda de futuro.

Escrito para El Mercurio por José Antonio Viera-Gallo