Tres charlas realizadas el año pasado por CENDA y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschütz (ICAL) fueron puestas bajo la lupa de la Contraloría General de la República. Esto, luego que tras una fiscalización se detectara que en ellas se trataron “temas relacionados con el movimiento No+AFP”, pese a que las actividades tenían como objetivo educar en torno al sistema previsional chileno y difundirlo.

Los talleres de ambos centros de estudio son parte de los proyectos financiados por la Subsecretaría de Previsión Social, a través de los Fondos de Educación Previsional. Para el año pasado, CENDA se adjudicó $56.341.293 para una serie de “Jornadas de educación previsional en cuatro regiones del país”. Mientras que el ICAL recibió casi $49 millones para las charlas ”Previsión social en Chile: Aprendiendo los fundamentos de la seguridad social”.

CENDA tuvo dos actividades cuestionadas. La primera corresponde a una del 24 de octubre, realizada en Punta Arenas, a la que asistieron 15 personas. De acuerdo a un informe del ente contralor, beneficiarios que participaron de estas actividades señalaron que durante su ejecución se trataron informaciones del movimiento liderado por Luis Mesina.

“Uno de ellos (…) precisó que se presentaron como oradores personas que son reconocidas con dicho movimiento, a fin de tratar dichas materias, quienes por lo demás no aparecen inscritos como parte integrante del equipo de trabajo presentado en la propuesta de adjudicación por parte de ese ejecutor”, detalla el documento.

Además, Contraloría agrega que “es dable mencionar que de acuerdo a la información obtenida en el sitio web de No+AFP, ambas personas (oradores) colaboran indistintamente con dicho movimiento”, el que “se ha manifestado públicamente contrario a la institucionalidad previsional vigente”. También señala que “no se realizó supervisión en terreno” por parte de la Subsecretaría en esta actividad.

La fundación, en tanto, respondió al organismo fiscalizador que en la actividad sí participó “una supervisora de esa iniciativa”, que consta en la ficha de supervisión y que ésta señaló que “en esa actividad no asistió ninguna de las personas aludidas” por algunos de los asistentes.

La segunda actividad cuestionada a CENDA fue el 13 de noviembre pasado en calle Vergara, en Santiago. Según el informe, “se constató que en ella la supervisora solo anotó que la actividad ‘se llevó a cabo con éxito’, no precisando cuáles fueron esas actividades, en qué horarios fueron impartidas, los expositores que las llevaron a cabo ni las materias tratadas”. Asistentes también aseguraron que se trataron temáticas relacionadas con No+AFP.

“Del examen del video adjunto -que no contiene audio-, que a juicio de la autoridad acreditaría que no participaron los dirigentes de No+AFP en dicha actividad, se puede mencionar que éste muestra a dos personas -supuestamente relatores-, en una sala en la que no es posible identificar que se trate de la actividad en comento, ya que no se visualiza la exposición de contenido alguno y en el cual no se muestra a los beneficiarios en ninguna oportunidad”, explica el informe.

En el caso de ICAL, el cuestionamiento apuntó a una charla del 15 de noviembre en Copiapó, donde se habría analizado las propuestas de No+AFP dentro de la actividad. La respuesta de la Subsecretaría en el informe indica que “se utilizó la metodología de diálogo ciudadano” donde los participantes pueden manifestar sus opiniones, “por lo que existe la posibilidad que dentro de los comentario se hubiera hecho referencia al movimiento No+AFP”. Desde NO+AFP no respondieron a los llamados de El Dínamo.

En concreto, entre las conclusiones del informe de Contraloría se indica que “se verificó, mediante circularización a los beneficiarios de los proyectos implementados por los ejecutores ONG ICAL y Fundación CENDA, que existen casos en que los participantes afirman que en algunas de las actividades realizadas en ese marco se trataron contenidos relacionados con el movimiento ‘No+AFP‘, situación que no concuerda con lo establecido en los artículos 44 de la ley Nº20.255, y 1º de su respectivo reglamento por lo que, en lo sucesivo, deberá implementar las medidas que sean necesarias con el fin de evitar que durante la ejecución de las actividades se impartan materias que se alejen de los objetivos del concurso”. 

Mientras que el ICAL está ligado fuertemente al Partido Comunista, CENDA posee nexos con el propio movimiento NO+AFP. De hecho, el vicepresidente de ese organismo, el economista Manuel Riesco Larraín (PC), es uno de dirigentes más activos junto a Mesina.

Cambios al sistema

El informe de Contraloría fue realizado tras una revisión hasta el 31 de diciembre pasado, sobre nueve proyectos -que corresponden a $277 millones adjudicados- de un universo total de 51 aprobados para realizarse el año pasado, donde postularon desde centros de pensamiento hasta universidades.

El cuestionamiento del organismo ocurre en medio de los cambios que el Gobierno buscará realizar al Sistema de Previsión, entre ellos al polémico financiamiento público de la Educación Previsional, que se ingresará este martes al Congreso.

Desde la reforma previsional de 2008, el Estado ha financiado más de $18.000 millones en proyectos que educan en torno al sistema privado de las AFP, sin que ninguna de estas entidades coloque recursos para la educación a través de organizaciones de la sociedad civil. Hasta hoy el financiamiento es entregado por la Subsecretaría de Previsión Social por medio de concurso público.

El objetivo incluido en la reforma es que el nuevo Fondo para la Educación Previsional sea financiado íntegramente por las propias empresas que administran los fondos de pensiones, mediante una recaudación correspondiente 0,25% de las comisiones que recauden anualmente.

Así lo explicó la subsecretaria de Previsión Social, Maria José Zaldívar, a Pauta.cl, asegurando que “lo que se buscará es que sean las propias AFP las que entreguen esta educación previsional y que sea algo más sostenido en el tiempo”. El nuevo comité de selección de proyectos ganadores -agregó- estará integrado por representantes de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, de la subsecretaría, de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto de Previsión Social.

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