El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, después de un juicio que duró más de 7 meses, finalmente pronunció un veredicto condenatorio en contra de Aldo Motta Camp, ex gerente general de las sociedades cascadas a través de las cuales Julio Ponce Lerou mantiene el control de Soquimich. Dos casos de malversación bursátil y uno de abuso de mercado, marcan esta inédita resolución en un caso que comenzó el año 2011 con una querella presentada por un accionista minoritario, la cual fue patrocinada por el abogado Mauricio Daza Carrasco, quien además se ha hecho conocido por participar en otras causas complejas de alto impacto público. En entrevista se refirió a la sentencia, historia y proyecciones de una causa que ha generado uno de los episodios más controvertidos en el mercado de valores nacional.

-¿Que importancia le atribuye al veredicto que fue dado a conocer en el caso cascadas contra Aldo Motta?

-Más allá de que se trata de una enorme satisfacción profesional para todos quienes estuvimos detrás de la acusación, sin duda estamos ante una decisión muy trascendente, ya que es la primera vez que un tribunal con competencia penal condena de forma tan clara y fundada por un delito de manipulación bursátil, el cual se pretendió presentar por la defensa como parte de un conjunto de operaciones especialmente sofisticadas, pero que finalmente respondían a un esquema sencillo de ventas simuladas y cruzadas hechas en bolsa por sociedades relacionadas; algunas muy burdas.

-¿Porqué el tribunal consideró que transacciones realizadas en bolsa podían ser consideradas como delitos?

-Uno de los elementos más relevantes de esta sentencia, es que destruye esa infundada creencia de muchos operadores de nuestro mercado de valores, que se resume en la frase “si pasó por bolsa, es legal”. Nuestra legislación castiga a quien realice cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor, ya sea que esas transacciones se realicen en el mercado de valores o a través de negociaciones privadas. Como se puede apreciar, la ley parte de la base que esas conductas se hagan en el mercado de valores, instrumentalizándolo ilícitamente. Con esto lo que se pretende impedir que toda persona la cual intervenga en el sistema bursátil efectúe operaciones simuladas, donde la voluntad que se expresa al mercado sea distinta a la real. En definitiva, la bolsa no es una máquina lavadora de operaciones simuladas o fraudulentas.

-¿Como se concretaron esas transacciones ficticias según la sentencia?

-Lo que ocurrió en los casos de las ventas cruzadas de acciones SQM dirigidas por Motta y que fundaron su condena, es que se simulaba que se estaban vendiendo esos valores, lo cual implica necesariamente la voluntad de desprenderse de ellas para que un tercero las adquiera. Sin embargo, lo que en realidad se estaba haciendo era un simpe trasvasije de acciones entre las sociedades cascadas, a fin de mostrar en sus estados contables un mejor precio de esas acciones y mejorar, por esa vía, la situación patrimonial de las empresas de Julio Ponce Lerou.

Se debe recordar que el activo de las empresas cascadas finalmente son las acciones que tienen de SQM, por lo que si a través de estas ventas simuladas lograban efectuar transacciones sobre esos títulos por un mayor valor al que estaban en sus libros, automáticamente mejoraban su estado patrimonial.

El problema siempre estuvo en que no podían permitirse poner en riesgo la posición de control que Ponce tiene en SQM, por lo que no debían salir esas acciones de las empresas cascadas, lo cual explica que hayan realizado esas ventas ficticias o simuladas, donde no había ninguna intensión real de desprenderse de tales valores, logrando “actualizar” el precio a un monto que les sirviera según los términos que se definían a espaldas del mercado, vulnerando las normas mínimas de transparencia que deben existir en ese ámbito.

-¿Según su opinión, que precedente deja este fallo en esa materia?

-Creo que esto puede marcar un antes y un después en nuestro mercado de valores. Esto ya que no sólo se establece que se pueden cometer ilícitos penales a través de ventas ficticias o simuladas realizadas en bolsa entre sociedades relacionadas en forma directa, sino que también mediante la intervención de un tercero.

-¿De que manera se manifiesta esa distinción en los casos que sirvieron de base para la condena?

-En uno de ellos las ventas cruzadas simuladas se realizaron en bolsa a través del mecanismo de operaciones directas, y bajo condiciones que buscaban dificultar al máximo la intervención de terceros para que no se perjudicara el objetivo de quienes estaban detrás de estas transacciones, que era aparecer traspasando las acciones en los términos predefinidos entre las sociedades relacionadas, Pampa Calichera y Oro Blanco, donde Motta era el gerente. Sin embargo cuando los auditores efectuaron observaciones sobre tales operaciones, surgió la necesidad de ocupar como una suerte de palo blanco a un tercero, para seguir haciendo esas ventas simuladas y cruzadas. Para aquello se eligió a Linzor, que en su momento operó como un conocido fondo “flipper”, caracterizado por hacer compras y ventas rápidas. Lo mas burdo es que aquí se vendieron paquetes sucesivos de acciones de SQM –A desde una filial de Pampa Calichera a Oro Blanco mediante 22 ordenes directas sucesivas, hasta alcanzar 5 millones de acciones, formándose una verdadera bicicleta, donde durante un lapso de tiempo mientras una cascada le estaba “vendiendo” a Linzor paquetes de acciones SQM, este fondo le estaba a su vez “vendiendo” simultáneamente las mismas acciones a la otra cascada.

