“El señor Daniel Jadue expresó que esta sería la primera y última vez que nos reuniríamos, que de existir algún otro proyecto nuevo se realizaría reunión con los encargados de organizar las licitaciones. Por parte del municipio informó que sería la señorita Gianinna Repetti con el apoyo externo de los señores José Luis Ortega y Pablo Bulboa. Cabe señalar que el señor Jadue aseveró que estas negociaciones eran de extrema confianza, que ni a mi mujer debía contar, que de caminar todo bien, sería extremadamente beneficioso para mi empresa y la comunidad recoletana”.

Este relato corresponde a César Andrés Salazar Salamanca, en una declaración que presentó ante el Ministerio Público.

Salazar es el representante legal de Ingeniería construcción e inversiones Rosachi Limitada, empresa que en 2016 se adjudicó, vía contratación directa, el proyecto de Inversión Conservación Liceo Valentín Letelier con la municipalidad de Recoleta.

Las obras incluían un presupuesto de $957.846.000, entregado por el Gobierno Regional Metropolitano al municipio, a través del “Convenio de Transferencia N°48” del 26 de febrero de 2015 y promesas de provechosos negocios para ambas partes.

| “El señor Jadue aseveró que estas negociaciones eran de extrema confianza, que ni a mi mujer debía contar, que de caminar todo bien, sería extremadamente beneficioso para mi empresa y la comunidad recoletana”, relató ante la fiscalía el empresario de la constructora.

Pero hoy el escenario cambió y los protagonistas del negocio se encuentran en medio de una investigación por fraude al fisco, querellas, acusaciones de falsificación de documentos e incluso la participación del Consejo de Defensa del Estado. Actualmente la causa se encuentra en tramitación en el 3º Juzgado de Garantía de Santiago.

Un tema que toca al mismo alcalde Jadue y a personal de su confianza en la municipalidad, y que se suma a la crisis por la que atraviesa el presidenciable del Partido Comunista desatada desde el “caso luminarias”.

En el escrito presentado a la Fiscalía, César Salazar, uno de los querellados en la causa, relata con detalles el encuentro que sostuvo con el alcalde Jadue y los “facilitadores de licitación” Jose Luis Ortega y Pablo Bulboa, ocurrido en 2015. En el texto se lee: “En la reunión, la cual fue liderada por el Alcalde Sr. Daniel Jadue Jadue, después de las presentaciones, de inmediato fue al foco del tema que nos atañía, obras de conservación del Liceo Valentín Letelier, inició exponiendo respecto de compromisos de las obras con la comunidad recoletana. Posteriormente el señor Jadue inició conversa con el señor José Luis Ortega respecto de temas inherentes a deudas con la comunidad Palestina, deuda que aún poseía desde su campaña anterior a la alcaldía, así mismo, expresó la importancia de lograr las metas trazadas para la campaña correspondientes a las elecciones año 2016”.

El 26 de enero de 2016, el Concejo Municipal, ante la propuesta del Municipio, aprobó la contratación directa de la empresa Rosachi de César Salazar para las obras en el Liceo Valentín Letelier.

Rosachi S.A. debía presentar, entre otros antecedentes, una boleta para garantizar el fiel cumplimiento de las obras, por el 10% del valor del contrato celebrado, la que no fue entregada al momento de la celebración del convenio. Posteriormente, la empresa presentó copia de la boleta de garantía no endosable en pesos, del Banco de Créditos e Inversiones, N°18146235 por la suma de $94.160.179; el certificado de inscripción vigente Nº96709 en el Registro A2, Segunda Categoría, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y; la póliza de seguro Nº2693559, de Chilena Consolidada Seguros Generales S.A., siendo todos estos documentos falsos.

En declaración a la Fiscalía, Salazar dice: “No fui la mente organizadora, no operé información confidencial con el municipio de Recoleta, no manipulé y menos falsifiqué instrumento privado. Mi gestión solo se abocó a la construcción de las obras, obras que hablan por sí mismo”.

Y agrega: “Toda responsabilidad de la falsificación expuesta en querella, fue el resultado y responsabilidad de la función de los gestores de licitaciones junto a altos funcionarios de la Municipalidad de Recoleta, ellos fueron quienes maquinaron todos los antecedentes falsificados”.

El contrato se llevó a cabo “produciendo un perjuicio para las arcas fiscales ascendente a la suma aproximada de $ 1.000.000.000 (mil millones de pesos)”, de acuerdo con la querella presentada el 29 de octubre de 2020 por el Consejo de Defensa del Estado.

| “Personalmente me recomendaría con sus amigos de confianza, también alcaldes, que, por ejemplo, se reunía al menos 2 veces a la semana a almorzar con el alcalde de Huechuraba Sr. Carlos Cuadrado, que en Huechuraba había varias obras que estaban en proceso de pronta licitación”, dice en su declaración el empresario.

El CDE denuncia una serie de maniobras realizadas por los funcionarios municipales, Gianinna Repetti Lara -quien actualmente se desempeña como Administradora Municipal y al momento de los hechos era la directora de la SECPLA- y Vilcia Quezada Martínez -quien al momento de los hechos y hasta la actualidad se desempeña como funcionaria municipal- quienes habrían hecho las veces de intermediarias con los llamados “gestores de licitación”, Jose Luis Ortega Álvarez y Pablo Bulboa Quezada, y con la empresa Rosachi.

