La comisión de Familia de la Cámara de Diputados rechazó el aumento de la subvención a los organismos colaboradores del Sename. Este incremento formaba parte del Acuerdo nacional por la infancia, pues existe consenso en cuanto a considerar que el subsidio actual es muy insuficiente. Si acaso es cierto que los niños más vulnerables son prioritarios, eso debe traducirse en una correspondiente asignación de recursos. ¿Por qué, entonces, la oposición desconoció el acuerdo que había suscrito?

Uno de los motivos esgrimidos fue la necesidad de mejorar la fiscalización a los organismos que reciben recursos públicos. Aunque en principio la idea parece razonable, todo indica que en este caso se trata de una maniobra dilatoria. Por un lado, la ley corta que está en discusión nunca tuvo ese propósito, y, por otro, las exigencias establecidas por la comisión rayan en el delirio. Uno de los requerimientos es la recolección y entrega de infinitos datos de dudosa utilidad. Se habla, por ejemplo, de toda la información sobre “su historial administrativo, financiero, económico, laboral, previsional y de cuidado y de protección”, y se pide luego la entrega de la información relativa “a las subvenciones y fondos públicos recibidos durante toda su existencia” (sí, leyó bien). En otras palabras, la idea sería que esas instituciones -algunas de ellas muy antiguas- se dediquen durante meses a reunir papeles con el solo objeto de satisfacer una excéntrica necesidad burocrática. Es difícil pensar que una exigencia de esa naturaleza pudiera tener algún efecto en la vida de los niños que hoy experimentan las carencias del sistema.

Se ha deslizado también como motivo la existencia de un supuesto lucro de los organismos colaboradores. No obstante, dicho argumento es difícil de sostener. Un mínimo conocimiento de la realidad de los hogares permite saber que los montos recibidos no alcanzan a cubrir los costos. De hecho, la mayoría de los organismos debe salir a buscar dinero -caridad mediante- para llegar a fin de mes. Por lo mismo, el peligro actual es que muchos centros cierren por falta de recursos, a sabiendas de que el Estado no tiene capacidad para hacerse cargo de esos niños. Todo esto se vuelve aún más absurdo si recordamos que el Estado gasta cuatro veces más por niño en sus propios centros que en el subsidio a las instituciones colaboradoras. Aunque la izquierda -y la Defensoría de la Niñez- prefieran mirar para el lado, ese solo dato debería producir escándalo.

Con todo, el argumento de fondo guarda relación con el lugar de la sociedad civil y los cuerpos intermedios. Parte importante de la izquierda tiene dificultades para tolerar la existencia de fundaciones que cumplen una función pública relevante (como la Teletón). La tesis más o menos implícita es que el cuidado de los niños vulnerables debería ser confiado directamente al Estado, sin intermediación. Este supuesto encierra una confusión conceptual mayúscula, que es particularmente visible en el caso de los menores. El motivo es muy simple: cuesta imaginar una entidad más torpe e inadecuada para cuidar niños que el Estado. Al fin y al cabo, la función de los hogares del Sename es intentar sustituir -en la medida de lo posible- a las familias que esos niños no pudieron tener. Esa tarea requiere una atención, un cuidado por cada detalle y por cada particularidad que está en las antípodas de las posibilidades del aparato público (y las muertes ocurridas en centros estatales son la manifestación más flagrante de aquello). Los defensores del Estado deberían ser muy conscientes de las limitaciones de dicho instrumento: ¿Cómo podría una institución centralizada, burocrática y vertical sustituir a una familia? ¿No hay en esa pretensión algo profundamente extraño?

En rigor, la izquierda desconfía de la sociedad civil, pues piensa que la sociabilidad humana está siempre contaminada por intereses privados, que se contraponen al interés público. En ese contexto, es imposible concebir una auténtica cooperación, y solo el Estado puede liberarnos de nuestro propio egoísmo. No obstante, dicha tesis pierde de vista que la participación activa de los ciudadanos es indispensable para intentar resolver cualquier problema social. Tocqueville solía repetir esta idea: la democracia no puede prescindir de la energía de las personas que se asocian y persiguen fines compartidos. Dicho de otro modo, si hay quienes están dispuestos a sacrificar tiempo y energía para ocuparse de los niños vulnerables, nuestro deber es alentar esos esfuerzos más que ponerle trabas (y algo análogo ocurre en el caso de la objeción de conciencia institucional).

A partir de lo dicho, solo cabe concluir que a la izquierda no le importan tanto nuestros niños como la fidelidad a ciertas convicciones ideológicas. Por lo mismo, está dispuesta a sacrificar el bienestar de los menores en el altar del sacrosanto Estado. Si puede darse ese lujo, es porque ella no paga la cuenta. La comodidad de algunos equivale a la tragedia de otros.

/Escrito por Daniel Mansuy para El Mercurio