La constructora española OHL, que preside en Chile Roberto Durán -cuñado del ex Presidente Ricardo Lagos– está atravesando aguas turbulentas dentro del país, luego de que la Corte Suprema fallara en su contra en un litigio en el Terminal 2 del puerto de Valparaíso, del que es concesionaria.

La justicia confirmó por cinco votos a cero que el Acceso Sur a dicho puerto es de uso prioritario para el concesionario del terminal 1, la empresa Terminal Pacífico Sur (TPS), de propiedad de Ultramar.

La disputa surgió luego de que TPS reclamara ante la estatal Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) que durante el proceso de licitación del Terminal 2 no reconoció esta condición prioritaria, por lo que el tema escaló a un arbitraje entre las partes.

Este adverso fallo judicial contra OHL, sin embargo, contrasta con el trato preferente que ha recibido de EPV al menos desde diciembre de 2013, cuando asumió la presidencia de la compañía Roberto Durán de la Fuente.

La constructora multinacional ha estado en la polémica pública reciente por adjudicarse la construcción de tres hospitales públicos del Ministerio de Salud con sobreprecios de US$180 millones.

Las regalías que ha tenido OHL con el cuñado de Lagos de presidente

En abril de 2013, OHL ganó la concesión del terminal dos del puerto de Valparaíso por los próximos 30 años, tras presentar una mejor oferta que el otro oferente conformado por Grupo Empresas Navieras, Besalco y Ports of America. El mismo mes que Roberto Durán llegó a la compañía española, la empresa estatal EPV modificó el contrato de concesión en beneficio de OHL.

Dos de los directores de EPV son los socialistas Sonia Tshorne, ex ministra de Vivienda y Urbanismo del gobierno de Ricardo Lagos, y Raúl Erazo, ex subsecretario de Transportes del primer gobierno de Bachelet y ex asesor  del Ministerio de Obras Públicas.

A través de dicha modificación de la concesión, EPV le extendió en 12 meses el plazo de TCVAL para ejercer su derecho a poner término anticipado a la concesión (del mes 24º al mes 36º) y, asimismo, el plazo para hacer devolución del terminal a EPV en caso que ejerciera ese derecho (desde el mes 48º al mes 60º), con lo que de paso extendieron en 12 meses el período de operación del dicho terminal “libre” de mayores compromisos pecuniarios.

Además, se extendió en un año también el pago estipulado de US$13 millones a la empresa estatal y el pago anual por US$3,3 millones, con el consiguiente perjuicio fiscal derivado de no contar con dichos recursos al mes 25º, según dictaminaba el contrato de concesión original. Dicha modificación se fundó en supuestos cambios a la normativa medio ambiental y en atrasos en la obtención de los correspondientes permisos medioambientales, normativa que OHL se obligó a cumplir y permisos que decidió postergar unilateralmente.

Dicho cambio es particularmente relevante, además, porque durante el proceso de licitación del citado terminal 2, distintos postulantes solicitaron expresamente esa misma extensión del plazo, pero EPV la rechazó categóricamente.

De ello dan cuenta una serie de preguntas y respuestas habidas durante dicha licitación, en que los postulantes solicitaron formalmente aumentar el citado plazo para poner término anticipado a la concesión, del mes 24º al mes 36º fundado precisamente en que podrían atrasarse los permisos medioambientales.

Sin embargo, en cada una de esas oportunidades, la EPV sistemáticamente lo rechazó, resultando entonces llamativo que, cerrada la licitación, sí le haya otorgado ese derecho a OHL.

La situación se vuelve más compleja considerando que durante 2016 OHL pidió una segunda prórroga para responder las consultas en su proceso de evaluación ambiental hasta abril/mayo de 2017, no obstante lo declarado a principios de este año por el gerente general de la concesionaria, oportunidad en la que indicó que: “este año, particularmente, estamos con el desafío de tener la RCA del estudio de impacto ambiental. El principal desafío es tener la RCA que esperamos tenerla a mitad de año”.

Finalmente, en diciembre de 2016 EPV accedió a modificar por segunda vez el contrato de concesión con OHL.

Otros tratos preferentes a OHL

En septiembre de 2015 a OHL se le modificó el contrato de concesión para relajar parte relevante de las obligaciones de servicio que debía cumplir para las naves de cabotaje y car carrier, con lo que se constata que en apenas tres años de concesión y sin haber obtenido la resolución de calificación ambiental de su proyecto, EPV le ha modificado dos veces el contrato de concesión a la compañía del cuñado de Lagos, lo que contrasta con la realidad del terminal uno, también concesionado, que sólo exhibe una modificación de su concesión en 15 años de contrato vigente.

Adicionalmente, sin cumplir con las formalidades exigidas en el contrato de concesión, EPV le aprobó una modificación al manual de servicios de OHL por la que se excluyó de prioridad de atención a las naves de pasajeros o cruceros, cuestión que EPV había exigido invariablemente al otro concesionario por más de 15 años.

En otro proyecto, a principios de este año y por un monto de US$152 millones, Codelco le adjudicó a la compañía española el proyecto de ampliación del tranque Talabre, ubicado en Calama.

Los problemas financieros de OHL

Pero si en Chile la empresa tiene una situación bullante, su situación a nivel internacional es en extremo compleja.

El 16 de noviembre de 2016, la agencia clasificadora de riesgo Moody´s redujo el rating crediticio de OHL, debido a una caída de los ingresos de los principales negocios de en ingeniería y construcción en el tercer trimestre de 2016.

Los expertos de Bankinter rebajaron su recomendación sobre la constructora y revisaron a la baja su precio objetivo. Según estos analistas, la victoria de Donald Trump provocó un deterioro del valor de mercado en euros de su filial mexicana.

La prensa española ha publicado reportajes bajo el título “el hundimiento de un gigante”, y su histórico presidente por casi 30 años, Juan Miguel Villar Mir, renunció al cargo en junio del año pasado en favor de su hijo.

También se menciona que la compañía estaría impulsando un plan de desinversión en gran parte de las autopistas que posee en Latinoamérica.

En México, OHL fue acusada de haber recibido “condiciones extremadamente beneficiosas” por el concurso que ganó para construir el Circuito Mexiquense en el Estado de México —el que más aporta PIB al país y es la tierra natal del Presidente Enrique Peña Nieto.

En este contexto fueron publicados en YouTube unos audios de conversaciones entre Pablo Wallentin, representante de OHL México y diversos directivos de OHL México: José Andrés de Oteyza, presidente de la firma; Jesús Campos López, director Técnico de la empresa y José Luis Muñoz, director de Planeación Financiera. En los audios se explica cómo es que presuntamente cometieron un fraude al elevar el precio de la tarifa por usar el Viaducto Elevado Bicentenario, ubicado en el Estado de México.

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