La eventual interconexión bursátil entre la Bolsa Electrónica con la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) se tomó el cierre de la junta anual de accionistas de esta última, realizada en la mañana de este lunes.

Cuando concluía la cita, el presidente de la BCS, Juan Andrés Camus, abrió el espacio para que los asistentes hicieran preguntas. Así, Luis Orrego, ex corredor de bolsa de Valenzuela Lafourcade, preguntó sobre cómo el directorio está viendo la interconexión y qué medidas planean tomar al respecto.

“Nosotros tenemos una gran preocupación por este asunto y vamos a hacer la debida defensa de lo derechos de nuestros accionistas, de tal manera de que no se vulneren nuestros derechos económicos ni haya ninguna expropiación. Y si llegara a haberla, ejerceremos todos los derechos que tengamos para defender esos derechos”, afirmó Camus ante la pregunta de Orrego.

La semana pasada, el proyecto de ley que establece más exigencias y responsabilidades para los agentes de los mercados, donde se incluyó facultar al regulador para forzar la interconexión, fue aprobado en el Senado y pasó a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, Camus sostuvo que “afortunadamente el Congreso delegó en la CMF el normar esta integración entre las bolsas, respecto de lo cual no sabemos todavía qué es lo que se va a hacer, pero estamos absolutamente preocupados y muy encima de cómo se va a realizar este proceso”, aseveró.

El presidente de la principal bolsa del país añadió que están atentos al tema, de tal manera “que no haya ninguna vulneración de los derechos de nuestros accionistas, de que no se utilice otra bolsa para bypassear los derechos de los accionistas para ser corredor”.

De todos modos, matizó que, a su juicio, el proceso de desmutualización ya generó una integración entre las bolsas, por lo que espera que la interconexión tenga un impacto marginal.

Por su parte, el asesor legal de la Bolsa, Cristóbal Eyzaguirre, detalló que “vamos a estar muy atentos a cómo salga el proyecto, en definitiva. Va a ser relevante cómo se vaya a implementar el proyecto también, para ver si efectivamente el impacto constituye o no constituye, de alguna forma, una expropiación”, remarcó.

El abogado agregó que “hay distintos mecanismos que contempla la ley en ese escenario que obviamente el directorio va a considerar y también la asesoría legal, para efectos de poder resguardar adecuadamente el interés de los accionistas”.

Sobre ese punto, Orrego consultó a qué mecanismos se refería, ante lo cual Eyzaguirre respondió que “fundamentalmente cuando hay un proyecto de ley que pudiese constituir una expropiación, los mecanismos que la ley contempla en esos casos es recurrir al Tribunal Constitucional para efectos de declarar inaplicable algunos preceptos legales”.

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