En medio de los distintos acontecimientos que llevaron al Presidente Sebastián Piñera a retomar una agenda de seguridad, que incluye la creación de una comisión bicameral para acelerar la discusión de asuntos legislativos, y de los cuestionamientos que han surgido desde sectores de la oposición, particularmente el Frente Amplio que lanzó una agenda “antirepresión”, la comisión de Seguridad de la Cámara logró un acuerdo mayoritario.

Los legisladores del PS, RN, UDI y DC que forman parte de la instancia determinaron concentrarse en la materia y lograr que durante el primer semestre esté despachada al menos de la comisión los proyectos sobre crimen organizado, control de armas y narcotráfico.

“Aquí hay que terminar con los diagnósticos, todos los tenemos claros. Llegó el tiempo de las definiciones y plazos. Por eso hemos propuesto que la agenda de seguridad esté aprobada y despachada antes de que termine el mes de junio de este año”, detalló el diputado Sebastián Torrealba (RN).

El integrante de la comisión resaltó que “tenemos que modernizar nuestras policías, darle una guerra frontal y democrática al narcotráfico y crimen organizado con herramientas que permitan de manera eficiente desbaratar estas bandas que no solo amenazan a la familia chilena, sino que también nuestra institucionalidad y en definitiva nuestra democracia”.

En la misma línea se expresó el recién electo presidente de la comisión, diputado Raúl Leiva (PS), quien aseguró que “es un desafío complejo que nos hemos propuesto, pero el Gobierno debe dar señales claras de voluntad de avanzar”.

El legislador de oposición anunció que “esperamos dar celeridad a todos los proyectos de ley que habiliten y perfeccionen la persecución criminal contra la delincuencia, que atemoriza a toda la ciudadanía, y lucha frontal contra el narcotráfico, crimen organizado, control de armas y lavado de activos. Esa va a ser mi prioridad en la presidencia de la comisión”.

Y si bien reconoció que “con el Gobierno tenemos diferencias de fondo que se van a mantener y discutir sobre todo en materias de represión, atentados contra los Derechos Humanos, reestructuración de más policías y control de orden público, las cuales deberán ser asumidas por la comisión bicameral de Seguridad Pública que solicitamos al Gobierno se desarrolle a la brevedad”.

Pese a ello, el diputado Leiva enfatizó que “debemos dar respuesta concreta y eficiente en materia de seguridad pública. Existe un amplio consenso en avanzar en una la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado. La Cámara de Diputados y especialmente nuestra comisión, debe atender la seguridad ciudadana demandada prioritariamente por la ciudadanía, con responsabilidad y sentido de Estado”.

Es por eso que el legislador aseguró que durante el trabajo legislativo que se desarrolle en la comisión que lidera, se buscará llegar a acuerdos, pues enfatizó en que existe “voluntad política” y se harán “esfuerzos” en línea de cumplir con este cronograma.

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) que también fue parte del acuerdo indicó que se requería que esto se lograra en paralelo a la creación de la comisión bicameral.

“Requerimos de un acuerdo político para eso antes de legislar y el lunes el ministerio del Interior (Rodrigo Delgado) ha tomado esto de muy buena manera y ayer fue ratificado por nuestra comisión, con el ministro presente. Esperamos que haya plazos y fechas donde poder trabajar y sacar adelante estos tres puntos”, sostuvo.

El diputado Miguel Ángel Calisto (DC) quien hasta esta semana presidió la instancia, puntualizó que “el Congreso no puede mantener esta actitud pasiva” frente a los “graves hechos de violencia” que están afectando al país “que involucran al crimen organizado, a las bandas de narcotráfico y que son capaces de hacer cualquier cosa con el fin de conseguir sus objetivos, incluso de asesinar”.

En ese sentido cuestionó a sus pares del Senado asegurando que “no existe la misma disposición” a acelerar el tranco. Por lo que además del trabajo de la comisión de la Cámara, enfatizó en la importancia de la formación de la comisión bicameral que tratará la materia.

Del acuerdo tomado en la instancia, Calisto lamentó que el Frente Amplio no se haya plegado y por el contrario “ha optado por un camino distinto de señalar incluso que hay que derogar leyes que ellos mismos tramitaron en su minuto, discutieron en las comisiones y hoy día quieren desconocer ese trabajo que ya se hizo en el Congreso. Por lo tanto nos parece que la actitud del Frente Amplio es absolutamente ajena a la realidad del país y esperamos que lean lo que está pasando hoy día en los diversos territorios”.

El diputado Alessandri (UDI) apuntó a que la comisión deberá sesionar todas las veces que sean necesarios para atender las urgencias en la materia, resaltando además la confianza en el nuevo presidente de la comisión, pese a ser de la oposición.

“Aquí estamos haciendo un esfuerzo transversal por ponernos metas y plazos. Tenemos que sacar adelante la agenda de seguridad antes de junio de este año, tenemos un nuevo presidente en la comisión que viene con todas las ganas”, dijo.

El parlamentario resaltó que “que delitos de narcotráfico, asociación ilícita, robo de madera son demasiado los temas en que necesitamos avanzar de forma rápida y para eso habrá que sesionar todo lo que sea necesario y ahí estarán nuestros votos apoyando las iniciativas”.

La comisión está además integrada por el diputado Marcelo Díaz (Movimiento Unir), Maite Orsini (RD)- impulsora del proyecto que busca derogar la ley de Seguridad de Interior, control preventivo de identidad y antirepresión-, Fernando Meza (PR), Andrea Parra (PPD), Luis Pardo (RN), Christian Moreira (UDI), Marisela Santibáñez (PC) y Osvaldo Urrutia (UDI).

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