“Después de 10 años durante los cuales se discutió cómo mejorar las pensiones, finalmente tenemos un proyecto de ley”, señala el economista y académico de la UC Klaus Schmidt-Hebbel, quien ha sido parte de las distintas propuestas que se debatieron en este período.

Schmidt-Hebbel considera que la respuesta del Gobierno está muy bien encaminada porque hace exactamente lo recomendado por organismos internacionales como el FMI, la OCDE, el Banco Mundial y el BID, que sugieren en primer lugar fortalecer el pilar solidario. Es decir, incrementar los recursos fiscales para la pensión básica solidaria, para el aporte previsional solidario y también para el límite de hasta $370.000 hasta el cual se da el aporte previsional solidario.

El segundo componente importante recomendado por los organismos internacionales especializados e independientes es fortalecer el pilar contributivo. La reforma eleva en 4% la cotización adicional a cuentas individuales y permite nuevos actores. “Esto sin duda introduce mayor competencia al sistema, pero hay que ser muy cuidadoso en que también la regulación de estas nuevas instituciones en sus funciones de administrar fondos previsionales cumplan con la muy rigurosa regulación, para asegurar que esos fondos no se mal inviertan o no se roben. Esto requiere una legislación muy parecida a la que tienen hoy día las AFP, pero extendido a otros oferentes”, puntualiza Schmidt-Hebbel.

El economista además destaca el aporte de 0,2%, también de cargo de los empleadores, para un seguro solidario de las personas que no son autovalentes y que sufren algún tipo de problema físico o psicológico.

Todas estas medidas, tanto el mayor gasto solidario por parte del fisco directamente como también los mayores aportes por los empleadores, van a ser graduales, lo que le parece bien, porque hacerlo de una vez eleva el costo de contratar trabajadores y habría sido pernicioso si se hiciera de un año para otro porque habría significado mayor desempleo y empleo informal.

Para el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, quien presidió la comisión transversal de expertos que se ocupó del tema durante el gobierno anterior, lo importante ahora es que finalmente se logre alcanzar un acuerdo, de lo contrario, el costo sería muy alto para las pensiones.

En el proyecto anunciado hay varios componentes que fueron marcados desde que la comisión entregó su informe en 2015, dice Bravo. “El aporte adicional de un 4%, así como la importancia de mejorar el Pilar Solidario, fue un elemento importante que nosotros enfatizamos. De hecho, una de las cosas que me gustó de lo que planteó el Presidente es el seguro solidario que va a ir a las personas mayores que no son autovalentes, aspecto que también nosotros enfatizamos mucho”, señala.

Bravo hace ver que faltan detalles; por ejemplo, se anuncia una mayor competencia para la administración del 10%, pero no se mencionan medidas específicas, solo se plantea esa mayor competencia para la administración del 4% adicional con el ingreso de nuevos oferentes, “pero si se aplica para el 4%, ¿por qué no se aplica para el total?”.

Salvador Valdés, economista del Instituto Economía UC y Clapes-UC, destaca que el gobierno haya propuesto un aumento de la solidaridad de toda la comunidad, incluyendo las rentas del capital y del trabajo, y abandonando la idea de gravar solo a los empleos con seguridad social, como propuso la Nueva Mayoría en 2017. También califica como “alentador” que se respete la libertad de elegir quién administrará el 4% de cotización adicional, aunque falta precisar quién administrará en el caso de que el trabajador no opte y se deje estar.

Valdés lamenta la ausencia de medidas para fiscalizar la obligación de cotizar a todos los ocupados.

“Lejos de la seguridad social”

En opinión del economista Andras Uthoff, la reforma viene a fortalecer un mercado de ahorro obligatorio y subsidiado por una red de apoyo de alivio a la pobreza. No obstante, dice que “se sigue manteniendo lejos de los principios de la seguridad social, sin darle espacio para la participación de los trabajadores, excepto como consumidores de servicios financieros”.

Uthoff también repara en que la reforma “tampoco se ocupa de los emprendedores trabajadores sin remuneraciones, informales, que en calidad de ciudadanos también tienen derechos”.