Ante la existencia de 300 mil normativas y más de 20 mil leyes, el Presidente Sebastián Piñera firmó este lunes un proyecto de ley de simplificación regulatoria, que tiene por objetivo “limpiar y achicar la verdadera maraña de regulaciones” y que derogará 100 leyes “obsoletas”.

“El exceso de reglamentos, muchas veces contradictorios que se sobreponen, no hace bien, sino que causan daño. Por eso la filosofía para mejorar el funcionamiento del aparato del Estado y hacerlo más amigable y comprensible es ‘menos es más'”, dijo el Presidente Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda.

En ese sentido, el Mandatario destacó que “muchas veces hay leyes que no tienen justificación, porque nadie se ha preocupado de derogarlas y terminan ahogando la capacidad de innovar de los chilenos”.

Así, respaldó el nuevo proyecto de ley con diversos estudios de la OCDE, organismo que determinó que Chile es uno de los países con mayor complejidad en sus procesos regulatorios de todos los gobiernos que integran la agrupación.

“Si Chile pudiera simplificar sus procedimientos significaría un aumento de hasta un 50% en la inversión extranjera y también un aumento significativo en inversión nacional”, recalcó Piñera citando a la OCDE.

De esta forma, “para pasar del diagnóstico a la acción”, el Presidente firmó dos instructivos para promover las buenas prácticas regulatorias: uno que pone nuevas condiciones a la elaboración de reglamentos y mensajes, y otro que obliga a realizar un análisis de impacto regulatorio cuando proceda.

Además, en el marco de la nueva ley, se creará un Plan de Revisión y Derogación legislativa que cada 4 años examinará las leyes vigentes con el fin de adecuarlas o derogarlas, elaborado por el Presidente de la República con la colaboración de los ministros de Justicia, Economía y la Comisión Nacional de Productividad.

Cabe destacar que dentro de las primeras 100 leyes que serán derogadas, “hemos elegido aquellas que simplemente no tenían ninguna razón de ser”, subrayó Piñera.

En ese sentido, destacó que hay leyes que establecen normas de servicios que ya no existen; otras que le atribuyen al Presidente la capacidad de fijar semanalmente los impuestos de aduana; otras que hacen alusión a la “raza” o que establecían superintendencias que ya desaparecieron.

Tras el anuncio, el ministro de Economía, José Ramón Valente, enfatizó que “el problema de interpretación que se genera en la ciudadanía para ver qué ley está rigiendo es muy grande y queremos que ese deje de ser el caso”.

“Las leyes son imposibles de leer de corrido. Uno empieza a leer y después hace referencia a otra antigua, después a otra y a otra (…) Si los ciudadanos supuestamente debemos conocer las leyes y ni siquiera se pueden leer de corrido, la verdad es que es un tema bastante complicado”, sostuvo.

Además, indicó que las leyes que serán derogadas no sólo son económicas, sino que diversas esferas, las cuales fueron analizadas en un trabajo conjunto con la Segpres y el ministerio de Justicia.

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