-Ud. ha sostenido que esta sentencia puede abrir el camino para establecer responsabilidades penales hacia el controlador de las sociedades cascadas, Julio Ponce Lerou. ¿De que forma podría ocurrir eso?

-Como primera cosa, hay que recordar que el caso cascadas sigue vigente respecto de los demás imputados, más allá de la situación de Motta, incluido Ponce. Por otra parte, uno de los puntos más relevantes del veredicto condenatorio es que incluyó el denominado “caso seis”, donde se imputó un delito de fraude o engaño por medio del cual se castiga a quien efectúe transacciones de valores por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento.

Lo que sostuvimos en este punto fue que durante el año 2011 las sociedades cascada, en particular Norte Grande y Oro Blanco, a través de múltiples operaciones individuales, transfirieron a precios promedio más bajos que el precio de mercado, aproximadamente 136 millones de acciones “Pampa Calichera- A” hacia sociedades vinculadas y relacionadas a Ponce Lerou, para luego recomprar el mismo número de acciones a un precio mayor al que fueron cedidas, proporcionando ganancias a Ponce y causando un perjuicio a las sociedades cascadas de aproximadamente $ 45.600 millones.

En definitiva afirmamos como acusadores, lo cual fue acogido por el tribunal, que las operaciones señaladas buscaban defraudar para generar un beneficio al controlador, Julio Ponce, a costa de perjudicar a un grupo de accionistas minoritarios de las sociedades cascadas. Al aceptarse esa hipótesis por el Tribunal, obviamente deja a Ponce en una situación compleja desde el punto de vista penal, ya que establecido el carácter delictual de este conjunto de operaciones, la hipótesis de participación criminal del controlador de las cascadas cobra fuerza, especialmente si se considera que era Ponce Lerou quien estaba en posición de conocer y dirigir todas las actuaciones de las empresas involucradas, además de haberse beneficiado a partir de esas operaciones fraudulentas.

-¿Cree que realmente la Fiscalía va a investigar decididamente a Julio Ponce Lerou a partir de esta sentencia?

-Entiendo que exista mucho escepticismo en esta materia, ya que a pesar que SQM aparece involucrada en muchas causas por actos graves de corrupción, Julio Ponce siempre aparece como un intocable, sin que ninguna de estos casos le haya afectado personalmente. Si a esto agregamos la forma en que concluyó el conflicto de Corfo en contra de SQM por la explotación de litio en el Salar de Atacama, donde finalmente se llegó a un acuerdo por medio del cual se le aumentó sustantivamente la cuota de extracción hasta el 2030 en términos muy convenientes para la compañía, el panorama no aparecería como favorable. Sin embargo en el caso cascadas finalmente logramos contar con un equipo de fiscales competentes y comprometidos con su función, quienes no tengo dudas que van a seguir la investigación conforme el mérito de los antecedentes, cualquiera que sea el afectado. Espero que finalemente los dejen hacer su trabajo.

-¿A que se refiere con esto último?

-No es desconocida la posición errática que ha manifestado el Fiscal Nacional Jorge Abbott en relación a los casos graves que involucran a personas relacionadas con el poder político y económico de nuestro país. A esto se debe sumar el hecho que Julio Ponce cuenta con redes importantes, más allá de tener contratada a una destacada agencia de medios y lobby como lo es Imaginacción de Enrique Correa, además de estar representado por un grupo de abogados influyentes, liderados por Jorge Bofill. No creo que ninguno se vaya a quedar muy quieto con el riesgo que enfrenta Ponce Lerou a partir de la sentencia del caso cascadas en la arista de Motta. En todo caso el nuevo fiscal metropolitano centro norte, Xavier Armendáriz, es una persona que entrega garantías en cuanto a que va a dirigir este caso de manera correcta e independiente, por lo que en ese ámbito me encuentro más tranquilo.

-Ud. señaló que finalmente lograron tener un buen equipo de fiscales.¿No fue siempre así?

-La verdad es que no. Esta causa comenzó con nuestra querella el año 2011, la cual presentamos a partir de los antecedentes que fundaron la decisión que en su momento adoptó a ex SVS de ordenar reversar utilidades generadas a partir de las operaciones del caso Linzor. Cuando un accionista minoritario nos preguntó sobre este tema, vimos que claramente no estábamos ante una mero problema contable por aplicación de las normas IFRS, como en un primer momento se presentó, sino que derechamente habían antecedentes que daban cuenta de una manipulación bursátil castigada con penas de cárcel. Después de más de un año y medio de investigación silenciosa por parte de la fiscalía oriente y la PDI, el entonces Superintendente de Valores, Fernando Coloma, comunica que va a levantar cargos administrativos en contra de las sociedades cascadas, y el caso sale a la luz pública. En ese momento se designa para investigar la arista penal a quien en ese entonces era el fiscal a cargo de la unidad de alta complejidad, José Morales, quien en una conducta irresponsable y negligente salió rápidamente a minimizar públicamente el trabajo hecho por la Superintendencia, tratando de reconducir la investigación a delitos menores por falsificación de actas, formalizando a la rápida a Motta. Cuando todo indicaba que Morales se prestaba a cerrar la causa por medio de una salida alternativa pactada con las defensas, fue removido del caso y se le entregó al entonces fiscal regional metropolitano centro norte, Andrés Montes.

