Las dificultades para la realización de la nueva Prueba de Transición Universitaria (PTU) siguen presentes, aun cuando estamos a solo días de la fecha. Primero la pandemia y las medidas de restricciones por el aumento de casos de Covid-19 de forma paralela al rendimiento de la prueba. Y ahora, con una amenaza de parte de la Aces (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios) para boicotear nuevamente el proceso.

Las autoridades intentan evitar que se repita el difícil panorama que vivieron los estudiantes a principios de este año cuando rindieron la última PSU en medio de hechos de violencia que provocaron la cancelación de la prueba de Historia y la repetición de otras.

Los problemas que podrían estar asociados al coronavirus ya estarían controlados. Se establecieron una serie de modificaciones para realizar la prueba. Se aplicará de forma diferida en dos grupos, uno que la rendirá el lunes 4 y martes 5 de enero y otro el jueves 7 y viernes 8 de enero, para reducir el aforo en los locales y respetar la distancia entre los 268 mil estudiantes que la rendirán. Además, se realizará un test excepcional a fines de enero a quienes se hayan inscrito y que, durante esos días, estén en cuarentena por haberse contagiado o ser un contacto estrecho.

“Los protocolos de salud están diseñados para el caso más extremo, por lo tanto, está contemplado que, incluso si en algún territorio estuviese declarada una cuarentena, la prueba se rinde”, dijo hace unos días el ministro de Educación, Raúl Figuroa.

De esta manera buscan evitar cualquier tipo de inconvenientes que dificulten la correcta rendición de la prueba y, de hecho, llaman a la tranquilidad de los estudiantes porque habrían aprendido de lo sucedido a principios de año. Y aunque los llamados de la ACES no han sido del todo claros, ni se ven organizaciones como las del 2019, las autoridades están tomando medidas.

El mes pasado, Víctor Chanfreau, ex vocero y actual relacionador público de la organización, quien se había mantenido fuera del protagonismo durante este año, reapareció para entregar las primeras señales de un eventual boicot. Dijo en radio Biobío que la funa no estaba resuelta, pero que “existen ánimos de movilización”. “Se va a tener que evaluar con las distintas organizaciones, con los distintos secundarios de todo el país, no es una decisión que podemos tomar solo desde la Aces”, agregó.

Pero, aunque no son ellos quienes deciden, según Chanfreau, la Aces movilizó el boicot a la PSU rendida en enero de este año, perjudicando a miles de estudiantes que no pudieron rendir la prueba, además de sabotear el Simce, tomarse sedes de partidos y hacer llamados a no participar en elecciones democráticas. Desde el 2000, cuando se creó la organización, tienen un historial marcado por sus acciones radicales.

Todas estas situaciones se llevaron a cabo tras el 18-O, en un clima de extrema violencia propiciado por las movilizaciones en el contexto del estallido social, lo que facilitaba cualquier revuelta adicional. Condiciones y niveles a los que no se ha llegado este año.

Podrá ser por un contexto nacional diferente, la pandemia, la pérdida de popularidad del movimiento o el rechazo transversal que creció a principios de año por el boicot a la PSU, lo cierto es que quienes siguen los movimientos de la Aces desde cerca, aseguran que la organización no es la misma.

La pandemia y los aforos reducidos les habrían complicado las gestiones, dicen, sumado a que fue un año difícil para los estudiantes y el apoyo para evitar el proceso no sería el mismo, por lo que un llamado masivo a movilizarse podría terminar en un fracaso para la Coordinadora. Se puede ver que no han hecho un llamado claro a movilizarse para sabotear la PTU, sino que dejan en libertad de acción a los estudiantes secundarios.

Así se refleja en su último comunicado de prensa, publicado el 23 de diciembre en sus redes sociales, en el que la Aces deja las acciones a decisión de los secundarios. “Entendemos que este ha sido un año especialmente duro y complejo para todos, y por ellos es que comprendemos que hay compañeros que tienen la necesidad de dar la prueba” y agregan: “Quien quiera dar la prueba que la dé, al igual como quien quiera movilizarse que lo haga”.

De todas maneras, advierten: “nosotros seguiremos movilizándonos porque la revuelta no olvida”. Y así lo han hecho saber en las manifestaciones que han llevado a cabo durante este mes, donde junto a otras consignas, amenazan con el sabotaje de la Prueba de Transición, ya que, según la organización, los cambios entre la PSU y la Prueba de Transición no son suficientes.

El boicot a la PTU como “pantalla” de nuevas consignas

El 16 de este mes un grupo de estudiantes liderados por los líderes de la Aces, Víctor Chanfreau, Ayelén Salgado y los actuales voceros Catalina Sepúlveda Garay, Isidora Godoy y Marcos Fauré, se tomó la oficina regional del Sename en Providencia y lanzaron la primera advertencia del boicot.

