El ex Presidente Sebastián Piñera anunció su candidatura presidencial la semana pasada y adelantó que modificará las emblemáticas reformas tributaria, educacional y laboral implementadas por la Presidenta Michelle Bachelet, debido al negativo impacto que han generado.

La reforma educacional, que tiene dos aristas, la ley de inclusión para la enseñanza escolar y gratuidad para la educación superior, está actualmente en el tapete público luego de que los sostenedores anunciaran demandas masivas contra el Estado, y dos rectores advirtieran que no continuarán participando del sistema si es que no se le incorporan cambios relevantes.

Rectores advierten que la gratuidad es inviable

Carlos Peña, rector de la UDPLos rectores de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, Carlos Peña y Eduardo Silva, respectivamente, publicaron una columna en “El Mercurio” en que afirman que la gratuidad les ha generado una “severa limitación de recursos”, debido a que lo que les paga el Estado está muy por debajo de los costos reales de las carreras con gratuidad.

Dicha situación los ha obligado a “moderar sus programas de investigación, restringir la contratación de nuevas jornadas, suspender la mejora de su infraestructura física, congelar los incentivos a los académicos. De mantenerse el diseño de la gratuidad sin modificaciones, nuestras universidades no podrán adherir nuevamente a ese programa”.

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se sumó al debate y dijo que no le sorprende dicha decisión, ya que lo advirtió hace tiempo. “Es una voz de alerta importante sobre la gratuidad, que es una política pública buena en su objetivo, pero tiene un gran problema: está desfinanciada desde su origen”.

La ley de inclusión, en tanto, tiene una serie de falencias e incertidumbres respecto de la propiedad de los inmuebles, la selección y el copago, lo que ha llevado a muchos sostenedores a anunciar demandas masivas en contra del Estado por el perjuicio que les podría causar.

Las propuestas de Piñera en educación superior

Ese es el contexto en el que el ex Presidente anunció que mantendrá la gratuidad para los 200 mil estudiantes que ya la tienen, pero continuará con las becas y créditos para el resto, según los niveles de ingreso del núcleo familiar.

“Nuestra política tiene dos principios fundamentales, que ningún joven con mérito y con voluntad se va a quedar fuera de la educación superior por falta de recursos, y que ninguna familia va a ver transformado el sueño de un hijo profesional en una pesadilla por la deuda excesiva”, dijo Sebastián Piñera.

jose joaquin brunnerEste planteamiento tiene eco en especialistas de educación consultados por este medio. El ex ministro de la Segegob del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, José Joaquín Brunner, plantea que existe “consenso bastante amplio que debe haber acceso y estudios gratuitos para los estudiantes que provienen de hogares de menores recursos (digamos, 50% inferior en la escala de ingresos”.

El académico de la UDP agrega que “cualquier política seria debe declarar que la gratuidad universal no es una meta realista ni deseable en el horizonte de las próximas décadas”; y plantea que el próximo gobierno debe tratar de completar la cobertura del 50% de los alumnos más vulnerables, y que sobre ello se deben tener créditos y becas.

“Hay que insertar y acomodar el gasto en gratuidad en un cuadro nuevo de mayores gastos en general para la educación superior y la ciencia y tecnología. No puede ser que una gratuidad improvisada termine perjudicando otros gastos que son urgentes de materializar en calidad, innovación docente e investigación”, señala José Joaquín Brunner.

En la misma línea, el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, agrega que la política de gratuidad universal es “inviable desde el punto de vista económico” y coincide en el sistema de becas para los alumnos más vulnerables  y créditos subsidiados para los de mayor nivel socioeconómico.

Ello llevaría a “potenciar la libertad de escoger de los estudiantes y no se limita ni la autonomía ni las posibilidades de desarrollo futuro de las instituciones”.

Cristina Tupper, investigadora de Libertad y Desarrollo, califica de camino “totalmente equivocado” la gratuidad universal, porque requiere de una cantidad importante de recursos que tienen mejores usos alternativos.

