“Es importante que los legisladores tengan una clara comprensión sobre lo que es, y no es, una conducta apropiada”, indicó hace algunos años el Banco Mundial, a propósito del comportamiento del poder legislativo y la promoción de la gobernabilidad democrática. Trece años han pasado y aún somos testigos de acciones controversiales que responden a mecanismos de control político poco eficaces.

El 2018 no fue excepción en lo que a conductas inapropiadas se refiere. Desde los “terroristas con aguinaldo” del diputado Urrutia, pasando por el “te espero afuera” de la diputada Jiles y terminando con “bien muerto el perro” de la congresista Santibáñez. Estos son ejemplos de actitudes por parte de nuestros legisladores que, si bien son propios de la contingencia política, promueven una falla en los mecanismos de castigo en el poder legislativo.

En el caso de la Cámara Baja, el único aparato de control es la comisión de Ética y TransparenciaPropuesta en el año 1996 para promover el accountability interno, sus dos funciones son conocer y sancionar las faltas a la ética parlamentaria y, asimismo, velar por el respeto de los principios de probidad, transparencia y acceso a la información pública. Respecto a la primera, vale preguntarse sobre el significado de la “ética parlamentaria”, a la que se alude. Si la entendemos como un tipo de ethos procedimental, con criterios y orientaciones compartidos, entonces los ejemplos mencionados son un claro atentado esta y, por lo tanto, castigables.

Cabe preguntarnos si podemos confiar en que los congresistas chilenos se vigilen entre ellos para cumplir la ética parlamentaria.

Pero basta una lectura general para comprender que el primero de los problemas radica en los mecanismos de sanción. Cuando el máximo castigo que un organismo colegiado puede otorgar es monetario, se convierte en un incentivo perverso porque, en la medida de que el culpable pague su deuda –acto factible para los congresistas chilenos–, existiría la posibilidad de seguir cometiendo el mismo error, perpetuando una cadena de faltas que, al final del día, generan mayor costo mediático que de otra índole.

Pese a lo anterior, la real controversia de la comisión de Ética va de la mano con su segunda función. Si a cada comisión se le exige la transparencia de sus sesiones y discusiones de proyectos de ley, entonces el organismo en cuestión es el menos transparente de sus pares. Sin publicaciones de sus acciones, esta comisión es tratada con un nivel de discrecionalidad que se contradice con el principio de control democrático que debiese ejercer sobre los actos enviciados de los congresistas.

Estos dos problemas esbozados responden a una cuestión de fondo: la existencia de un error en el diseño institucional de la comisión de Ética y Transparencia. El caso chileno responde a un sistema autorregulado similar al de países como Grecia y Polonia, que tiene lugar cuando los principios de probidad y rendición de cuentas, propios de la ética parlamentaria, son respetados. Esto quiere decir que los políticos son capaces de sostener este tipo de comisión en la medida de que busquen mantener la integridad de la institución.

Cuando la rendición de cuentas queda a cargo de políticos, corre el riesgo de transformarse en un tablero de ajedrez donde lo único que se busca es un jaque mate partidista. Incentiva así la manipulación de un mecanismo que, en vez de promover la ética parlamentaria, la corrompe.

Sin embargo, cabe preguntarnos si podemos confiar en que los congresistas chilenos se vigilen entre ellos para cumplir la ética parlamentaria. Esta idea pierde cada vez más credibilidad si, además de lo expuesto, tomamos en cuenta los casos de corrupción política que han salido a la luz. Porque cuando la rendición de cuentas queda a cargo de políticos, corre el riesgo de transformarse en un tablero de ajedrez donde lo único que se busca es un jaque mate partidista. Incentivando así la manipulación de un mecanismo que, en vez de promover la ética parlamentaria, la corrompe.

Así las cosas, ante los legisladores se presenta un conflicto de interés, puesto que una de sus funciones es la de canalizar las necesidades de su electorado y las prioridades de su partido. Por lo mismo, la dificultad de controlar los actos parlamentarios no radica, per se, en si los congresistas son o no corruptos, sino en que la naturaleza de sus cargos amerita que estén constantemente enfrentados entre la ética y el interés.

Si queremos perfeccionar nuestro sistema político será necesario avanzar en materia de integridad y rendición de cuentas. El poder legislativo no es ajeno a este objetivo, por lo que la modernización de los mecanismos de control a nivel interno es fundamental. En la actualidad, la función que dio inicio en su momento a la comisión de Ética y Transparencia es más importante que nunca. Por lo mismo, ya es hora de buscar un nuevo diseño institucional que pueda cumplir la tarea que se le encomendó: promover el control democrático.

/Escrito por Francesca Zaffiri para El Líbero