El manejo del dinero en la industria del fútbol ha sido el centro de diversos escándalos en los últimos años. Y el Canal del Fútbol (CDF) no ha estado ajeno a esa realidad. De forma silenciosa, se ha venido desatando una disputa entre los clubes chilenos con el Servicio de Impuestos Internos (SII) por justamente los dineros tras el botín del fútbol local.

La primera pista sobre esta soterrada pelea la dio Azul Azul, la concesionaria controlada por Carlos Heller y que administra a la U. de Chile acudió a fines de 2018 al Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana para exigir, entre otras cosas, la devolución de cerca de $ 640 millones al SII.

En términos simples, relató que para el año comercial 2016 recibió $ 2.659 millones por concepto de las utilidades del CDF, acorde a su participación de 8,6% en el canal, las cuales ya habían pagado el impuesto de primera categoría. Pero como registraba una pérdida tributaria de arrastre, por ser la continuadora legal de la quebrada Corporación de Fútbol Profesional U. de Chile, esas ganancias fueron absorbidas, por lo que se generó un crédito a favor de la concesionaria. Todo esto fue informado al SII, pero el organismo lo rechazó, argumentando que faltaban antecedentes que lo acreditaran. A raíz de ello, presentaron la acción legal, donde incluso acusaron la aplicación de una doble tributación.

Azul Azul no es el único club que mantiene esta diferencia con el ente fiscalizador. Según pudo constatar PULSO, la mayor parte de los otros 31 clubes del fútbol profesional, incluyendo a Cruzados (U. Católica) y Blanco y Negro (Colo Colo), también están solicitando que el SII reconozca los montos que habrían pagado de más y/o los que habrían dejado de percibir por la doble tributación de las ganancias del CDF. Pero, a diferencia del equipo de Heller, todos han optado por agotar la vía administrativa, en la que están actualmente. Aunque en el caso de que les vaya mal, no descartan recurrir a los tribunales tributarios.

La ANFP, en tanto ha realizado gestiones para que el SII reconozca los respectivos montos.

Es que no es menor la preocupación, ya que según cálculos realizados por fuentes que saben del tema, el monto total reclamado por los equipos bordearía los $40 mil millones, considerando solo los últimos cinco años.

El origen de la pugna

La disputa se originó por errores de la ANFP. Una comisión creada en 2015 en la asociación en la era Jadue, se abocó a analizar la situación jurídica y tributaria del CDF en relación a la propia ANFP y los clubes ante la sospecha de algunos equipos de que no se estaban contabilizando bien esos recursos.

En ese contexto, contrataron a Recabarren & Asociados y Tax Advisors, pagando UF 500 a cada uno, cuyos informes fueron emitidos entre septiembre y octubre de 2016.

Ambos coincidieron en algunos puntos clave: cuando la ANFP concurrió en 2003 a la constitución del CDF, como socio con un 90%, junto a GTV, del Grupo Claro (10%), lo hizo por mandato de los clubes, aunque eso no quedó explicitado en el contrato. Y cuando le vendió un 10% a GTV, tampoco se especificó.

Como sea, esto implicaba, entre otros aspectos, que cuando se generaran excedentes en el canal, recibiría el 80% para los clubes para luego distribuirlos en los porcentajes que les correspondían, según lo acordado por el consejo de presidentes. La ANFP los distribuyó, pero de forma incompleta, acreditaron los estudios tributarios. Nunca rindió cuentas de manera formal, y tampoco les explicó que las utilidades del CDF ya habían pagado el impuesto de primera categoría, por lo que les correspondían créditos a favor. De este modo, los equipos ingresaban estos recursos como ingreso tributable bajo el concepto de “televisión”.

Esto implicó que aquellos clubes que tenían ganancias pagaron impuestos en exceso y aquellos que registraban pérdidas no pudieron cobrar los créditos, situación que afectaba a la mayoría de los clubes. Dado ello, se recomendó que le pidieran al SII la devolución del impuesto de primera categoría por concepto de Pago Provisional por Utilidades Absorbidas (PPUA). Aunque se advirtió que la ley sólo permitía hacerlo por hasta tres años hacia atrás.

De hecho, Tax Advisors calculó que los créditos que podían recuperar por 2014 ascendían a $ 6.700 millones y por 2015, a $ 6.200 millones.

A partir de esta recomendación, casi todos los equipos pidieron devoluciones. Sin embargo, no tuvieron éxito. Es el caso de Azul Azul. Tras haber solicitado en 2017 la devolución de $640 millones por un crédito ligado a las ganancias del CDF, en 2018 Impuestos Internos lo rechazó, y entre sus argumentos cuestionó que el “contribuyente no es socio de CDF, aún cuando ellos señalan que la ANFP es socia de CDF en virtud de un mandato a nombre propio que los clubes le dieron”.

Pero, consignó el documento, “no ha acreditado la existencia de un mandato a nombre propio”. Lo anterior, porque nunca se estipuló en algún documento oficial que la ANFP representaba a los clubes, y porque no rindió cuentas formales.

Por ello, Azul Azul fue a los tribunales tributarios y aduaneros, donde, de llegar a ganar, lo usaría como base para pedir devoluciones por ejercicios anteriores.

La misma suerte tuvieron los otros clubes que pidieron devoluciones, aunque de todos modos siguieron insistiendo por la vía administrativa.

En paralelo, la ANFP jugó sus cartas ante el organismo. En una presentación de agosto de 2017, explicó el mandato por el cual representa a los equipos ante el CDF y consultó cuál sería el mecanismo para traspasar a sus mandantes los créditos por las utilidades que retira del canal.

“De acreditarse la efectividad, condiciones y monto de la participación en el encargo fiduciario, en este caso un mandato, y acreditado que se efectuó la respectiva rendición de cuentas, se aplicará el criterio establecido en la Circular N° 29 de 1999, esto es, mandante y mandatario deberán reconocer separadamente, las utilidades provenientes de la sociedad y los créditos asociados a dichas utilidades”, respondió Fernando Barraza en un oficio de abril de 2018.

Pero precisó que “solo se pueden tener acreditadas las operaciones realizadas con posterioridad a la fecha en que se tuvo por acreditado el encargo fiduciario”. Es decir, el SII solo reconoció desde la mitad de 2017 hacia adelante. La ANFP no quedó conforme y pidió que reconozca todo 2017. Hoy, está a la espera de la respuesta del servicio. En caso de que les vaya mal, acudirían a los tribunales tributarios, afirman las fuentes.

Consultados el SII, la ANFP y los tres clubes más grandes, optaron por no dar declaraciones.

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