Retratos LyD. Diciembre 22 2016 Patricio Valenzuela Hohmann

“Las restricciones que enfrentan los jóvenes más vulnerables para acceder a la educación superior no tiene que ver con los aranceles sino que con sus deficientes resultados académicos y sus propias expectativas”, señala Tupper, quien agrega que según la Casen 2015, de los jóvenes entre 18 y 24 años sólo el 8,9% afirma que se debe a razones económicas.

“Un próximo gobierno debiera enfocarse en promover el acceso a la educación superior desde edades más tempranas, enfocándose en mejorar por un lado la calidad de la educación que reciben los alumnos de los primeros deciles, y las expectativas que ellos y sus familias tienen sobre el futuro”, puntualiza la investigadora.

Los cambios a la ley de inclusión de Sebastián Piñera

El debate de la llamada ley de inclusión, que eliminó el lucro, la selección y al copago, está centrado en que los padres puedan elegir el colegio de sus hijos y hacer aportes que mejoren la calidad educativa.

Para Sebastián Piñera, la selección significa “decirles a todos nuestros niños, especialmente a los niños vulnerables y de clase media, que si se esfuerzan y entregan lo mejor de ellos mismos va a poder acceder a un liceo de primera calidad. La selección por mérito existe hoy día y ha existido siempre. Por lo mismo, lo que queremos es que no sea un privilegio para unos pocos aquí en Santiago“.

Respecto del copago que eliminó Bachelet en los colegios subvencionados, el ex Mandatario plantea que los padres “tienen dos derechos fundamentales y una obligación. La obligación: involucrarse en la educación de sus hijos. No se pueden desentender. Hoy día el Estado les están diciendo ‘ustedes no participen, no seleccionen, no aporten, no se metan’, y eso es un error garrafal“.

“Nosotros vamos a restablecer en plenitud el derecho de los padres de elegir la educación de sus hijos, porque nadie elige mejor para los hijos que sus propios padres. Y vamos a permitir que los padres voluntariamente puedan aportar recursos para mejorar la calidad de la educación de sus hijos“, insistió.

Los cambios que plantean especialistas a la selección, el copago y el lucro

El presidente de la asociación gremial Colegios Particulares de Chile, A.G (Conacep), Hernán Herrera, identifica siete grandes cambios que se deben realizar a la polémica ley de inclusión.

A juicio de dicha entidad, las modificaciones deben apuntar a fomentar el respeto a los proyectos educativos, a los reglamentos internos de los colegios, redireccionar los recursos hacia el fortalecimiento de una educación de calidad, revisar el proceso de admisión de los alumnos, revisar la carga administrativa referente a las rendiciones de cuentas de los colegios, invertir la aplicación de los fines educativos, usando el criterio de prohibir ítemes específicos de gastos, permitir el arriendo regulado de la infraestructura educacional por un plazo indefinido y crear un mecanismo de créditos bancarios blandos para financiar infraestructura.

Herrera aclara que hay que separar los cambios legales que sólo podrá hacer el Congreso y los administrativos que dependen del Ejecutivo.

Respecto de la selección del colegio, advierte que usar en todo el país el sistema de tómbola que establece la ley será complejo, ya que en la Región de Magallanes, la primera región en implementarla, el 50% de los apoderados no pudo elegir ninguna de sus tres primeras opciones.

“Si ese nivel de frustración lo trasladas a regiones populosas el nivel de descontento de los padres será altísimo”, sostiene el presidente de Conacep.

Para Raúl Figueroa, de Acción Educar, los aportes voluntarios que los padres podrían hacer están afectados por una serie de restricciones, por lo que se requiere un cambio legal para permitir aportes de forma regular y que se eliminen los descuentos que se hacen a las donaciones de las familias.

“Se debe promover la instalación de nuevos proyectos educativos que ofrezcan alternativas de calidad a las familias, cuestión que con la ley de inclusión quedó en extremo limitada”, asegura Figueroa.

Cristina Tupper, de LyD, pide eliminar la obligación de ser dueños de la infraestructura educativa y la prohibición de que sólo el Mineduc puede autorizar la existencia de nuevos colegios.

Respecto del copago, señala que lo más justo y eficiente es que el Estado complemente los esfuerzos de cada familia y no que los reemplace. También critica que se hayan eliminado los colegios educativos especializados, ya que afecta la movilidad social de las familias de menores recursos.

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