Si bien aún no se presenta al Congreso, la idea del gobierno de proponer un sistema alternativo de indemnización por años de servicio ya ha causado diferencias en el mundo sindical y político.

De acuerdo a estimaciones que contempla el gobierno a través de datos administrativos del Seguro de Cesantía, solo el 6,5% de los trabajadores con contrato indefinido y que fueron despedido por necesidades de la empresa en 2018 hicieron cobro de este derecho, que en la actualidad corresponde al pago de un mes por año de servicio con un tope de 11 años.

Frente a esta baja cobertura es que desde el Ejecutivo quieren presentar un proyecto con un sistema alternativo, que sea a todo evento, es decir en caso de renuncia o despido por cualquier causal y, además, voluntario para el trabajador, pero el pago sería de medio mes por año.

Ante este panorama hay partidos de la oposición (DC y PS) que han rechazado la posibilidad de debatir ante estos ajustes. Desde el oficialismo el apoyo es transversal. Más allá de estas posturas, el proyecto, de ser ingresado, deberá ser analizado por la Comisión de Trabajo quienes fijan sus posturas.

Comisión de Trabajo. Desde el oficialismo la postura es más abierta al diálogo. El diputado UDI Patricio Melero señaló que “es una propuesta positiva y que se adecua bien a los cambios que el mercado del trabajo está teniendo hoy en Chile. Mientras se mantenga el carácter voluntario (propuesta) para el trabajador, no veo en qué puede afectar los derechos laborales”.

Algo similar fue lo que opinó el diputado de Guillermo Ramírez (UDI) quien apoya la propuesta del Ejecutivo, pero con matices. “La idea es tener un mecanismo que sea inteligente y que mantenga protegido al trabajador, no dejarlo demasiado parecido a como está. No soy partidario de simplemente eliminar la idea de bajar los meses por año de servicio, sino de cambiarlo por algo que esté mejor pensado”, explicó.

Otro que consideró que el trabajador debe ser el eje central de esta discusión es el diputado Eduardo Durán (RN), quien sostuvo que “la propuesta parece sensata, porque se aplicaría para contratos futuros y no afectando a los contratos de trabajo vigentes, siendo el trabajador el centro de esta legislación, donde sería él, en acuerdo con el empleador, quien podrá decidir a cuál sistema adherirse”.

Al mismo tiempo, el diputado Francisco Eguiguren (RN) indicó que “es una propuesta que va en la dirección de proteger a los trabajadores. Lo sensato y prudente es estudiar las materias antes de rebatirlas y rechazarlas. No se puede rechazar un proyecto de ley sin conocerlo y estudiarlo”.

Esta visión fue compartida por el diputado Ramón Barros (UDI), quien consideró que “estas transformaciones siempre están sujetas a desinformación, por eso hay que entender bien qué es lo que se busca, pero creo que en la medida que sea voluntario podemos entrar a un debate súper interesante sobre el tema”.

Desde la oposición, hay quienes no ven de manera positiva la idea y han descartado apoyarla. Tal como opinó el presidente de la instancia, Gastón Saavedra (PS) quien señaló que “tiene una mirada regresiva, por eso yo no estoy por legislar en esta materia así como está presentándolo el gobierno (…) más bien estaría porque se legislara en función de la actual monto y agregarle a todo evento”.

El diputado Tucapel Jiménez (PPD) acotó que “uno no puede oponerse a discutir un tema tan importante para los trabajadores, pero quisiera ver las estadísticas primero, saber la opinión de la CUT, de las centrales de los trabajadores y en base a eso tomar una decisión final”.

A su vez la diputada Gael Yeomans (RD) ha descartado sumarse a “cualquier proyecto que venga a perjudicar y a retroceder en derechos a los trabajadores, porque primero hay que preguntarse a qué intereses está respondiendo y yo veo claramente que los intereses son de los empleadores”.

 

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