Un típico ejemplo de cómo en Chile algunos políticos pueden armar un juicio sin base y elevarlo a la categoría de verdad judicial es el caso Frei. El ex presidente se operó a fines de 1981 de una obstrucción en el esófago con el médico Augusto Larraín. Un error en la operación, derivado de un punto mal suturado (el médico dejó a su ayudante en práctica la tarea de hacer las suturas finales) generó una infección y una peritonitis, la que dio lugar a otra operación, que resultó tardía por el deseo de la familia de esperar a que Larraín volviera de Pucón, a donde había viajado.

Nadie entonces dijo nada de “envenenamiento” ni de “intervención de terceros”” ni menos de “asesinato”, porque Frei vivió sus últimos días protegido y rodeado de sus más próximos, aparte de su familia: sus médicos más amigos, uno ex ministro y el otro ex subsecretario suyos, doctores Patricio Rojas y Patricio Silva; y del ex senador Osvaldo Olguín, a quien le oí personalmente el relato de los errores cometidos, pues ambos éramos directores de Banmédica cuando quince años después la hija de Frei, Carmen, empezó a vocear sospechas de que hubiera habido intervención de terceros en la muerte de su padre.

            Al contrario, cuando el doctor que lo operó tuvo una hija y recibió un ramo de flores de la viuda, señora María Ruiz-Tagle, se preocupó de mandar una carta a “El Mercurio” haciendo público ese gesto que lo reivindicaba y destacando la nobleza de la señora Maruja al manifestarle así su ningún resentimiento por el fatal resultado de la operación de su marido.

             Quienes siempre negaron la intervención de terceros en la muerte de Frei fueron la enfermera jefe que estuvo a cargo de su cuidado, Victoria Larraechea, hermana de Martita Larraechea, casada con Eduardo Frei, hijo; el doctor Patricio Silva Garín, por supuesto, quien encabezó la segunda operación, y ahora condenado; el doctor Patricio Rojas, ex ministro del Interior de Frei, que mantuvo esa opinión pese a ser amenazado de sanciones en su partido, el Demócrata Cristiano; el médico y yerno de Frei Montalva, Juan Pablo Beca; y el doctor Eduardo Weinstein. Estos dos últimos estuvieron presentes en la última operación, pero sólo tardíamente fueron citados a declarar por el ministro que sustanció la causa, Alejandro Madrid.

          Cuando quince años después de la operación Carmen Frei comenzó a vocear sospechas sobre la causa de muerte de su padre, nadie la tomaba en serio. Recuerdo que el entonces director de “El Mercurio”, doctor Juan Pablo Illanes, nos refirió en una reunión de redactores que, tras preguntarle al entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle por la denuncia de su hermana, éste le había replicado: “Son cosas de la Carmen”. Nunca su gobierno se hizo parte de ellas ni investigó nada, porque no había nada. Pero en Chile, si usted consigue apoyo de la DC y la izquierda, puede fabricar un caso judicial a partir de nada, sobre todo si eso hace posible formular alguna acusación contra el Presidente Augusto Pinochet.

            A todo esto, en 1997 el mismo doctor Augusto Larraín operó a la actual senadora Isabel Allende de lo mismo que había afectado a Frei y cuando ella, al igual que éste, estaba a las puertas de la muerte con una infección generalizada, acudió al doctor Arturo Jirón, ex médico de La Moneda bajo Allende, quien procedió a reoperarla correctamente, limpiando y esterilizando. También gracias a su menor edad, la senadora pudo salvarse. Ella no tuvo inconveniente en reiterar que no creía en el “asesinato de Frei” porque sabía que los procedimientos del doctor Larraín la habían llevado al borde de la muerte. Eso lo declaró públicamente, pero ya en agosto del año pasado se publicó una opinión suya cambiando de posición y apoyando la tesis del “magnicidio”. Es que “la política todo lo puede”.

                Por supuesto “el político que se sube a todas las micros”, si cree que eso le reditúa apoyos, Sebastián Piñera, ya en su primera presidencia se trepó al “magnicidio de Frei” y le prometió ayuda a la familia para conseguir un pronunciamiento pericial norteamericano, pero con tan mala suerte que, conocido éste, desechó la existencia de rastros de veneno en las muestras que examinó.

