La candidata presidencial del partido socialista, Paula Narváez, anunció esta semana crear la Renta Básica Universal, idea que también han pregonado desde el Frente Amplio y economistas de izquierda, que promueven que todos los chilenos reciban un ingreso básico ciudadano universal, independiente de si trabajen o no, al costo de 20 mil millones de dólares anuales. Se financiaría, como siempre, subiendo los impuestos a casi el 10% del PIB.

El candidato más popular de la derecha, Joaquín Lavín, anda en lo mismo, proponiendo un ingreso básico universal, que si es universal es para todos, incluidos los más ricos del país, que deberán pagar mayores impuestos.

La próxima elección presidencial será un remate, sin duda, de derechos sociales garantizados, ingresos o rentas universales, derrota de la desigualdad, fin a los abusos, mejorar la salud, pensiones dignas, etc., etc.

Ojalá algún candidato, en este tren de elecciones, se haga cargo de que tanto ofertón será imposible en una economía que decrece, es decir, que se contrae desde hace 7 años y que este año tampoco recuperaríamos el nivel pre pandemia. Es decir, somos crecientemente más pobres y los políticos proponen las reformas que van justamente en la dirección contraria a crear riqueza nuevamente, para poder repartirla.

Hoy la arena electoral es la cancha del wishful thinking que domina la izquierda. No se sabe en qué país se sitúan para pregonar la integración y la justicia social cuando cada día aumenta la brecha en la medida en que la torta no crece, sino que, por el contrario, se contrae.

Desde el punto del orden público, la situación es mucho peor. Al menos en 2017 el candidato Sebastián Piñera se atrevía a plantear que quemar al matrimonio Luchsinger, camiones, cosechas o iglesias era terrorismo y acusaba al gobierno de Bachelet de ser débil y blando. Prometía aplicar la ley antiterrorista, “cada vez q sea necesario” porque no hacerlo, explicaba, era atentar contra los derechos humanos de todo el resto de los chilenos.

Hoy los candidatos no usan el término terrorista, palabra que se erradicó del lenguaje político. 2019, sin embargo, fue el peor año de violencia en la macrozona sur y este año se agrava el récord con atentados, quemas, uso de armas de guerra, interrupción del tránsito de la carretera que une a Chile; evidencia de droga; extorsión a los agricultores; abandono forzoso de tierras por parte de sus propietarios y muertes de inocentes.

Nada de eso se discute seriamente ni consume las neuronas de los políticos para hacer promesas, aunque después no las vayan a cumplir. Ya se da por hecho que la violencia siga expandiéndose a todas las comunas del Biobío, la Araucanía, Los Lagos y Los Ríos, que pronto serán cinco o más regiones. ¿Por qué no, si la violencia fluye como el agua y contagia como el coronavirus?

Por el contrario, las soluciones más creativas son refundar carabineros, porque senadores como Adriana Muñoz, Guido Girardi o Yasna Provoste, además del PC y el Frente Amplio, creen que de ese modo dejarán de violar los derechos humanos y habrá paz.

¿Paz para quién?, ¿Alguien cree posible que Chile retome el camino al desarrollo, si continuamos por la senda de extraviar el Estado de Derecho, desafiar a la policía, exigirle actuar, pero amarrándole las manos y los pies?

No se oye a ningún presidenciable ofreciendo hacer cumplir la ley. Ninguno ha dicho que recuperará para Chile el imperio del orden público. ¿Qué sería eso? Llamar delincuentes a los que protestan armados de molotovs y máscaras anti gas y dejar de erigirlos en víctimas. Poner punto final a carabineros en prisión preventiva o arresto domiciliario, formalizados y sin sueldo, por cumplir con su deber de enfrentar desórdenes públicos ejerciendo su legítimo derecho a defensa. Dejar de ofrecer seguros a la policía para que se atrevan a cumplir su mandato constitucional y puedan también enfrentar el narcotráfico. Garantizar que no habrá más toma de propiedades en el sur ni en el resto de Chile, donde se multiplican las expectativas de reivindicar territorios que nunca estuvieron en manos indígenas o saltarse las políticas de vivienda para acceder a terrenos en Quilicura o en alguna playa.

Qué saludable sería oír a nuestros abanderados proponiendo fórmulas concretas para terminar con el salvajismo de la fuerza bruta y recuperar el millón de empleos perdidos, con énfasis en las mujeres. Ellas son las más perjudicadas por la pandemia y el cierre de colegios. Qué fascinante sería escucharlos evaluar la reforma escolar de Michelle Bachelet que hasta aquí no frena el éxodo desde la educación municipal y ha enterrado los liceos emblemáticos que eran el paradigma del mérito y la integración. Sería música para los oídos que discutieran la posibilidad de abrirle la puerta a todos los que se atienden por Fonasa a la atención privada y se hicieran cargo, por fin, de la reforma a las isapres. Maravilloso sería aspirar a que se decidieran a terminar con la inamovilidad en el sector público y que se prohíba continuar con programas sociales mal evaluados.

¿Imposible pedirles que asuman la reforma de pensiones, sin seguir extrayendo los escasos recursos para jubilación y haciéndose cargo del sistema a 20 años más, cuando se retiren aquellos a los que les quieren expropiar sus cotizaciones?

¿Será mucho pedir a los presidenciables que se hagan cargo del deterioro de las condiciones para invertir y hagan planes serios y con apoyo técnico para mejorar a todos los chilenos su futuro? La omisión es continuar con la decadencia.

Por Pilar Molina, periodista, para El Líbero

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