Tras escuchar a varios especialistas de su sector, la oposición quedó convencida de que la reforma previsional del gobierno no está financiada, y por ello citaron al ministro de Hacienda a la Comisión de Trabajo para que explique cómo obtendrá los US$3.500 millones que cuesta el proyecto.

“Después de meses de tramitación en la comisión y de debate en la mesa técnica estamos en condiciones de aseverar derechamente que el proyecto es insostenible desde lo fiscal, no tiene financiamiento asegurado, y las holguras que lo justifican no alcanzan”, afirmó el presidente de la instancia, diputado Raúl Soto (DC).

Se decidió que el próximo lunes 6 de mayo el ministro Larraín asista a la Comisión y aclare las dudas que están dando vueltas. “Distintos expertos han llegado a la conclusión de que los recursos no son suficientes, así lo señalaron Andrea Repetto y Macarena Lobos, quienes fueron bien explícitas” comentó Soto.

La primera, quien fue integrante del Consejo Asesor Fiscal expuso que según el último Informe de Finanzas Públicas, en 2020 habría recursos libres por US$1.631 millones que subirían en 2023 a US$3.080 millones. Afirmó que no se condice con el financiamiento requerido para la reforma de US$3.500 millones. “¿Hay o no holguras?¿De dónde vienen? El crecimiento no genera las holguras, y tampoco asegura los recursos necesarios”, indicó.

Las dudas de Benavides

Pero la ponencia decisiva para cuestionar los montos contemplados en el Informe Financiero (IF) del proyecto fue la que desplegó el lunes en la reunión de la comisión técnico política de la oposición, Paula Benavides, hoy candidata para el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

Señaló que el proyecto cambia la forma en que funciona el Pilar Solidario, invirtiendo el orden del aporte que realiza el Fisco para que las personas obtengan la Pensión Máxima (PMAS) de $ 317.085.

Hoy en día el Estado empieza desde el día uno a realizar el aporte, mientras que el diseño del proyecto plantea que en los primeros años los jubilados deberán ocupar sus fondos, y el Estado sólo aportará en los últimos años de vida, que ella calcula sobre 75 años.

Ello, concluyó, no sólo reducirá la posibilidad de dejar herencia, sino que el riesgo de longevidad se traspasará al Estado. Esta lógica, evidenció, tiene “implicancias fiscales de primer orden”, ya que en el corto plazo se reduce el aporte fiscal al Pilar Solidario, “pero se genera un pasivo futuro, y luego de algunos años, el gasto crecerá fuertemente(…) sin un mecanismo para constituir reservas, como hacen las compañías de seguro”.

En ese sentido, Benavides hizo hincapié en que el IF sólo llega hasta el 2030, “horizonte totalmente insuficiente, más aún con el diferimiento de gasto por el seguro de longevidad”. Incluso, sostuvo que el sólo reajuste de 10% en la PBS está subestimado, “en el IF faltaría el efecto fiscal del reajuste del Pilar Solidario en la Ley 20.531 (que exime del pago de salud a los jubilados) y hay supuestos que deben ser revisados”.

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