Una práctica se ha hecho reiterativa en cuanto a los funcionarios del sector público. Siendo personas a honorarios o a contrata regidos por el Estatuto Administrativo demandan prestaciones del Código del Trabajo, propias de los empleados particulares y obtienen indemnizaciones, invocando despido injustificado o nulo. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) atendió entre el 1° de enero y el 30 de noviembre de 2018, 774 causas contra organismos públicos debido a este tema. Los tribunales han dictado sentencia en 152 de esas causas, lo cual ha implicado un desembolso por parte del Estado de $645.763.093.

Las consecuencias de esto son severas. María Eugenia Manaud, presidenta del CDE, se refirió al tema en el N° 70 de la revista editada por el Colegio de Abogados de Chile: “Eso está causando graves consecuencias para el sector público, en materia de indemnizaciones nunca previstas para el alejamiento de la función, de órdenes de reincorporación de funcionarios desvinculados de la Administración Pública y de las Fuerzas Armadas”.

E, incluso, otras fuentes vinculadas al CDE han denunciado que funcionarios de confianza en los hechos, “operadores políticos”, algunos con un año en servicio, se asilan en los mismos procedimientos.

El caso lo resume el diputado Mario Desbordes (RN): “Hay un cambio de criterio en la Contraloría y en Tribunales. Cuando llegó Michelle Bachelet a su segundo mandato, a los trabajadores públicos que venían desde el gobierno de Sebastián Piñera los desvincularon sin más trámite. Ahora, en dictámenes o sentencias se ha modificado el criterio que permitía desvincular a los contrata por ‘no ser necesarios sus servicios’ o a los honorarios sin mayor explicación y lo mismo los cargos de confianza. Hoy, un contrata con dos años de contrato debe ser tratado como si fuera un contrato Código del Trabajo indefinido, y eso no está en ninguna parte en el Estatuto Administrativo”.

En el Juzgado Laboral de Antofagasta se ve un ejemplo. El 13 de noviembre de 2018 emitió un fallo que condena al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) a pagar una indemnización total de $26.248.939, debido a “un despido de funcionario por razones políticas”. La persona en cuestión se encargaba del área de comunicaciones y fue desvinculado en junio pasado.

El demandante ingresó a prestar servicios para el Injuv el 2 de junio de 2014, bajo la modalidad de contrata. Según los argumentos presentados por la institución, su cargo califica como “de confianza”, pues pertenecía al Gabinete del Director Regional. No obstante el trabajador alegó que hubo vulneración de sus Derechos Fundamentales.

El argumento de que no tienen una herramienta similar se cae, pero no recurren a ellas por dos motivos, porque puede ser un poco más lenta y en segundo lugar porque no se asocia a indemnización”, señala el abogado Héctor Humeres, magíster en Derecho Laboral de la Universidad de Chile.

En el propio fallo se explica que el funcionario “ingresó a prestar servicios al Injuv, bajo el mandato del gobierno de la coalición denominada Nueva Mayoría, y además que era público y notorio la participación del actor en actividades de apoyo público y en redes sociales que había efectuado en sus tiempos libres, a favor del candidato presidencial Alejandro Guillier, como también del candidato a diputado Luis Caprioglio, solicitando incluso permiso de una semana sin goce de sueldo para brindar apoyo a su campaña”.

Argumento que no ratificó su postura como hombre de confianza, sino que más bien fue utilizado como causa de la violación de sus derechos. “El funcionario demandante fue nombrado como tal en la Administración anterior y que es simpatizante de un determinado Partido Político opositor al actual Gobierno, dado que se atribuyó una confianza que no tenía con fin de poner término a su contratación. En ello, que existe un trato discriminatorio, puesto que la nueva autoridad administrativa, separa, excluye al trabajador de su trabajo habitual, sobre la base que éste no pude desarrollar sus funciones por sus lineamientos políticos”, consigna el fallo.

En consecuencia, el Injuv debe pagar: $11.896.308, por concepto de indemnización de 6 remuneraciones conforme al artículo 489 del Código del Trabajo; $13.019.848, por lucro cesante, por las remuneraciones a que tenía derecho el actor en virtud de su nombramiento a contrata, entre el 14 de junio al 31 de diciembre de 2018; más la suma de $ 1.332.783, por concepto de feriado.

Este es tan solo uno de los casos disponibles en la página web del Poder Judicial.

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