Luego de concluir un sumario administrativo en la Municipalidad de Peñalolén y establecer graves negligencias para cobrar deudas que ascienden a $6.400 millones, la Contraloría sugirió a los concejales denunciar a la alcaldesa Carolina Leitao (DC) ante el Tribunal Electoral (TER), para una eventual destitución por notable abandono de deberes.

La determinación del organismo fiscalizador se basa en que Leitao incumplió “su obligación de ejercer un control jerárquico permanente” sobre los encargados de evitar el aumento exponencial de la mora por el no pago de patentes, publicidad y permisos de distinta especie que incluyen a vecinos y empresas.

El documento incluye la propuesta de severas medidas disciplinarias en contra de tres funcionarios claves en la administración comunal, que como jefa superior del servicio debería resolver la misma Leitao, quien está en calidad de “inculpada” en la indagatoria administrativa.

Se trata del director de Operaciones e Inspección Juan Riveros, para quien se propuso una sanción de menos cuatro puntos en su hoja de vida y una multa del 20% de su remuneración. Le sigue el director jurídico Jorge Jorquera con un descuento del 15% del sueldo y menos 3 puntos en su calificación, mientras que el jefe de Administración y Finanzas, Pedro Farías, con un 5% y 2 puntos de demérito.

En otras palabras, la única forma en que los cargos formulados en contra de Leitao impliquen una sanción, es que sea destituida de su cargo al que llegó por elección popular en 2012.

La aprobación del sumario está firmada por el propio contralor Jorge Bermúdez y destella una luminosa señal de advertencia en contra de quienes incumplen los deberes de su cargo, máxime que este año habrá, entre otras elecciones, las de alcaldes y concejales.

La decisión de la Contraloría fue un duro golpe para Leitao y su equipo, ya que ocurre durante el último año de su mandato. Y además porque repostulará a la testera comunal este 2021.

Por esta razón, la edil interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 23 de diciembre, con miras a revocar los cargos en su contra y evitar una posible denuncia al TER. Esta última solo puede ser realizada siempre y cuando se constituya un quórum de cuatro de los diez concejales de la comuna, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

En la presentación alegó que la Contraloría actuó de forma arbitraria al formular cargos graves a ella y sus funcionarios de confianza, pese a tener elementos que a su juicio revelan un arduo trabajo interno para reducir la deuda .

El tribunal de alzada capitalino declaró inadmisible la presentación y argumentó que lo reclamado por Leitao no vulneraba sus derechos constitucionales.

Sin embargo, a través de su abogada recurrió a la Suprema para que el fondo de su recurso sea revisado por la Corte de Santiago. Esa decisión, aún está pendiente.

Los hechos

Los hechos que motivaron la determinación de la Contraloría están contenidos en el informe de auditoría 315 de 2016, realizado por la División de Municipalidades al ítem deudores contabilizados en las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2015.

En él, de acuerdo al documento Leitao no habría ejercido las acciones judiciales tendientes a recuperar el monto de 6.400 millones. En todo caso, el monto imputado a la edil es un arrastre que ha heredado de administraciones anteriores desde mediados de los 90, cuando fungía como jefe comunal Carlos Alarcón.

Durante la tramitación del sumario que sugiere su destitución, Leitao argumentó en su defensa que al conocer los hechos detectados por el organismo de control, inició una serie de gestiones para normalizar la situación y recuperar las platas adeudadas y decretar la prescripción de las incobrables.

Indicó que para ello generó un convenio con la Universidad Católica para que abogados de la casa de estudios patrocinaran judicialmente a quienes mantenían deudas prescritas y así descontarlas de la contabilidad municipal.

En la misma línea, Leitao defendió su gestión con la contratación de una empresa externa con miras a ordenar la cobranza, que en algunos casos habría implicado un mayor gasto a lo efectivamente recuperado.

Los dichos de la alcaldesa fueron también refrendados por los otros funcionarios inculpados, pero no fue suficiente para enmendar lo establecido por la entidad revisora.

Sin embargo, la Contraloría aseguró que “(…) la inculpada tomaba conocimiento sobre el tema de deudas morosas por patentes, permisos y otros derechos, municipales”, antes de la auditoría de 2016 “a través del administrador municipal”.

“En su calidad de alcaldesa de la Municipalidad de Peñalolén, haber incumplido su obligación de ejercer un control jerárquico respecto de la Dirección de Asesoría Jurídica a fin de que esta ejerciera las acciones judiciales que fueran procedentes de modo de cobrar los ingresos por percibir del municipio los cuales al 31 de diciembre de 2016 a 6.400 millones”, se lee en la aprobación del sumario.

Al ser consultada por este medio sobre los alcances de la determinación de la Contraloría, aseguró que más allá de lo dictaminado por la entidad, fue durante su gestión que las deudas fueron sinceradas.

“Muchas de ellas eran incobrables, incluso de personas sin recursos que viven en la comuna, las grandes empresas ninguna no ha pagado, entonces hay un largo listado de situaciones diversas y el trabajo que se hizo para corregirlo no se tomó en cuenta por la Contraloría. A nuestro entender ha actuado de forma arbitraria y por eso presentamos un recurso de protección para corregir esta situación. Además se trata de deudas que exceden con creces mi periodo de gestión. Vienen desde 1998”, agregó.

“Además la Contraloría no consideró ninguno de los argumentos presentados. El informe final es de 2016. Y estuvo dos años sin movimiento el sumario, lo que tampoco se condice con un debido proceso”, concluyó.

Original de biobiochile.cl

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