Nadie quiere mover el primer peón. Ni el gobierno ni la oposición. En ambos bandos saben que esto puede ocurrir si los números de camas críticas disponibles y de contagios no dejan margen. El Presidente, dice su equipo, ya ha hecho el ejercicio de sopesar las complicadas consecuencias posibles de posponer el evento del 11/A y que se describen más adelante. Allá consideran que “esta discusión ya se abrió”, pero que La Moneda ha tomado y tomará -dicen- todas las medidas que puedan para evitarlo, incluyendo poner a más personas bajo confinamiento. Hasta esta mañana, remarcan en el anillo piñerista, ven “una posibilidad bajísima” de que el aplazamiento suceda.

Pero hoy es hoy y mañana es mañana. Y lo que todos miran es lo que planteó anteayer Izkia Siches: que la ventana última para tomar una decisión y echar a andar rápido el complejo proceso que implica postergar la megaelección es a más tardar las dos semanas previas al evento: o sea, la próxima semana. Ella planteó que la frontera es si la saturación de camas críticas supera el 95%. En el gobierno y entre expertos cercanos a Sebastián Piñera ya hay voces que hablan también de otro límite: si los casos diarios vuelven a empinarse encima de los seis mil.

Ese umbral no se supera desde el 16 de junio de 2020 -en el peor momento del Covid-19- y sólo se ha sobrepasado cinco veces en la pandemia, todas en ese mismo mes. Pero la semana pasada, el viernes y el sábado los números llegaron a 5.900 nuevos contagios. Y si se mantiene la progresión de los últimos días, la tendencia indica que se podría superar el número hacia fines de esta semana.

Como en ninguna de ambas veredas políticas quieren pagar el costo, asumen y esperan que -si esto ocurre- sea la presidenta del Colegio Médico quien certifique tal decisión, repitiendo el rito del año pasado, un mes antes del plebiscito originalmente fechado para abril, y que se hizo seis meses después, en octubre. Claro que ella también ha dicho que “lo ideal es no tener que correr las elecciones” y que “el esfuerzo del gobierno debe ser hoy”. Lo mismo piden en la oposición. Esto subió hoy dos cambios con la misma Siches advirtiendo que “sospechamos que nuestro país va a tener que entrar en un confinamiento total”.

En Palacio, los piñeristas insisten en que no están improvisando: que la población bajo cuarentena o transición pasó de cuatro millones a 6,5 millones desde el jueves pasado. Que evalúan todos los días y con modelos de anticipación, y que, por lo mismo -aseguran-, Piñera lanzó en febrero el plan para encarar un rebrote. Claro que también les han caído críticas por el impacto de los permisos de vacaciones.

Queda entonces la bala de aplicar cuarentena total. Pero como el impacto solo se percibe recién a la segunda semana, sería más una señal de que Palacio está quemando todos los cartuchos para salvar el 11/A antes que una medida efectiva a tiempo.

En La Moneda apuntan que esto no se ha conversado oficialmente en el comité político. Y hoy el ministro vocero, Jaime Bellolio, insistió en que el gobierno está “comprometido” y “firme” con esos comicios (Radio ADN).

Gobierno, oposición, abogados y cercanos al Presidente coinciden. Por un lado está el problema de para cuándo posponerlas -asumiendo que se hacen juntas las cuatro: constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales-, y por otro, lo delicado de legislar alterando un proceso que ya está en curso, con varios plazos vencidos. Sería cambiar las reglas del juego. Cuando el año pasado se pospuso el plebiscito eran dos papeletas con dos preguntas; ahora son miles de candidaturas.

Todo este what if -que no es mera especulación, porque, repetimos, desde el Presidente para abajo ya se han hecho todas estas preguntas, aunque sea para jugarse por tratar de descartar un aplazamiento- pasa por, llegado el caso, que se genere rápidamente una masa política crítica que asegure los 2/3 de quórum en el Congreso. Viendo lo que pasó con la elección en dos días es al menos incierto.

Un calendario casi imposible

Lo de las fechas es complejo, porque abril puede que haya sido el último mes factible sin alterar el resto de un calendario ya demasiado apretado. La tesis de mover todo el proceso para la fecha de la segunda vuelta de gobernadores (9 de mayo) abre el problema -además de la incertidumbre viral- de tener que postergar entonces ese balotaje para cuatro domingos más tarde. Y entonces ya se mezclaría todo con la saga presidencial: el 4 de mayo se inscriben los competidores a las primarias, el 4 de julio son las primarias. En Chile Vamos y en el gobierno no gusta demasiado que eso pase porque la lucha por la sucesión se teñiría del desenlace constituyente y de la derrota que temen sufrir en gobernadores.

Pero eso encierra otra interrogante: de si, en tal caso, y además si la guerra contra el virus no se revierte -aunque a favor está el avanzado proceso de vacunación que debería alcanzar al 70% de la población en junio-, no se abrirá también la discusión de revisar la fecha de las primarias, en pleno invierno. En tal supuesto se asume que, pase lo que pase, la máxima será no mover ni tocar los plazos de la elección presidencial por ningún motivo: nadie quiere un debate siquiera hipotético sobre alargar el mandato.