Pero la toma tenía como objetivo principal: exigir la liberación de las personas que se encuentran en prisión preventiva y que fueron detenidas realizando disturbios en las diversas protestas durante el estallido. Con la consigna de que “en Chile el Estado segrega en la cárcel y en la escuela”, los estudiantes se agolparon en las puertas del recinto. Modus operandi que ya habían realizado en noviembre cuando se encadenaron en el ex Congreso Nacional, junto a familiares de presos por delitos post 18-O “para exigir Ley de Amnistía a los y las encarceladas en el contexto de estallido social”.

| Estuvimos en ex congreso exigiendo ley de amnistía para presxs politicxs! viernes iremos hacia la moneda a exigir q se vaya piñera! Mantener presión en la calle es lo q nos queda ante partidos políticos q solo defienden intereses empresariales! #FueraPiñera #SegundoRetiroAFP pic.twitter.com/XgZ0QabhtX

— ACES – CHILE (@AcesChile) November 27, 2020

Catalina Sepúlveda aseguró entonces que “este proceso no se va a dar sin ellos”, refiriéndose a los jóvenes que deben rendir la próxima prueba y que están privados de libertad. Y el también vocero de la organización, Marcos Fauré, aseguró que “no descartamos movilizaciones. Nos vamos a movilizar en contra de esta prueba porque en el fondo sigue siendo lo mismo que la PSU, no han cambiado nada”.

Sepúlveda agregó que “la responsabilidad si hay un boicot o si hay un impedimento para dar esta prueba es solamente de ellos (autoridades del Gobierno), porque siguen manteniendo este sistema segregador”. Y que “las formas de manifestación las decidirán los y las secundarias en sus respectivos espacios. Cada uno se va a expresar como lo estime conveniente y está en todo su derecho de hacerlo”.

Pero las amenazas no quedaron ahí, ya que el 22 de diciembre protagonizaron una nueva toma. Esta vez un grupo de 60 estudiantes se agolpó y se volvió a encadenar en las puertas de la sede del Demre en Ñuñoa para exigir acceso universal y gratuito a la educación y medidas para quienes interrumpieron sus estudios producto de la pandemia.

| #DemreEnToma #AccesoUniversal #NoMasSegregacion
Exigimos respuestas a demandas q hemos levantado hace más de una década exigiendo el fin a las pruebas estandarizadas y el acceso universal y gratuito a la educación superior. pic.twitter.com/aKOVIIMU4S

— ACES – CHILE (@AcesChile) December 21, 2020

En el lugar volvieron a dejar en libertad de acción a los estudiantes y señalaron que “las medidas que se tomen dependerán de los estudiantes de cada una de las sedes, al igual que fue el año pasado. No fue solo el llamado de la Aces a movilizarse el que movilizó a la gente, sino que también la rabia acumulada contra este sistema que históricamente nos ha segregado”.

Según la Coordinadora, se reunieron hace 4 meses con el Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas y con la directora del Demre, Leonor Varas, para exigirle acceso universal a la educación superior, pero aseguran que “quedaron nuestras demandas y propuestas encima de la mesa”.

En sus redes sociales insisten en que “no existen las condiciones para poder dar este proceso” y aseguran que “los secundarios no dejaremos de movilizarnos hasta transformar el modelo en Chile”.

Como respuesta ante las amenazas, un grupo de apoderados, estudiantes de cuarto medio y profesores acudieron al los Tribunales de Justicia para introducir un recurso de protección directamente contra los cinco dirigentes principales de la (ACES): los relacionadores públicos y voceros durante el boicot pasado Víctor Chanfreau y Ayelén Salgado, sumado a los voceros 2020 Catalina Sepúlveda Garay, Isidora Godoy y Marcos Fauré.

“Nuestro propósito es evitar a toda costa el boicot”, dijo el alumno Matías Gerdtzen, quien agregó que presentaron este recurso en nombre de todos los estudiantes que ven en la educación una oportunidad de salir adelante. “No queremos que se atente de manera violenta con el proceso y el derecho legítimo que tenemos los estudiantes de cuarto medio a rendir la prueba de transición”, agregó Gerdtzen, miembro de Educación para Chile, un proyecto de la Fundación ChileSiempre que colabora con la iniciativa “No más boicot”.

Últimamente, la Aces no se ha referido permanentemente a temas educacionales, sino que se han visto involucrados en varias ocasiones en manifestaciones pidiendo la “amnistía” de quienes fueron detenidos desde el 18 de octubre del año pasado.

