Los profesionales de la salud que trabajan en los servicios públicos del país están en alerta, tras la decisión del Gobierno de obligarlos a ser parte del equipo de “voluntarios” que realizará el Censo el próximo 19 de abril.

El tema lo hizo público ayer el doctor Raimundo Charlín Edwards, del hospital Salvador, en una carta a “El Mercurio”, en que denuncia que sus colegas del Servicio de Oftalmología “han sido conminados a participar en el Censo en calidad de ¡obligación! para los funcionarios de planta y contrata. Esta obligación rige para médicos de gran experiencia y de enorme demanda en el área privada, y que son los pocos que van quedando en los hospitales públicos, animados únicamente por su espíritu de servicio y por su afán de devolver lo que aprendieron en dichos hospitales”.

En la misiva agrega que el feriado se les compensará a los médicos con un día y medio de trabajo, “dejando con ello de atender nuestras largas listas de espera de pacientes citados con meses de anticipación. ¿No es esto absolutamente kafkiano? ¿Qué locura colectiva ha hecho presa de Chile?”, concluye el profesional.

Según información que tuvo este medio, dentistas que trabajan en los consultorios de Estación Central y Curicó también fueron obligados a censar ese día. En los servicios de salud del país, incluidos los municipales, trabajan alrededor 14 mil médicos.

387 días espera una persona para ser atendida por un especialista

La lista de espera de quienes esperan por una cirugía o un especialista ha crecido en forma considerable durante los últimos dos años.

Es lo que ocurre con la lista de espera de cirugías de enfermedades GES, que a diciembre de 2016 fue de 137 mil pacientes, cifra superior a los 126 mil que había en diciembre de 2015. En diciembre de 2013, en cambio, sólo había 2.766 personas en lista de espera, que se logró reducir durante la gestión del ministro Jaime Mañalich desde 380 mil en marzo de 2010, cuando asumió.

En promedio, los usuarios del sistema público de salud esperan 387 días para ser atendidos en un recinto hospitalario. Además, la lista de espera para atenderse con un especialista llegó a 1,6 millones de personas, quienes esperaron en promedio 295 días.

La inédita decisión del gobierno de obligar a los funcionarios públicos a censar

La polémica se generó por la decisión del Ejecutivo de -ante la falta de censistas- activar una antigua cláusula de la ley 17.374 para obligar a los funcionarios públicos del país a participar como censistas, obligación que nunca antes se había activado.

De hecho,  Ximena Clark, directora del INE, admitió que en los censos pasados el 70% de los voluntarios eran estudiantes de tercero y cuarto medio, tendencia que no se observa en la encuesta de este año, en que la mayoría de los inscritos son funcionarios públicos.

La resolución exenta 189 del Ministerio de Economía del 1 de diciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial el pasado 31 de enero, “regula la ejecución de tareas encomendadas a funcionarios públicos”, y recuerda que “todos los funcionarios y personal de los órganos de la Administración del Estado, que deban participar en el levantamiento censal, estarán obligados a cumplir con las funciones que le sean encomendadas para tal efecto”.

El documento -que cita la ley 17.374- establece explícitamente que los organismos fiscales, semifiscales, empresas del Estado, municipalidades y las Fuerzas Armadas “deben facilitar toda clase de auxilios y ayudas proporcionando personal, medios de movilización y demás elementos de que dispongan”.

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