Encontrar nuevas fechas para el 11/A tiene otra complicación. Esa megaelección tiene que ser calificada por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). En el papel son hasta 30 días, pero si ya pasó lo que pasó solo para calificar los miles y miles inscripciones de candidaturas, ¿quién garantiza que no haya otro cuello de botella para saber el resultado final de municipales, gobernadores y constituyentes?

Eso lleva a chocar con otra fecha. El 23 de agosto vence el plazo para inscribir o declarar las candidaturas presidenciales para la primera vuelta del 23 de noviembre. Todos estos deadlines están consagrados por ley. Otro argumento, observan algunos, que vuelve bien poco aconsejable retrasar las primarias.

Otras voces agregan otra opción: mover las cuatro elecciones de una sola vez para noviembre. Pero ahí el evento sumaría al menos seis papeletas.

El riesgo de cambiar las reglas del juego

Si esto ya suena delicado, alterar un proceso que ya está en marcha preocupa incluso más. Legislar para posponer obligará a también hacerlo para regular algo que nunca se ha hecho. Los alcaldes que repostulan ya dejaron sus cargos, suspendidos porque la ley los obliga el último mes. ¿Vuelven a sus cargos para que se les suspenda después? Esa una de tantas preguntas. Pero también está la cuestión de si con nuevos plazos no cambiarán los resultados: un mes o más de alargue puede darles más chances a retadores poco conocidos.

Sin ir más lejos, eso podría pasar con pugnas ya estrechamente trabadas, como la alcaldía de Las Condes. En el planeta Republicanos hay quienes creen que Gonzalo de la Carrera podría salir perjudicado si la debutante Daniela Peñaloza, la candidata de Joaquín Lavín, gana el terreno que le falta con más tiempo. Como este caso hay varios más, observan en el gobierno y la oposición.

Pero una de las aristas más delicadas por resolver, recalcan en Palacio, es qué se hace con el financiamiento de campañas. Partiendo por una duda que puede sacar astillas: si se suspenden o no los aportes a las candidaturas. Detrás de eso van otras incógnitas, como qué se hace con la franja, que ya comenzó; el período legal de campaña, que también está corriendo, y una larga lista.

Los cambios legales se pueden hacer en el Congreso, “pero su implementación lo hace terriblemente complicado”, anticipa el abogado constitucionalista y profesor de Derecho Electoral Gabriel Osorio. “Cambiar las fechas implica más presiones sobre los tribunales electorales regionales y el Tricel debido a los plazos para calificación de elecciones. El calendario ya está demasiado tensionado, encontrar una fecha que haga compatible la calificación de elecciones con las primarias es difícil”.

Jorge Barrera, profesor de Derecho de la Universidad de Chile y la USS, hace ver que “lo más complicado es que ya estamos con candidaturas declaradas y con periodo de propaganda y gasto electoral en curso. A esto debemos sumar que los alcaldes debieron haber terminado su mandato en diciembre 2020, y que nada asegura que la nueva fecha elegida esté libre de inconvenientes. De hecho, ni siquiera existe claridad de si el país va a estar en condiciones sanitarias distintas para las primarias presidenciales o si estas se van a mantener”.

Agrega que “en lo estrictamente constitucional, resulta dudoso que el Congreso pueda continuar manteniendo indefinidamente en sus cargos a quienes no han sido directamente electos por la ciudadanía para un nuevo período, lo cual podría ser atentatorio al ejercicio de la soberanía en los términos del Artículo 5º de la Constitución”.

Osorio ataja que esto y más sí es cambiar las reglas del juego. “¿Los gastos hechos hasta ahora, se rinden o no? ¿Se detiene o no el sistema de aportes? ¿Van a seguir siendo los mismos candidatos o declaramos un nuevo proceso de inscripciones? Se abre un abanico complejo de preguntas. Es riesgoso y no solo hay que consultarle al Servel; ahora hay que preguntarle, además, al Tricel para que se pronuncie. Ya están bajo presión insostenible por las declaraciones de candidaturas”.

Barrera cierra haciendo ver que por lo mismo esto no tiene nada que ver con la postergación del año pasado: “Claramente son casos distintos, pues si bien la Ley de Reforma Constitucional Nº 21.221 también se aprueba en marzo de 2020, a escasos días del plebiscito para su postergación, lo que estaba en juego eran opciones plebiscitarias y no cuatro tipos de candidaturas a cargos públicos como ocurre en la actualidad. En este sentido, hay que entender que respecto de las elecciones municipales, la propia Constitución define la duración de los mandatos para alcalde y concejal, que incluso hay alcaldes subrogados por ir a la reelección, y que impedir la votación de la ciudadanía puede constituir un atentado a la soberanía ejercida a través de las elecciones periódicas, tal como mandata la Constitución, por lo que resulta sumamente complejo.”

Continuará. Tal vez no pase nada. Tal vez sí.

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