Faltando días para que la Corte Internacional de Justicia pronuncie su fallo por la demanda de Bolivia, se crispa el ambiente por las consecuencias que podría acumular sobre Chile. Porque en la espera de la palabra de los jueces elucubramos sobre lo apropiado de nuestra reacción ante lo que se anuncie el próximo 1 de octubre.

En primer lugar, si bien los responsables del Estado deben manejar diversas hipótesis sobre el carácter que contendría el fallo, como público daríamos un triste espectáculo si nuestra actitud previa o inmediatamente después revelase o arrogancia, o ese despecho de “habló el picado”. Es posible que haya que darles un nuevo énfasis a nuestras tradiciones de doctrina internacional frente al Derecho Internacional y al “respeto a los tratados”. Pero cuidado con la precipitación; puede que tengamos que tragarnos nuestras propias palabras.

En segundo lugar, no se trata de arrojar por la borda un apego al Derecho Internacional y asumir una estrategia “realista”. La realidad misma tiene bastantes caras y acentuar el realismo como doctrina hace ver solo una de ellas, y ahí comienzan los problemas. Ya lo hemos visto. La orientación hacia el Derecho Internacional, lo jurídico de nuestro discurso, tiene una base clara, bien real por lo demás y no de un devaneo utópico, trampa en la cual también hemos pisado el palito. Es un lenguaje que surgió de situaciones concretas. Chile de manera tácita o expresa ha debido lidiar desde la posguerra del Pacífico -y no solo por la guerra misma- con la puesta en tela de juicio de sus fronteras. Ha sido una carga no pequeña para sus Fuerzas Armadas, lo que hizo afirmar a Mario Góngora que este problema era lo que hacía necesaria su existencia más allá de todo cálculo; y lo mismo valía para su diplomacia. Muchos factores han compensado y seguirán compensando esta muda precariedad. Ha sido la respuesta chilena en el siglo XX y con mayor vigor en los tiempos recientes, en la interacción creciente con los vecinos y más que nada en realidad con el entorno global. También, lo jurídico no se agota en la consulta a las leyes y reglamentos; constituye parte de un armazón político. En el sistema internacional, el lenguaje jurídico es la herramienta preferida de los débiles; muchas veces es la única que poseen. Se ha visto que un poderoso que viola sistemáticamente la palabra empeñada y firmada, a la larga se pisa la cola. En cambio, lo jurídico es lo político si se lo utiliza en toda la extensión del concepto.

En tercer lugar, una vez teniendo en claro esta base estratégica, propia de un país civilizado que no desconoce los factores de poder, es que habrá que apreciar debidamente el fallo de la Corte. Entonces, con la serenidad e inteligencia adecuadas, habrá que poner en marcha una estrategia que en los tratados internacionales, aquellos de carácter multilateral, refuercen la vigencia del ordenamiento vigente. En otras palabras, que los tratados firmados deben ser respetados, salvo revisiones voluntarias de las partes. Si las instancias de acuerdos internacionales se convierten de manera sistemática en instrumentos de revisionismo agresivo, habrá que sopesar la oportunidad de denunciar tratados, expresándolo eso sí con formas propositivas, para reforzar lo ya alcanzado en el orden internacional, teniendo siempre como punto de fuga el respeto a los tratados. No se trata de vela de las armas, sino que de las palabras.

¿Se eterniza un statu quo injusto? Profundo error. Las fronteras solo se esfuman de la vida cotidiana, pierden relevancia práctica y permiten el incremento de comunicaciones e intercambios cuando no son puestas en tela de juicio.

/Columna de Joaquín Fermandois en El Mercuri