Fedecamaras, símil de la CPC chilena, ha sido testigo de la destrucción del sector privado en Venezuela. Su presidente, Carlos Larrazábal, detalla a PULSO la enorme disminución de empresas, la partida de las multinacionales y el resultado de las expropiaciones, mientras mantienen una demanda contra la administración de Nicolás Maduro en la OIT, no por lo anteriormente enumerado, sino por negarse a mantener un diálogo social.

La relación es diametralmente opuesta con la Asamblea Nacional y Juan Guaidó, quien visitó a la gremial hace dos semanas. Allí reafirmó, ante una audiencia de 400 empresarios, que respalda el restablecimiento de una economía de mercado, asegurando que la inversión privada será fundamental para la recuperación.

¿Dialogan con la administración de Nicolás Maduro?

-Desde hace varios años Fedecamaras presentó una denuncia en la OIT, por la violación de convenios internacionales de obligatorio cumplimiento sobre el diálogo social.

Se incumplieron tres convenios: el número 26, que obliga a que los aumentos de salarios se discutan entre trabajadores, empleadores y el gobierno; el 87, que prohíbe perseguir a la empresa privada y a sus líderes sindicales y gremiales; y el 144, que obliga a que todas las leyes económicas también se discutan de manera tripartita.

La OIT aplicó el artículo 26 de sus estatutos, que es la penalidad máxima de investigación hacia un Estado miembros, estableciendo una comisión para verificar el incumplimiento. Eso se ha hecho, en 100 años, solo en 12 casos, todos extremos.

¿Y con Juan Guaidó?

-El Presidente Guaidó visitó Fedecamaras hace dos semanas, donde se reunió con más de 400 empresarios, y al día siguiente tuvo reuniones con sectores agrícolas y de alimentos, por más de tres horas, para recuperar la producción. El lunes se reunió con el sector de Turismo.

Además, con el equipo de la Asamblea Nacional hemos participado con propuestas para que se incluyan en el Plan País, en materia fiscal y cambiaria, señalando además todas las trabas que tiene la empresa privada para operar.

¿Hubo compromisos de Guaidó?

-Él es partidario de una economía de mercado. Para la recuperación Guaidó pide el respaldo de la inversión privada y los empresarios están comprometidos.

Además, el jueves pasado, en un mismo auditorio Guaidó se juntó con todas las fracciones sindicales, buscando su apoyo con el compromiso de recuperar el valor del salario, en vistas de que el mínimo está en US$7 mensuales.

¿Qué tan deteriorado está el sector privado en este momento?

-En 1998, cuando arrancó la revolución bolivariana, en el sector industrial teníamos más de 12.500 empresas y ahora no pasan de 3.000, operando al 20%-25% de su capacidad. Nosotros teníamos más de 600.000 empleadores en esa época, al principio del gobierno del Presidente Chávez, ahora se estima que esa cifra no llega a unos 200.000. Y digo “se estima”, porque el gobierno ya no publica cifras.

Entonces, en base a estimaciones privadas, también podemos decir que se fueron más de 60 multinacionales y las que quedan desconsolidan sus operaciones en Venezuela. Entre las que se han ido recientemente está Kimberly-Clark y Kellog’s, que llevaba más de 60 años operando en el país,

Las empresas multinacionales varias veces se han ido de manera abrupta, porque en ocasiones cuando una empresa cierra el gobierno lo interpreta como una decisión política y tratan de meter presos a sus directivos.

¿Qué rol tuvieron las expropiaciones en el proceso?

-El gobierno de Chávez por decreto estableció que todo el sector privado era de utilidad pública, por lo que ya no requería la autorización de la Asamblea Nacional para expropiar. De esta manera, entre 2007 y 2012 se confiscaron más de 1.500 establecimiento de empresas y más de cinco millones de hectáreas de tierras fértiles. Buena parte de lo expropiado hoy está paralizado.

En el sector agroalimentario el gobierno tomó el control de más del 50% de la producción de harina y entre 30% y 40% de la de arroz. El gobierno ahora controla todas la empresas de cemento y no se puede conseguir un saco si no es a través del mercado negro. Así se puede sumar y seguir.

¿El Estado no se hizo cargo de lo que expropió?

-Las empresas expropiadas fracasaron porque se manejaban políticamente. Ejemplo de ello es la emblemática metalúrgica Sidor, que cuando estaba en manos privadas producía 4,3 millones de toneladas de acero líquido, hoy en día no produce nada y el año pasado producía al 10% de su capacidad.

Eso pasó, entre otras cosas, por el modelo de control obrero, donde la gerencia era escogida por votación de los trabajadores, lo que llevó que las gerencias quedaran a cargo de personas sin expertise. Eso también quedó reflejado cuando en 2002 y 2003 Chávez despidió a más de 20.000 técnicos de la industria petrolera, porque supuestamente no eran afines a la revolución, los mismos que ahora hacen surgir a las petroleras en Colombia, Canadá o Medio Oriente.

¿Funcionarios de gobierno ganaron con las importaciones?

-Con el boom petrolero había un control de cambio, donde las asignaciones de divisas las daba el mismo Estado sin ningún tipo de transparencia. De hecho, el ex ministro de Planificación, Jorge Giordani, que ahora está en contra de Maduro, denunció que se montaron empresas fantasmas que importaban de forma fraudulenta más de US$20.000 millones. Hay sistemas de corrupción tremendos que ha enriquecido a funcionarios públicos.

/Entrevista de Francisca Guerrero para Pulso