La ministra Romy Rutherford, quien indaga el fraude al interior del Ejército a través de la Ley Reservada del Cobre, abrió en marzo una nueva arista, la que dice relación con el uso irregular de dineros fiscales para viajes al extranjero. Es en medio de estas pesquisas que hoy la jueza realizó una diligencia clave: tomó declaración, en calidad de inculpado, al general del Ejército, John Griffiths, segundo hombre al mando de la institución uniformada, y jefe del Estado Mayor General.

La diligencia estaba pensada desde al semana pasada, incluso en el Ejército sabían de esta citación, pero desconocían el cuándo. Esta arista ha generado máxima preocupación en la entidad castrense, pues -según fuentes de la causa- se estima que involucrará a una larga lista de coroneles y generales.

En el caso de Griffiths, este llegó durante la mañana a declarar a la oficina de Rutherford, en calle Compañía, una diligencia que, según testigos, se extendió por cerca de ocho horas. En la ocasión se le habría consultado si él recibió dineros como concepto de “devolución” por parte de agencias de viajes que tenían convenios con el Ejército, entre 2009 y 2015.