El presidente colombiano, Iván Duque, calificó el viernes como “una vergüenza” la oferta de 106.000 millones de pesos (unos 33,8 millones de dólares) que la brasileña Odebrecht hizo al Estado como indemnización por los perjuicios causados por corrupción y para frenar los procesos en su contra en el país.

“Lo que ha ofrecido, primero, es una vergüenza, eso es una vergüenza, y además claramente lo que ha ocurrido con esa empresa es que violó el régimen de competencia cuando además sobornó”, manifestó Duque en una entrevista con la emisora Blu Radio.

El pasado 6 de noviembre, la Fiscalía, la Procuraduría (Ministerio Público) y la Contraloría (tribunal de cuentas) rechazaron de manera unánime la oferta económica que hizo la multinacional, la tercera de la compañía desde que se abrió el caso.

Según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde entregó más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.

Sin embargo, la Fiscalía señaló luego que las coimas que presuntamente pagó la constructora en Colombia fueron mayores y alcanzaron los 84.000 millones de pesos (unos 26,8 millones de dólares).

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Ante esta situación, el mandatario aseguró que “desde hace mucho tiempo” considera que una “empresa que haya participado en sobornos nunca más pueda contratar con el Estado”, y con ese fin presentó un proyecto de ley cuando era senador.

En ese sentido, Duque señaló que Odebrecht debe tener una sanción penal y que para ello también se ha presentado una iniciativa “para levantar el velo corporativo y sancionar personas jurídicas”.

“Lo otro es que tiene que haber una sanción pecuniaria derivada de la violación de los principios de la libre competencia. Y lo más importante, creo yo que ese debe ser el rasero que apliquemos en Colombia: empresa que participe en sobornos nunca más debería poder contratar con el Estado”, recalcó.

La indignación en Colombia con el caso de Odebrecht creció luego de que Noticias Unopublicara este lunes una entrevista grabada en agosto pasado con Jorge Enrique Pizano, interventor de la obra y considerado testigo clave, que falleció de un infarto el 8 de noviembre.

En la entrevista, Pizano denunció que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocía supuestas irregularidades en la licitación para la construcción de la Ruta del Sol II desde 2015, cuando era abogado del Grupo Aval, del que hace parte Corficolombiana, ex socia de Odebrecht en el proyecto.

Tres días después su hijo Alejandro Pizano Ponce de León, que había regresado de España a Colombia para asistir al sepelio de su padre, murió envenenado con cianuro.

La investigación de la Fiscalía desveló que el cianuro que bebió Pizano hijo estaba en una botella de agua saborizada que este encontró en el escritorio de su padre en su casa situada en la localidad de Subachoque, cercana a Bogotá.

La confirmación del envenenamiento con cianuro llevó a la propia Fiscalía a investigar si Jorge Enrique Pizano, que sufría de cáncer y según el dictamen oficial sufrió un infarto que le causó la muerte, bebió agua de la misma botella y eso causó su deceso.

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