El fiscal peruano que investiga a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos en la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011 solicitó hoy que pase a prisión preventiva por 36 meses, apenas dos días después de ser liberada de una detención preliminar.

La solicitud del fiscal José Domingo Pérez contra el lavado de activos, que deberá ser evaluado por un juez, afecta también a otras once personas imputadas en el caso, entre ellos los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, además de otros cercanos asesores de la principal líder opositora.

Fujimori simuló presuntamente múltiples donaciones particulares para enmascarar millonarios aportes no declarados, entre ellos posiblemente un millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirmó haber entregado para su campaña electoral.

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