La muerte de un joven comunero mapuche en la localidad de Ercilla -en medio de un operativo policial llevado a cabo por Carabineros- ha generado profundo revuelo, no solo por la desgraciada circunstancia de un deceso, sino también por las revelaciones de que personal policial eliminó deliberadamente registros audiovisuales de la operación misma, lo que motivó la salida de varios funcionarios de la institución. Las consecuencias de este episodio han tensionado el llamado conflicto indígena, dificultando los diálogos de paz que se venían sosteniendo desde hace un tiempo. Es obligación de todos los sectores políticos impedir que estos esfuerzos se desvanezcan, porque ello sería un fracaso para todo el país y daría razón a los sectores radicalizados que buscan mantener vivo el conflicto.

La primera exigencia que se plantea es la de esclarecer completamente las circunstancias de la intervención policial en la comunidad de Temucuicui que condujeron al desenlace ya conocido. En estas circunstancias sólo sirve la verdad, y cualquier maniobra para ocultar o disfrazar los hechos traerá duras consecuencias. En tal sentido, hizo bien el ministro del Interior en dar a conocer de inmediato al país la información recibida de Carabineros sobre la grave acción cometida por un funcionario al destruir imágenes de lo ocurrido. Del mismo modo, fue adecuado que el mando de Carabineros diera de baja a los cuatro funcionarios que participaron en los hechos. La renuncia del general que se desempeñaba como jefe de orden y seguridad en La Araucanía, y del coronel prefecto del Gope en la zona, se justifican como expresión de la responsabilidad del mando.

La principal policía con que cuenta el país para otorgar seguridad pública y dar eficacia al derecho no puede interpretar el apoyo que las autoridades políticas le otorgan como una suerte de cheque en blanco. Está aún muy fresco el recuerdo de la denominada Operación Huracán como para haber olvidado las consecuencias que tal burdo montaje produjo en su legitimidad social. No hay por lo tanto espacio para indulgencias con las transgresiones que cometan los funcionarios policiales. En las condiciones de La Araucanía, donde efectivamente actúan grupos armados, los controles deben ser más estrictos, para evitar desgracias como la del joven comunero.

El anhelo de paz en la región -sin duda compartido por la mayoría del país- solo puede ir de la mano del respeto a la Constitución y las leyes. Carabineros es una institución fundamental de la República, que lamentablemente ha visto mermada su autoridad en los últimos tiempos, pero por esa misma razón sus conductores tendrán que empeñarse en el cumplimiento de los protocolos al interior de sus filas, reforzando la conciencia en los funcionarios de que su deber es apegarse siempre a la ley, incluso en condiciones desventajosas.

Para que La Araucanía salga del rezago en que se encuentra es indispensable que cesen los actos de violencia, los ataques incendiarios e impere el estado de derecho, de manera de crear condiciones para que la región reciba nuevas inversiones y se genere un clima de cooperación. Frente a este desafío, solo cabe esperar que tanto el gobierno como la oposición coincidan en la defensa de la ley y el esfuerzo en favor de la paz, evitando crear un clima de irresponsable crispación.

/Editorial del diario La Tercera