Abogado de las llamadas telefónicas del caso Luminarias representa a brazo derecho de Jadue

Gianinna Repetti es el brazo derecho de Jadue en Recoleta y es representada en esta causa por el abogado Ramón Sepúlveda Castillo, asesor jurídico del alcalde Daniel Jadue -y de otras figuras del Partido Comunista- y que es uno de los protagonistas de las llamadas telefónicas interceptadas por la PDI, a petición del Ministerio Público, que complican al edil en el caso luminarias.

En los últimos movimientos de la causa, Sepúlveda presentó hace una semana, el 8 de enero, una solicitud al tribunal para que envíen “las resoluciones judiciales recaídas en este proceso como las demás actuaciones que se realicen en la presente causa” a un nuevo correo que indica en el escrito “toda vez que debido a un problema técnico dejé de tener acceso a mi correo, teniendo que crear uno nuevo”.

La Municipalidad de Recoleta presentó una querella en agosto de 2016 contra quienes resulten responsables por la “falsificación de instrumento privado y uso malicioso”.

Sin embargo, el 6 de noviembre de 2020 el CDE pidió al tribunal la exclusión del municipio como querellante. El 1 de diciembre el 3º Juzgado de Garantía de Santiago acogió la petición, decisión que fue apelada por Recoleta. Según se lee en el detalle de la causa, en resolución del tribunal, del 11 de diciembre de 2020, la municipalidad afirmó que “nosotros hemos sido diligentes, y gracias a nosotros se inició este proceso, partes activas que hemos puesto toda la documentación que en su momento hemos recabado a los órganos que corresponden”.

No obstante, el tribunal resuelve a favor del CDE y saca a la municipalidad como querellante argumentando: “El artículo 175 del Código Procesal Penal, obliga a todo funcionario público a denunciar aquellos delitos de los cuales toma conocimiento en su servicio o bajo su cargo, eso es legal, no una cuestión que pueda ser valorada en sí misma. Pero sin perjuicio de aquello aquí se ha dicho, que aparecen algunas personas que intervienen en esta operación fraudulenta que se desarrolló en el año 2015, es una funcionaria municipal, que detenta la calidad de persona de exclusiva confianza del Alcalde, que detentaba un determinado cargo en su momento cuando ocurrieron estos hechos y que ahora detenta otro, o sea esta persona sigue trabajando dentro del municipio, sigue siendo una persona de confianza del Alcalde”.

Y continúa: “Es cierto que existe una presunción de inocencia, hasta que no haya un pronunciamiento definitivo por los Tribunales, nada podemos hacer, esa es una comprensión bastante acomodaticia de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia sigue en el proceso, el derecho a ser tratado como inocente es solo para los efectos del proceso, no para los restantes procesos a la presente de los efectos que se desarrolle la actividad pública. El código del trabajo establece que la falta de probidad es una causal de término de la relación laboral, se requiere una sentencia condenatoria criminal en consecuencia para poner término a una relación laboral, si existen indicios poderosos para el empleador de que existe una situación de falta de probidad. Entonces la presunción de inocencia existe sí, pero eso no priva a la autoridad de adoptar las medidas que correspondan dentro del ámbito de su competencia y en este sentido parece además del todo conveniente que la Municipalidad de Recoleta cese la representación del interés público que detente, por estas consideraciones y en consecuencia; se hace lugar a la petición del querellante del Consejo de Defensa del Estado”.

Negocio con otras comunas y cobro de 70 millones de pesos

En el relato que hace el empresario de la reunión que tuvo con el alcalde y los “facilitadores de licitaciones”, se lee que Jadue “personalmente me recomendaría con sus amigos de confianza, también alcaldes, que, por ejemplo, se reunía al menos 2 veces a la semana a almorzar con el alcalde de Huechuraba Sr. Carlos Cuadrado, que en Huechuraba había varias obras que estaban en proceso de pronta licitación. Compromiso que el Sr. D. Jadue cumplió, dado que el 06/04/2016 me llegó invitación a licitación privada por parte de Huechuraba, sin tener que yo realizar gestión alguna, todo a través de los gestores de licitaciones. Así mismo, Sr. Jadue me informó si me interesaba participar en la licitación de 2 colegios más en Recoleta, licitación que se realizaría muy pronto, colegios Víctor Cuccuini y Marta Colvin, invitación que me llegó el 04/04/2016. Cabe destacar que el Sr. D. Jadue informó que todos nuestros requerimientos de proyectos y apoyos debían ser canalizados a través de la Srta. Gianinna Repetti”.

En el relato de Salazar se lee: “Terminada reunión con Alcalde, posteriormente sostuvimos reunión entre Sr. JL Ortega y el suscrito en las afueras del municipio, en esta reunión Sr. JL Ortega me informo que el monto de 40 millones por concepto de gestión de Licitación había aumentado a 70 millones. Dicho aumento, el Sr.Ortega lo justificó diciendo que habría aumentos de obra y obras extraordinarias en el colegio, además que tenía nuevas obras para mi empresa. Por tal motivo, confirmé y acepté pagar al Sr. Ortega monto de 70 millones por el concepto de gestión de Licitaciones”.

Revise completa la declaración ante el Ministerio Público del empresario César Salazar Salamanca

Por Mariela Herrera para El Líbero

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