-¿Ud. notó algún cambio entre el trabajo del fiscal Morales y el realizado por el ex fiscal Montes?

-El cambio fue evidente y exponencial. De un trabajo investigativo mediocre se pasó a una indagación donde existía una real voluntad de esclarecer la verdad de lo sucedido, y a partir de aquello el poder definir la existencia de delitos y sus eventuales responsables. La designación de Montes fue un punto de inflexión crucial, ya que además tuvo la sabiduría de armar un equipo de excelencia, donde incorporó a destacados fiscales, tales como Ximena Chong, Macarena Cañas y Julio Retamal, entre otros. También logró sortear el inmenso daño que provocó a este caso el fiscal Morales, ya que al formalizar tempranamente hizo que comenzara a correr el plazo legal de 2 años que establece la ley para cerrar la investigación y llevarla a juicio. Es por eso que se llevó a Motta a juicio oral antes que al resto de los imputados, ya que en un punto se estaba en contra del tiempo, lo que era especialmente grave si se considera que durante el largo tiempo en que Morales estuvo a cargo de la investigación, no realizó ninguna actuación importante. Una vez que el fiscal Montes sale del Ministerio Público para incorporarse a la recién creada Comisión para el Mercado Financiero, Ximena Chong tomó el mando del equipo de fiscales a cargo del caso, realizando una labor excepcional.

-Ud. ha sido muy critico del trabajo de la fiscalía en varios casos. ¿Cree que esta causa fija un parámetro al interior del Ministerio Público?

-Muchos han sostenido que la reforma procesal penal no sirve para enfrentar casos complejos, y que sólo es eficiente en causas por delitos menores descubiertos en flagrancia. Creo que Cascadas demuestra que cuando existen fiscales competentes que están comprometidos verdaderamente con su función, conforme los fines que establece la constitución y las leyes, se pueden llevar en forma exitosa hasta los casos más complicados. Además, Cascadas ratifica que la diferencia fundamental en el destino de una causa penal pasa por la calidad del fiscal a cargo. Yo veo la liviandad, inconsistencia y desidia de fiscales como Manuel Guerra en Penta y Pablo Gómez Niada en SQM, y resulta inexplicable que se le hayan confiado la dirección de causas complejas donde se indagan importantes hechos de corrupción, cuando paralelamente existen al interior del Ministerio Público muchísimos fiscales que tienen la competencia y voluntad que ellos claramente carecen. Mientras no exista un liderazgo real y positivo al interior del Ministerio Público que premie la excelencia por sobre los amiguismos y compadrazgos, la verdad es que contar con fiscales de calidad, como ocurrió en Cascadas, va a seguir siendo una cuestión de suerte.

-En el contexto que ha señalado, ¿cómo califica el papel que ustedes tuvieron como querellantes en el caso Cascadas, el cual fue permanentemente cuestionado por la defensa de Motta durante el proceso?

-Nuestra querella abrió el caso, y de paso interrumpió la prescripción tempranamente respecto de un grupo importante de hechos, lo que obviamente explica en parte el ánimo permanente de la defensa de sacarnos a toda costa del proceso, en lo que tampoco tuvieron éxito. Me siento privilegiado de haber liderado un equipo excepcional y haber trabajado en distintos momentos de este largo proceso junto a colegas de la calidad de Miguel Soto Piñeiro, Valentina Horvath, Carlos Hidalgo y Pedro Orthusteguy. Creo que fuimos un aporte fundamental durante las etapas de investigación, preparación de juicio oral y juicio propiamente tal. Algo especialmente gratificante fue ver al profesor Miguel Soto Piñeiro intervenir con una lucidez y asertividad realmente destacable. Creo al final del día hicimos una diferencia muy importante.

También resulta destacable el trabajo de los demás querellantes, AFP Hábitat y Moneda. Creo que todos aportamos una visión diversa y complementaria, que ayudó a obtener este gran resultado.

-¿Cómo se proyecta este caso. Existe la posibilidad de recurrir por parte de la defensa?

-Se va a dar lectura de la sentencia el día 13 de enero de 2019, lo que se justifica por la duración del caso, el cual se extendió por más de 7 meses. En ese momento además sabremos la sanción concreta que va a recibir el condenado Motta. Después existe la posibilidad de recurrir de nulidad ante los tribunales superiores de justicia, por parte de la defensa y los demás intervinientes. Nosotros también podríamos recurrir por los capítulos donde se decidió absolver a Motta, desechando nuestra acusación, a pesar que los cargos más importantes que formulamos en su contra fueron precisamente los que fundaron las condenas dictadas en este caso.