El impuesto a la riqueza o a los más ricos, es un tributo que se aplica individualmente sobre el patrimonio personal y se calcula en base al valor de todos los bienes que tiene una persona.

Sus partidarios alegan que ayuda a la redistribución de la riqueza, mientras que sus detractores señalan que no logra este objetivo y con frecuencia empobrece a los países por la expropiación de capitales.

En la actualidad, y según indica la BBC, existen países como Uruguay, Colombia, Suiza, Noruega, Bélgica y España donde el impuesto a la riqueza es ley de carácter permanente.

Argentina aprobó la semana pasada un impuesto a la riqueza considerado como “extraordinario y por única vez” a causa de la pandemia del coronavirus. En Bolivia la Cámara de Diputados sancionó el jueves un tributo a la riqueza anual de carácter permanente, mientras que en Chile, el proyecto enviado por la oposición se encuentra durmiendo en el Congreso.

La ley impulsada por Máximo Kirchner

El proyecto llamado “Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas”, que fue impulsado por el oficialismo y liderado por los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner, hijo de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, contempló un impuesto único a las personas con mayores capitales personales de país trasandino.

La medida afectará a alrededor de 12 mil argentinos que declararon un patrimonio igual o mayor a US$2,5 millones, lo que equivale al 0.8% del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales, con una cuota del 2% que se incrementará progresivamente si el patrimonio aumenta.

La ley, que fue aprobada luego de conseguir 42 votos a favor y 26 en contra en el Senado, busca recaudar unos 3.800 millones de dólares a través de un aporte único de las grandes fortunas para financiar la crisis económica asociada a la pandemia.

Según el jefe de bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, lo reunido se utilizará para adquirir equipamiento de salud, urbanizar barrios populares con obras que generarán nuevos empleos, subsidiar a pequeñas y medianas empresas y financiar obras energéticas, entre otros objetivos relacionados con la pandemia.

Sin embargo, desde el sector privado, la medida ha sido ampliamente rechazada, dado que la consideran “confiscatoria”.

“Es una mala idea desde todo punto de vista. En primer lugar porque a la riqueza bien habida hay que aplaudirla y reconocerla socialmente, no castigarla con la excusa de los pobres. Si quieren arreglar el problema de la pobreza, deberían probar abandonando el populismo que nos gobierna casi sin intermitencias hace 70 años”, indicó a EL DÍNAMO el economista Iván Carrino, subdirector de la maestría en Economía y Ciencias Políticas de Eseade en Buenos Aires.

“En segundo lugar, me parece una pésima ley, porque lo que necesita Argentina es atraer miles y millones de ‘grandes fortunas’, y ponerles impuestos no es el mejor incentivo”, sentencia Carrino.

“Incentiva a invertir fuera del país”

El proyecto del impuesto a la riqueza en Chile es para personas que tengan un patrimonio igual o superior a US$22 millones, y según la diputada Karol Cariola (PC) esto abarcaría a 1.900 personas que en conjunto sumarían un patrimonio cercano a los US$200 mil millones.

La iniciativa fue ingresada al Congreso el pasado primero de junio por un grupo de diputados de oposición (Gabriel Ascencio (DC); Karol Cariola (PC); Daniel Núñez (PC); Camila Vallejo (PC); Giorgio Jackson (RD); Luis Rocafull (PS); Alejandra Sepúlveda (Federación Regionalista Verde Social) Alexis Sepúlveda (PR); Raúl Soto (Independiente) y Esteban Velásquez (Federación Regionalista Verde Social).

La moción parlamentaria establece un impuesto transitorio, equivalente al 2,5% del patrimonio de las personas más ricas del país, para enfrentar la crisis económica y social que se vive con ocasión de la pandemia de Covid-19.

El economista y académico de la Universidad Diego Portales Felipe Balmaceda “que el impuesto a la riqueza, como demuestra la evidencia internacional, recaudan poco y generan muchas distorsiones. Es por esto que se han eliminado”.

“Los mayores problemas son que requiere revelación voluntaria de información acerca de la de riqueza real e incentiva tanto invertir fuera del país como disfrazar las inversiones. Si fuese por una sola vez y recaudase lo que los diputados creen sería podría ser útil siempre y cuando lo recaudado financie programas transitorios. Sin embargo, los ciudadanos sabemos que no será por una sola vez. Esto, por la falta de credibilidad de la parlamentarios y la evidencia clara de que mienten, tal como fue el caso del primer retiro del 10%, que supuestamente era por una sola vez”, indica Felipe Balmaceda.

“Ninguna política pública es creíble, cuando la confianza en las instituciones políticas está en el suelo. La mejor política hoy sería que los parlamentarios se comporten a la altura del cargo que ostentan de forma tal que los ciudadanos vuelvan a confiar en ellos”, sentencia el académico de la Universidad Diego Portales.

Ley permanente en Bolivia

En Bolivia avanza un impuesto a la riqueza anual y permanente luego de que la Cámara de Diputados aprobara, el día jueves, el proyecto de impuesto a las grandes fortunas individuales por encima de los 4,3 millones de dólares.

El Presidente boliviano, Luis Arce, celebró la aprobación del texto y lo derivó al Senado para su ratificación.

“La moción parlamentaria se aplicaría a quienes tengan un patrimonio mayor o equivalente a los 4,3 millones de dólares y alcanzaría al 0,01 % de la población boliviana”, según indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

El impuesto se cobrará una vez al año y pretende recaudar el equivalente a unos 230 millones de dólares que se destinarán “exclusivamente a temas sociales”.

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