En las últimas semanas, hemos visto un debate sin sentido. Por una parte, el Gobierno y la derecha promoviendo normas básicas de convivencia escolar a raíz de las indignantes agresiones de estudiantes a carabineros, profesores y otros miembros de la comunidad escolar. Por otra, a la izquierda obstruccionista que, con tal de oponerse a todo, está dispuesta a avalar violencia de esta clase. Sin sentido, porque no es razonable que en una democracia libre como la nuestra aceptemos que hayan sectores políticos que no condenen esta violencia de manera categórica.

Aquí no hay que perder el foco: estamos hablando de actos extremadamente graves y que están ocurriendo, de manera repetida y sin control. Desde hace algún tiempo, la violencia de grupos radicalizados, instalados en escuelas y universidades, se ha hecho un fenómeno habitual. Semana a semana vemos cómo personas, encapuchadas o con overoles para ocultar su identidad, se toman escuelas y espacios públicos, lanzan objetos contundentes y molotov en contra de personas, edificios y la Fuerza Policial.

Los casos más emblemáticos han sido la quema del Liceo Amunátegui, en junio; el ataque con bencina a profesores y administrativos del Instituto Nacional; y el reciente ataque a Carabineros en el Liceo de Aplicación y el Instituto Nacional Barros Arana.

Hay que ser muy categóricos en afirmar que no es normal y no es aceptable que como sociedad permanezcamos indiferentes a estos hechos. Las condenas por redes sociales y los llamados a la paz son inútiles si no van acompañados de investigaciones efectivas, sanciones ejemplares y cambios legales inminentes para detener la violencia desatada que se está dando en nuestras escuelas.

Es por eso que, debido a las circunstancias gravísimas que se están presentando y a la incapacidad de las autoridades locales y nacionales de frenar esta escalada de violencia, tenemos que impulsar una Agenda Nacional de Tolerancia Cero con la Violencia Juvenil, para poder identificar, sancionar y aislar a estos elementos que están perturbando la paz social y que impiden a miles de estudiantes el tener acceso a una enseñanza de calidad. Esta agenda debe convocar a todos los sectores políticos del país y unificar a quienes queremos la paz y que rechazamos la violencia, en cualquiera de sus formas. No es razonable ni aceptable que sectores políticos se marginen de este acuerdo, porque sería un apoyo directo a la violencias que estos grupos desarrollan.

Llegó la hora de definición para la izquierda: o están con los violentistas o están con todos los que queremos una educación de calidad para todos. Es hora de que la oposición deje las capuchas de lado y apoye los proyectos destinados a mejorar la educación para todos los chilenos.

/Escrito por José Antonio Kast para El Líbero