El Gobierno realizó cambios en el reglamento de pasajes y fletes para todas las Fuerzas Armadas para evitar nuevos casos de “Turismo Militar”.

El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, explicó que “el reglamento vigente es de 1982 y da espacio para una interpretación en la adquisición de pasajes y fletes que dio lugar a estas prácticas que están siendo investigadas por la justicia”.

“La institución le daba una orden de compra a las agencias de turismos y le decía al funcionario que estaba destinado a Estados Unidos que estaba lista su orden de compra”, comentó.

A esto añadió que “el funcionario iba, conforme a la reglamentación existente, a la agencia de turismo y decía que ‘tengo que viajar a Estados Unidos, la institución me mandó y me dicen que está todo enviado en la orden de compra”.

“El problema era el siguiente: la orden de compra estaba dado por un monto tarifa full flexible one way”, complementó.

Sin embargo, explicó que en algunas ocasiones los funcionarios iban a las agencias y realizaban cambios en los pasajes donde incluso se quedaban con parte del dinero devuelto.

“Esa persona cuán consiente estaba de que eso que le habían devuelto no le correspondía, porque a él el Ejército lo había enviado a la agencia de viajes”, comentó.

“No era clara”

El subsecretario explicó que “la reglamentación de 1982 no era clara en cuanto al derecho a pasajes y fletes no es un viático, no es parte de la remuneración”.

“Este cambio es relevante. Lo que hacemos en el nuevo reglamento es ser explícitos en cuanto al derecho de pasajes y fletes es una obligación de la institución de proveerte los medios para trasladarte al lugar donde estás destinado”, añadió.

“Estamos estableciendo claramente los criterios para determinar aquel modo que es más eficiente para trasladar al personal que enviamos en misión. Hay un afán de una correcta utilización de los recursos públicos”, explicó.

Galli además comentó que en la investigación por “Turismo Militar” “pueden haber casos en que se haya abusado del sistema. Lo que corresponde es que la justicia lo investigue y sean sancionados apropiadamente”.

Sin embargo, aseguró que “le corresponde a la justicia determinar en qué casos específicos había conciencia de la ilicitud, se constituía un delito y por lo tanto, tienen que ser sancionados y en qué otros casos eso no se da”.

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