                Pero como “la política todo lo puede” hemos vivido más de veinte años de acusaciones sobre “el asesinato de Frei” y algunos momentos culminantes, como cuando Michelle Bachelet, en su primera presidencia, reunió en La Moneda a la prensa y, rodeada de la familia Frei y algunos de sus ministros, denunció que había un informe de la Universidad de Gante, en Bélgica, confirmatorio del envenenamiento. La ministra Vivianne Blanlot declaró, haciendo titulares: “¡El horror no termina!”. Lo malo para la escenificación, que había tenido al país en vilo, fue que “La Segunda” llamó a la Universidad de Gante y comprobó que el publicitado “informe” ¡no existía!. Pero el abogado de la familia replicó categórico: “¡Hay un informe, hay un informe!”. Sin embargo, nunca lo mostró y finalmente renunció al patrocinio de la causa.

                Casi un cuarto de siglo después de la malhadada operación el doctor Augusto Larraín, que nunca había dicho nada aparte de su carta a la señora Maruja, apareció en Chilevisión diciendo, según “El Mercurio” de 19 de agosto de 2006, haber sido citado por el ministro Alejandro Madrid y declarando: “Guardé por 25 años el secreto de mis impresiones respecto de las razones que habían complicado la salud del ex presidente Eduardo Frei Montalva”. ¿Qué médico al cual le han envenenado un paciente se queda callado y no lo denuncia durante 25 años? Reveló que el ministro Madrid le había dado “antecedentes que no conocía” y le había preguntado “sobre la forma en que se pudo producir contaminación externa”, ante lo cual Larraín admitió “que pudo no haber intencionalidad, ya que se podría haber causado por una mala esterilización”. Pero eso no era lo que esperaba Madrid, cuya misión siempre estuvo clara. Tanto que un columnista de derecha de “El Mercurio”, devenido del “No” y detractor de Pinochet, anticipó a mediados del año pasado: “En octubre el juez Madrid probablemente fallará que a Frei Montalva lo mataron”.

            Se esperaba esta “guinda de la torta” del actual régimen del “No”, que ya dura más de 29 años. Pero el fallo no salió en octubre porque también declararon los doctores Eduardo Weinstein y Juan Pablo Beca, ambos presentes en la operación final de Frei y el segundo de ellos casado con una hija del ex presidente, y también ambos contestes en que la muerte se debió a una infección y al retardo en la operación para contenerla, desvirtuando toda tesis de envenenamiento. No era lo que el ministro necesitaba oír, así es que debió demorar su fallo. También en agosto el hijo del doctor Silva Garín había escrito a “El Mercurio” citando las pruebas que desvirtuaban todo envenenamiento. La sentencia debía esperar a que todo eso se olvidara.

                Pero en Chile la mayoría política todo lo puede y la dictadura del “No” exige imputar la muerte de Frei al “enemigo público número 1” del “No”. Contra eso no hay testimonio médico que valga. Al fin Madrid le dijo al régimen del “No” lo que éste necesitaba oír. Eso es lo único que importa: “mataron a Frei”. Ése es el titular hoy aquí y en el resto del mundo. La opinión general se maneja con titulares.

      Pero quedan por delante muchos años: habrá apelación al fallo y posteriores recursos ante la Corte Suprema. Otra generación de chilenos va a vivir con “el caso

Frei” haciendo titulares proclives a los intereses de la izquierda, pero ésta ya tiene una “¡verdad judicial!”: “¡A Frei lo mataron!” ¿Quién? ¡Pinochet, por supuesto! Es lo que se transmite ya a todo el mundo.

             El examen objetivo de la verdad revela cuatro cosas: una, que en Chile la mayoría política todo lo puede; dos, que el Poder Judicial es una vergüenza nacional; tres, que el país puede vivir decenios antes de enterarse de la verdad que la mayoría política es capaz de ocultarle; y cuatro, que se confirma lo visto en los juicios contra Presos Políticos  Militares: lo último que importa es la justicia, la ley y la verdad.

            Pero, sin duda, entre la canalladas urdidas por el régimen del “No” que ya dura 29 años y que ha controlado a su amaño los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ésta ha sido la mayor de todas.

/Blog de Hermógenes