A menos de 24 horas de que una investigación de La Tercera revelara que durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet solo un 20% de las pensiones de gracia se concedieron a personas sin vínculos gremiales, ayer el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dio a conocer una de las primeras medidas que adoptará La Moneda: reducir en un tercio estos beneficios.

La entrega de pensiones de gracia es una decisión discrecional del Presidente de la República y que cuenta con un presupuesto anual de $ 50.312 millones. Para acceder a ella se debe cumplir una de las tres causales que fija el Artículo 2° de la Ley 18.056, que beneficia a quienes prestaron servicios destacados al país, a personas afectadas por accidentes o catástrofes en circunstancias extraordinarias, y a personas incapacitadas o con graves e insalvables dificultades para ejercer labores remuneradas.

En entrevista con La Tercera, la autoridad cuestionó los criterios de entrega de estos beneficios durante la administración de Bachelet y detalló que, tras reunirse con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, las pensiones “bajarán un 33%, a fin de pasar de 1.500 pensiones a cerca de 1.000. Y de los cupos de trabajadores del carbón, que hoy son 200, llegarán a 100 cupos. Esto en significa que al año se disminuye el gasto en $ 1.800 millones”.

¿Cuántas pensiones ha entregado este gobierno desde que asumió en marzo de 2018?

Hasta este momento, hemos asignado cerca del 50% de los recursos para el año 2017. De esto, un 30% corresponde a una herencia que recibimos del gobierno anterior. Con la información que hoy día manejamos, ni siquiera vamos a asignar el 100% de estos recursos. El número de pensiones vigentes son 17.988 al día de hoy, por un monto de $ 46.200 millones que se pagaron el 2017.

¿Qué criterios se exige para conceder las pensiones de gracia?

Que se documente lo que está establecido en la ley. Es decir, si la persona es adulta, tiene problemas para sostener a su familia, tiene que acreditarlo a través de informes de asistentes sociales o informes de salud.

¿Cómo evalúa los beneficios que se han entregado hasta hoy?

Hay que comparar: por un lado está la entrega de una pensión de gracia a una persona que dio su vida por la patria, como por ejemplo un carabinero baleado; y, por otro lado, se le entrega una pensión de gracia a la “mujer metralleta”. Yo me hago cargo de los que el gobierno, bajo la instrucción del Presidente Piñera, nos entrega a nosotros. Nosotros no usamos las pensiones gracia, ni las vamos a usar, a fin de pagar favores políticos o asociarlo con negociaciones sociales.

¿Qué le parece que le hayan concedido una pensión de gracia a personas como la “mujer metralleta”?

No quiero hablar mal de los otros subsecretarios del gobierno anterior, pero tampoco quiero hacerme cargo de sus decisiones. Yo no le hubiese entregado la pensión de gracia a la “mujer metralleta”. No creo que haya contribuido en nada. Pero nosotros sí le hemos entregado pensiones de gracia a personas de las artes y la cultura cuando hay un currículum que lo justifica y sus condiciones sociales lo ameritan. Muchas veces a las personas que se les entregan están asociadas a una situación de pobreza, precariedad o problemas de salud.

¿Por qué gran parte de estas pensiones se da a miembros de agrupaciones como portuarios o extrabajadores del carbón?

En 2005 aparecen por primera vez las glosas donde se establecen cupos para distintos organismos. A partir de 2008 en adelante se establecen para trabajadores de Empresa Nacional del Carbón (Enacar). ¿Por qué a ellos y a otros trabajadores de la Cuenca del Carbón? Básicamente, porque el proceso de reconversión laboral que se produjo en los ’90 fue un fracaso. Se cerraron las minas de carbón y es de público conocimiento que los gobiernos de la Concertación de entonces generaron una reconversión, pero las tasas de desempleo de los extrabajadores del carbón eran muy altas. Producto de su trabajo en mina ellos quedaron con problemas de salud bastante frágiles, y, entonces no podían optar a trabajos promedios en la zona del carbón. Lo que nosotros hicimos fue continuar con el programa de Enacar, de trabajadores del carbón, y hacia fines del primer gobierno del Presidente Piñera pedimos disminuir al máximo estos cupos y traspasar la diferencia a pensiones generales.

¿Y qué ocurre con trabajadores portuarios?

Eso sí es parte del gobierno del Presidente Piñera. Hay un acuerdo que se firmó por las autoridades del momento con los trabajadores portuarios. Pero el acuerdo tiene que ver con ciertas condiciones de trabajo pesado por parte de los trabajadores portuarios, que son condiciones laborales extremas.

Pero esto se dio en un contexto de manifestación, no de diálogo.

Es el único caso y no se ha repetido nunca más. Si recuerda, después hubo otro paro portuario y no se firmó un acuerdo de esta naturaleza. Si tiene buena memoria se acordará que no tuvo una solución como ésta, tampoco Freirina ni Magallanes.

¿Qué han detectado del análisis que hicieron a las pensiones de gracia entregadas en el gobierno de la Presidenta Bachelet?

Hemos tenido que asumir compromisos que venían del gobierno anterior. Nuestro grado de libertad para entregar pensiones ha sido mínimo; está condicionado por lo que venía de antes. Se entregaron 250 pensiones con el presupuesto de 2017, y esas 250 pensiones de gracia fueron entregadas a fines del mes de diciembre, por lo cual cuando la Contraloría cuando las aprueba no las carga al presupuesto 2017 porque ese ya estaba gastado. Tuvimos que hacernos cargo nosotros en el presupuesto 2018.

El gobierno anunció una política de austeridad. Este tipo de casos van en la línea

Nosotros presentamos nuestro presupuesto hace unas semanas atrás, pero el martes de la semana pasada nos reunimos con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ahí le pedí que disminuyera las pensiones para el próximo año, para irnos ajustando a las cantidades históricas de pensiones de gracia.

¿En cuánto se reducirán en 2019?

Pedí que se bajaran un 33%, a fin de pasar de 1.500 pensiones a cerca de 1.000. Y de los cupos de trabajadores del carbón, que hoy son 200, que se bajen a 100 cupos. En plata significa que al año se disminuye en $ 1.800 millones.

/Entrevista de Sebastián Labrín para La Tercera