En su segunda Cuenta Pública, y la 101° del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, abordó distintos temas que marcaron la agenda pública y judicial de 2018, así también como algunas preocupaciones.

Informó así un aumento en el ingreso de causas en comparación al año pasado, y que a la fecha hay 2.184.500 resoluciones pendientes. En el caso de los tribunales de base que conocen de asuntos de familia, trabajo, cobranza laboral y previsional, penal y civil, se presentaron más de tres millones y medio de procesos (+5,3%), mientras que en Apelaciones ingresaron 276 mil causas (+12,8).

Respecto a la Suprema, Brito reparó en una situación que se ha vuelto recurrente y que refiere a los múltiples fallos dictados en los últimos meses, donde se ordena al Estado -por Fonasa- o a isapres a financiar medicamentos de alto costo.

“La Corte Suprema registró más de 33 mil cuatrocientos ingresos, de los cuales 18 mil novecientos corresponden a apelaciones de recursos de protección en contra de las isapres. Esta significativa cifra nos obliga a reiterar nuestra petición de que se otorgue una solución legislativa a este asunto”, aseguró, indicando además que hoy hay 3 mil cien casos pendientes.

Brito entregó además un catastro también de casos por violación a los derechos humanos (DD.HH.) y manifestó su opinión sobre casos por manipulación de evidencia, además de los efectos del paro de Gendarmería, la acusación constitucional contra tres supremos y, en especial, algunos conflictos de competencias.

Problemas de competencia

En el último tiempo “han tenido lugar otros sucesos que han tensionado el actual diseño organizacional y normativo, lo que puede dificultar el ejercicio de potestades esenciales del Estado. Ello evidencia la necesidad de observar rigurosamente los límites insalvables de las distintas competencias”, partió asegurando Brito sobre algunos choques entre instituciones.

Para ello, citó el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inaplicable las normas del Código del Trabajo sobre tutela laboral en un proceso en que se pretendía unificar jurisprudencia en favor de una funcionaria municipal.

Recordó también la contienda de competencia trabada entre la Suprema y la Contraloría por el caso del régimen previsional de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC):la primera había resuelto que a dichos trabajadores les correspondía Capredena, mientras que la segunda, había fijado en diversos dictámenes el criterio de que están bajo las AFP.

Finalmente, y tras el respaldo del TC, el Senado respaldó al ente fiscalizador por 16 votos a favor y 12 en contra.

Los casos, aseguró el ministro, “reflejan la existencia de áreas cuyos límites requieren análisis y observación crítica que conduzcan a superar un estado de tensión que, de ser exacerbado, puede afectar la estabilidad y seguridad jurídica”.

Y remató: “Se trata de decisiones en las que se juegan las características más propias de la juridicidad institucional; por lo mismo, de la mayor importancia para las estructuras de este orden. Conservando la autonomía y la independencia, y como garante de los derechos de todas las personas, el órgano jurisdiccional se ve obligado a no rehuir la decisión que se le requiere mediante las acciones establecidas por el constituyente y el legislativo”.

Acusación constitucional y casos de DD.HH.

Destacando la importancia de la independencia de los poderes del Estado, el ministro se refirió brevemente a la fallida acusación constitucional contra tres supremos que fallaron a favor de la entrega de libertades condicionales a sentenciados por lesa humanidad.

“La existencia de esta herramienta constitucional es parte del control recíproco de pesos y contrapesos de un Estado de Derecho Democrático y, por ello, obliga a un ejercicio responsable y cuidadoso, pues de no emplearse así, este mecanismo de excepción corre el riesgo de convertirse en un instrumento ilegítimo para revisar el contenido de resoluciones judiciales”, aseguró.

En esa linea, abordó los casos por violación a DD.HH., señalando que “esta Corte está consciente de las graves dificultades que surgen para avanzar en justicia penal y reparación civil, sobre todo en el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad”.

Producto de esto último consideró se han generado tardanzas y numerosos casos inconclusos. Pese a esto recalcó el aumento en el número de investigaciones y sentencias: desde el año 2002 a la fecha, se dictaron 447 resoluciones en la Suprema, de las cuales 217 regulan indemnizaciones de perjuicios en favor de las víctimas.

En el año 2018, en tanto, el máximo tribunal dictó 45 sentencias en materia criminal y civil. A la fecha, se encuentran en tramitación 1.340 causas de DD.HH. en primera instancia, la mayoría en etapa de sumario.

Así también, el año pasado se iniciaron 245 procesos por hechos acaecidos entre 1973 y 1990. “Para nadie es desconocido que la investigación y juzgamiento en este tipo de causas plantea un enorme desafío para los jueces encargados de tramitarlas”, concluyó.

Manipulación de evidencia y paro en Gendarmería

En cuanto a los temas clave del 2018, Brito se refirió al paro de funcionarios de Gendarmería que terminó con la salida de la ex directora de la institución penitenciaria, Claudia Bendeck, y aquellos por manipulación de evidencia.

El primero lo usó dejar en evidencia las debilidades del actual sistema de ejecución penal ya que dicha la acción funcionaria “instaló un escenario de incalculables riesgos para las personas que se encontraban en tránsito a sus audiencias jurisdiccionales”.

Criticó que los procesados “fueron utilizadas, con fuerte riesgo para ellas, para presionar en un conflicto laboral que les era ajeno, lo que, cuando menos, sin duda alguna es abusivo”.

Sobre el segundo, y aludiendo a la llamada “Operación Huracán” y la investigación por la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca, que han implicado entre ambos la formalización de más de diez carabineros, concluyó: “Vemos en estos sucesos una situación de especial gravedad. Si bien es cierto que toda la prueba que aportan los intervinientes ha de ser apreciada por los jueces, esto difícilmente puede ser suficiente resguardo cuando la prueba ha sido intencionalmente manipulada a los efectos de producir una convicción distinta, como consecuencia de la información engañosa que se proporciona”.

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