A juicio de Tomás Bengolea, presidente de ChileSiempre, la Aces “asume como propia la agenda de la izquierda más radical tomando consignas de lo que podría ser el Frente Amplio”. Agrega que “están usando el boicot como medio para promover, por ejemplo, la liberación de los ‘presos políticos’ porque hay menores que participaron y dijeron ‘si no liberan a nuestros compañeros, boicoteamos’”.

Quiénes lideran la Aces

Catalina Sepúlveda y Marcos Fauré son parte de la nueva generación que está liderando esta agenda de la organización desde las vocerías. Fauré salió del Colegio Rubén Darío de La Reina y entre sus planes tiene estudiar una carrera artística, pero no sería su prioridad. En octubre de este año señaló en una entrevista: “Si es que es necesario volver a protestar y que por ello me quede sin la posibilidad de entrar a la universidad me importan bien poco la verdad”.

Por su parte, Catalina Sepúlveda Garay fue una de las detenidas en el marco del boicot a la PSU. La estudiante fue formalizada por la “Ley Antisaqueos” tras golpear el escudo de un funcionario de Fuerzas Especiales y lanzar un objeto contundente en las afueras del Liceo Darío Salas en Santiago. Quedó con firma mensual durante los meses que duró la investigación.

Aunque con menos protagonismo que el año pasado, Víctor Chanfreau y Ayelén Salgado no han salido del movimiento, sino que tras ser las caras del primer boicot, pasaron a tomar el rol de relacionadores públicos de la Aces.

Chanfreau ha impulsado a la Asamblea a unirse con la Coordinadora 18 de Octubre, de la cual también es parte, en distintas convocatorias, todas con el objetivo de luchar contra los “prisioneros políticos”, de hecho últimamente se le ha visto participando en programas de televisión para hablar de este tema.

“Entendemos que la prisión política no comienza del 18 de octubre en adelante sino que no se detuvo con el fin de la dictadura cívico-militar. Por lo tanto es necesario que luchemos por la totalidad de los prisioneros políticos exigiendo amnistía sin condiciones para los compañeros de la revuelta y la derogación del Decreto 321 para los presos de larga condena, como en este caso ‘Ramiro’”, afirmó Chanfreau durante la actividad fuera del ex Congreso. Con ello, es parte de una campaña a favor del ex frentista Mauricio Hernández Norambuena -“Ramiro”- quien está condenado por el asesinato del senador UDI Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristián Edwards

El estudiante salió del Liceo Experimental Manuel de Salas y es nieto de Alfonso Chanfreau, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria que fue detenido y desaparecido 1974, y de Erika Hennings, viuda del mirista e integrante del Espacio de Memoria Londres 38. También está inscrito para rendir la prueba este año.

Ayelén Salgado, la otra ex vocera de la Aces estudió en el colegio Notredame de Peñalolén y en algunos de sus perfiles se lee que su abuelo fue un ejecutado político. Ambos siguen de cerca las labores que realiza la Asamblea y asisten a las convocatorias.

6 mil uniformados para resguardar el proceso de la PTU

Las autoridades están implementando medidas importantes para no repetir los desmanes de la PSU que provocaron que al menos 80 mil estudiantes, según cifras de Gobierno, se vieran afectadas por las protestas convocadas por las organizaciones. Un ausentismo que repercutió en las matrículas, los puntajes de corte y las metodologías de las universidades para lograr seleccionar a quienes rindieron la prueba.

El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, señaló la semana pasada que durante todo este año se han juntado con instituciones, agrupaciones y entidades, incluso se reunieron con la Aces en septiembre de este año. Pero, cuando los volvieron a convocar hace unos días para conversar sobre las pruebas necesarias para Chile se restaron.

Además de las medidas para enfrentar la pandemia, las autoridades modificaron las estrategias de seguridad. Vargas aseguró que “todos los locales van a contar con resguardo policial en el interior y exterior de cada uno de ellos”.

Desde Interior aseguraron que contarán con 6 mil uniformados a nivel nacional, repartidos en los casi 600 establecimientos educacionales, que se conocerán recién el 2 de enero, y también en las imprentas donde se harán los facsímiles. Los funcionarios deberán hacerse cargo de asegurar el traslado de la prueba a los locales, disponer los anillos de seguridad y controlar el acceso al lugar de rendición del examen mediante la toma de temperatura y la verificación de su inscripción.

Ante el boicot, el subsecretario Vargas señaló que “ellos no han sido del todo claros en su llamado”. Y agregó que “el año ha sido suficientemente complejo como para que sus propios compañeros quieran hacerlo más difícil”.

Por Daniela Bas para ellibero.cl

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