¿Cómo puede el Comandante en Jefe del Ejército expresar “su plena confianza en la justicia”, que persigue a un compañero de armas suyo y general en actividad, cuando la prevaricación de los jueces tiene a más de doscientos de sus camaradas en condición de retiro presos en contravención a numerosas leyes?

Los tribunales chilenos no son confiables y los juicios contra militares constituyen una vergüenza nacional. Todo se resume en que el principal activista de izquierda en la tarea de convencer a sus colegas ministros de corte en el sentido de no aplicar las leyes y así meter presos a militares, Haroldo Brito, haya llegado finalmente a la presidencia de la Corte Suprema y se luzca como uno de los pilares de la institucionalidad en la gala anual de “El Mercurio”.

La propia designación de Brito en la Suprema fue un fraude, porque la izquierda y la DC se habían comprometido con la Alianza, antecesora de Chile Vamos, en un “pacto de caballeros”, a que se nombrara primero a Brito, izquierdista reconocido e impulsor de la venganza judicial contra militares, para después designar a Pfeiffer, un juez que respetaba las leyes. Se iban a “parear”, uno iba a prevaricar y el otro no. Pero cuando, aprobado Brito con votos de derecha, se presentó el nombre de Pfeiffer, fue rechazado por la izquierda. ¡Cómo se les ocurrió hacer un “pacto de caballeros” con quienes no lo han sido jamás! Así se fue estructurando la mayoría de izquierda en la Corte Suprema, coautora, junto a los querellantes múltiples Piñera-Ubilla, de centenares de condenas de militares contra toda legalidad.

La desvergüenza de la mayoría izquierdista de jueces chilenos es manifiesta. Hasta quedó confesa en el informe 33-2015 (“la legislación sustantiva no contiene delitos adecuados a esa realidad”), en que reconocían no aplicar las leyes. Hace unos años me tocó enfrentarme en la TV, cuando Piñera todavía no había vetado mi presencia en los medios (pues periódicamente recuerdo su prontuario), con el juez Alejandro Solís, que había impuesto centenares de años de presidio sin fundamento de hecho ni legal al único soldado chileno condecorado con la medalla Al Valor del Ejército después de la Guerra del Pacífico, Miguel Krassnoff, por haber enfrentado en combate y eliminado al principal terrorista chileno, Miguel Enríquez, en 1974.

Fue en el programa “El Informante”, de TVN, cuando le enrostré a Solís esa prevaricación, y él dijo textualmente que “Miguel Krassnoff salió con las manos llenas de sangre después de asesinar a Diana Arón, diciendo que era ‘terrorista y más encima judía'”, lo cual horrorizó a la teleaudiencia. Era un “soplo” que le había dado un extremista desertor, el “guatón” Romo.

Pero después fui donde Krassnoff y me acreditó, primero, que cuando cayó en combate la dirigenta mirista Diana Arón él se encontraba fuera del país; que, en todo caso, él no pertenecía a la unidad que la enfrentó en ese combate; que ante las calumnias de Solís envió un detallado relato de la verdad a las autoridades de la comunidad judía residente, no obstante lo cual las mismas rechazaron agriamente sus descargos y, más aún, uno de sus representantes, el abogado UDI Miguel Zaliasnik, aparece en Wikipedia declarando lo mismo que el dúo Romo-Solís, es decir, una mentira infamante respecto de su participación en la muerte de Diana Arón.

Si hay algo peor en Chile que los juicios ante tribunales en lo penal, con el procedimiento antiguo aplicado a los militares, son los “juicios por los diarios”, también monitoreados por la izquierda. Pero el único condenado en el mayor “juicio por los diarios” reciente, el “caso Cascadas”, (pues todos los demás puestos en el banquillo por la prensa, hasta ahora, han sido finalmente absueltos), el ex gerente Aldo Motta, recién ha visto anulada su sentencia por la Corte Suprema y un nuevo juicio debe recomenzar desde cero ¡cuando los diarios ya lo habían condenado!

El escándalo de los ministros de la Corte de Rancagua es sólo la punta del iceberg. Los 6.200 millones de dólares que, hasta 2017, según reconoció la subsecretaria de Justicia, Lorena Recabarren, el fisco ha debido pagar a la extrema izquierda para indemnizarla porque los militares le impidieron tomarse el poder por las armas, son parte del resto del iceberg. Han constituido un gigantesco lucro ilegal, al costo de atropellar la Constitución y las leyes, entre ellas las de amnistía, prescripción, cosa jugada, el principio constitucional de legalidad, el principio constitucional pro reo, la presunción de inocencia y demás bases del debido proceso que garantiza a los chilenos la Carta Fundamental, pero no se reconocen a los ex uniformados.

Como, por lo demás, la opinión pública acredita en las encuestas, el Poder Judicial es el más desprestigiado del país después del Poder Político. La gente no es tonta y se da cuenta de quiénes le hacen trampa. Y por eso deja constancia de ello en los sondeos. La prevaricación cuesta a los contribuyentes una fortuna que sólo puede aumentar, pues los jueces están recién comenzando a condenar militares por supuestas “torturas”, basados en el escandaloso Informe Valech. Treinta mil sospechosos de terrorismo que fueron interrogados alguna vez, como no podían menos de serlo, y los cuales, ahora sedientos de dinero, se aprestan a cobrar indemnizaciones al amparo de tribunales que han sentado, a través de la burla del derecho, la nueva jurisprudencia del atropello a la legalidad.

por Hermógenes Pérez de Arce