Sigue la polémica por el proyecto presentado por senadores de oposición, encabezados por Adriana Muñoz (PPD), quienes buscan un indulto para los detenidos durante el estallido social. La iniciativa ha sido apoyada por otros parlamentarios opositores y rechazada por el Gobierno y sus diputados y senadores oficialistas, además de otras personas, como el sacerdote jesuita Felipe Berríos y el rector de la UDP, Carlos Peña.

Ahora el debate en ambos frentes es por la cantidad de personas que se encuentran privadas de libertad y que serán beneficiadas con la iniciativa que parte su trámite este lunes en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que encabeza el senador RD Juan Ignacio Latorre.

Según Adriana Muñoz, presidenta del Senado, “hay casi 800 personas que están en prisión preventiva, que no tienen proceso alguno”, como señaló a Radio Cooperativa este jueves. “En este caso, llevan un año dos meses sin un debido proceso y ese es un tema que hay que debatir”, añadió. En tanto, a principios de diciembre, el Gobierno cifró en 232 los detenidos del estallido.

Sin embargo, para el defensor nacional, Andrés Mahnke, la cifra que maneja sobre los detenidos por el estallido social dista bastante a la entregada por Muñoz. En entrevista con Radio Cooperativa, el funcionario señaló que son 69.

“Son presos sin condena, que son personas que están investigadas y amparadas bajo la presunción de inocencia, hay 14 mil”, comenzó señalando. Esto en carácter universal. Por eso, tras ser consultado por los periodistas de la emisora, acotó las cifras, distanciándose además de Muñoz al asegurar que están con proceso en curso.

“Todas están con el proceso, imputadas por el Ministerio Público. Ahí es donde entra la estadística y los tiempos que uno revisa. Lo que yo señalé es lo que nos han consultado distintos parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil, sobre ¿Cuántas personas permanecen presas más de un año? De ese período, correspondiente entre el 18 de octubre y 31 de diciembre, quedan 69. De las cifras de la institución, no son discutibles”, aseguró.

“Lo que ella (Adriana Muñoz) quiere reflejar es que lo son sin estar condenadas, porque todas esas personas están con el proceso iniciado, con la transparencia que todos conocemos y las audiencias que todas son públicas”, añadió.

El verdadero problema: la prisión preventiva
Para Mahnke, el verdadero problema de esta situación es la medida cautelar de la prisión preventiva, reconociendo las fallas de la norma que habilita esta “pena anticipada”, como aseguró.

“Se han realizado más de 10 modificaciones a esta regulación que han hecho perder el fundamento cautelar, el fundamento de procedimiento para que una persona, amparada por la presunción de inocencia, (el delito) sea tan grave que mejor, como Estado de Derecho, mientras la juzgamos e investigamos la tengamos presa”, apuntó.

De hecho, la demora de los procesos se explica por las facultades de esta medida, pues “en una regulación que es bastante laxa”, defensoras y defensores deben pedir “la revisión de la prisión preventiva no una, sino que siete, ocho y nueve veces”.

Esta medida cautelar, según el abogado, “se mantiene porque de verdad se está usando como una pena anticipada en el país; ya no con un fin cautelar, ya no con un fin de procedimiento, y para ponerlo en una frase, lo que me sorprende es que sorprenda, porque esto está pasando hace muchos años”.

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