El fiscal nacional, Jorge Abbott, se reunió con el secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile (Cech), Fernando Ramos.

¿El motivo de esta cita? Suscribir un acuerdo de cooperación para mejorar el proceso penal respecto de las investigaciones por denuncias de abusos sexuales que está llevando el Ministerio Público contra miembros de la Iglesia chilena.

Según lo informado tras la reunión, la Cech se comprometió a entregar los antecedentes al Ministerio Público durante las 24 horas siguientes desde que se sepa de una eventual comisión de delito sexual.

Por su parte, el organismo persecutor se responsabilizará de entregar el mayor nivel de confidencialidad para proteger la identidad y los antecedentes de las víctimas.

Al respecto, Ramos afirmó que “esta es una invitación también para otras congregaciones religiosas, para que poco a poco vayan progresando en torno al compromiso de cooperar con el restablecimiento de la verdad y la obtención de justicia para las víctimas”.

Por su parte Abbott hizo una convocatoria transversal a denunciar este tipo de hechos: “Llamamos a todas las personas, principalmente a las víctimas, a que hagan las denuncias ante el Ministerio Público y así poder iniciar las investigaciones y establecer la verdad en sus casos y, por tanto, reclamar ante los Tribunales de Justicia las sanciones que correspondan en virtud de los hechos cometidos”.

Aumentan las víctimas y los investigados

Desde julio de 2018, el Ministerio Público realiza periódicamente un catastro nacional de investigaciones relacionadas con abusos sexuales cometidos por sacerdotes y laicos de la Iglesia.

Respecto de los últimos catastros de la Fiscalía, destacan el aumento en la cantidad de personas investigadas y de víctimas.

En cuanto a los investigados, cuyo último registro data de noviembre de 2018, lo más llamativo en términos jerárquicos, es el aumento de obispos indagados, ya que pasó de ocho a diez. También destaca el aumento de casi la mitad de sacerdotes investigados, ya que pasaron de 105 en noviembre a 152 a finales de abril.

No obstante, el Ministerio Público en marzo pasado entregó un balance de las víctimas, en el que se señaló que existían 158 casos vigentes, los que involucran a 219 personas investigadas. En relación a esas cifras, los casos vigentes ahora son 166, y hay 221 personas investigadas.

Las víctimas aumentaron a 248 de las 241 de marzo, de las cuales 123 eran menores de edad, y actualmente esa cifra alcanza los 131.

/psg