La búsqueda de la verdad ha apasionado y dividido a los seres humanos desde siempre. ¿Existe, es objetiva, subjetiva, plural, provisional o definitiva? Para los creyentes Dios es la verdad absoluta, para los que no lo son es solo el producto de la razón, por lo tanto, es limitada y cambiante. La modernidad cambió el paradigma respecto del estatuto de la verdad, solo podrá reclamar tal pretensión lo que se haya obtenido mediante un procedimiento, los hombres de ciencia lo llamarán el método científico, los juristas dirán que es el resultado de un proceso.

Así surgen dos tipos de verdad: la material y la procesal, siendo la segunda una expresión relativamente modesta, es apenas aquella realidad -o una parte de ella- que se ha podido demostrar bajo las ritualidades y por los medios que la ley dispone. El mayor temor de todo juez es que la verdad procesal, que a él le corresponde decir en la sentencia, no coincida con la verdad material, o sea, no se ajuste a la realidad y sea una sentencia injusta.

Por eso, aunque el estado de derecho se funda en el respeto absoluto a la verdad judicial en sus efectos, ella estará siempre sujeta al escrutinio intelectual. Hay fallos buenos y malos, cuando quedan ejecutoriados ambos producen el mismo efecto jurídico, pero su fuerza moral es muy diferente. Quienes durante años reclamaron por el rechazo a los recursos de amparo que se interpusieron a favor de los detenidos desaparecidos debieran comprenderlo muy bien.
La sentencia que, en primera instancia, condena a varias personas por el delito de homicidio simple cometido en la persona del expresidente Eduardo Frei Montalva, tiene dos características: primero, no está ejecutoriada, por lo que no produce aún ni siquiera el efecto de verdad procesal; y, en segundo término, basta su sola lectura para ver que es una mala sentencia. Decir esto último no implica afectar su validez, ni menoscabar el estado de derecho, ni menos ser “negacionista”, como se ha afirmado torpemente. Es pura y simplemente ejercer el derecho a pensar, tener opinión y expresarla.

Por ello, el rector de la Universidad Católica está en todo su derecho de defender a los profesores de esa casa de estudios, respecto de los cuales no pesa una condena ejecutoriada. Más aún, si mañana existiera tal condena, podría seguir pensando que son inocentes y declararlo públicamente, pues los fallos, como todo acto de autoridad, se acatan, pero están sujetos al escrutinio público, siempre que sea respetuoso y razonado.

No se convierte la verdad procesal en material por mera imposición, ni se puede sancionar al que piensa distinto. Decir: esto es la verdad y punto, más parece ansiedad por afirmar una sentencia a todas luces frágil.

/Escrito por Gonzlo Cordero para La Tercera