Era una ofensiva judicial especial: la nueva fiscal del Caso SQM, Claudia Perivancich, había solicitado al Tribunal Constitucional que se pronunciara respecto a la prerrogativa que posee el Servicio de Impuesto Internos para ejercer querellas sobre delitos tributarios de contribuyentes.

Este punto ha estado en la polémica en los últimos años en relación a los casos vinculados a financiamiento de la política, y ha sido criticado por parte de la Fiscalía como un elemento que complica las investigaciones en estos temas.

Sin embargo, tras acogerlo a trámite y luego de los alegatos ocurridos ayer, el tribunal determinó, por decisión unánime, que ese recurso era inadmisible.

En los alegatos, las defensa de Pablo Longueira, Patricio Contesse y Jorge Pizarro esgrimieron argumentos en contra.

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