En la cuenta regresiva del fallo del Tribunal de La Haya, fijado para el próximo 1° de octubre, acerca de la cuestión de la obligación de negociar presentada por Bolivia conviene despejar algunos temas. Como han dicho el Presidente de la República, el actual Ministro de Relaciones Exteriores y el anterior, don Heraldo Muñoz, aquí no está en juego la soberanía, toda vez que en la cuestión preliminar del juicio se especificó que no se pueden tocar las obligaciones del Tratado de Paz y Amistad de 1904. Y para que quede mejor contextualizado cualquier fallo no altera el primer hecho evidente que es la coexistencia y relación permanente en tanto vecinos de Chile y Bolivia.

Despejada esa cuestión cabe preguntarnos qué escenarios tenemos. Sabemos que los escenarios son la representación posible entre lo probable y lo deseado. Lo deseado sería que el fallo contuviera la obligación de negociar y la redujera a actos tentativos propios del ejercicio diplomático, ya que si se estableciera condicionaría de modo muy jurídico, pero totalmente irreal en términos de política internacional, las tratativas entre los Estados. Sería un éxito comunicacional evidente para el Estado de Chile.

El segundo escenario sería una victoria jurídica y comunicacional de La Paz, en el sentido no solo de reconocer el derecho a negociar sino de darle, además, un sentido imperativo, concretado a través de un acompañamiento por un organismo internacional para una salida soberana al mar. El problema de un fallo de esas características es que minaría la credibilidad de la Corte, ya lesionada en el asunto Colombia – Nicaragua, en la que el primer país abandonó la jurisprudencia de la misma, y pondría el derecho internacional en un estatus “creativo” e impredecible. Un dictamen que además vulneraría el Tratado de 1904 y pondría al estado de Chile en una situación incongruente con su permanencia en el sistema establecido de resolución de controversias.

El tercer escenario podría ser más probable. Hay indicios de cierta inclinación de la Corte, por desconocimiento del proceso histórico que condujo al conflicto de 1879, a establecer una culpabilidad anticipada de Chile en el conflicto, y a descontextualizar toda la cadena de hechos previos. Esa interpretación subyace a un párrafo que incluyó la propia Corte en su fallo preliminar al negar su competencia para tratar el caso. El que el fallo reconozca el derecho a negociar pero de modo no coactivo, sin obligación de resultados y pendiente, como se hace en las relaciones internacionales, de concordar una salida consensuada. Sería una victoria comunicacional de La Paz, pero inútil, ya que no reconoce el derecho como una obligación.

Bajo esta mirada Chile tiene un norte bastante claro. El Tratado de 1904 es la piedra angular de las relaciones: ciertamente, que ello no asegura la amistad entre los Estados, menos bajo el fuego comunicacional y oscilante, victimizador además, de Evo Morales. Pero ha dado más de cien años de amistad, de relaciones regulares (aunque no tengan el rango de embajadas), que tratan todos los asuntos que interesan a Chile y Bolivia. Además, cualquiera sea la reacción no estará en juego ni la paz y estabilidad regional como ha insinuado Morales, sino posiciones contradictorias que por algo han ido al tribunal. Por ello, mal se podría jugar la soberanía nacional en este escenario.

/Por Cristián Garay Vera, académico Universidad de Santiago, para La Tercera

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