Inspirada por el conocimiento que se ha tenido de delitos sexuales o de abusos cometidos contra menores, particularmente en el caso de religiosos de la Iglesia Católica, se presentó hace unos meses una moción parlamentaria que busca reforzar el deber de denuncia de hechos constitutivos de delitos que contempla el artículo 175 del Código Procesal Penal, la cual fue aprobada en sala en la Cámara de Diputados, pasando ahora al Senado.

La propuesta extiende la obligatoriedad “a las autoridades eclesiásticas de cualquier confesión religiosa, sea de derecho público o derecho privado, y, en general, los obispos, pastores, ministros de culto, diáconos, sacerdotes, religiosas u otras personas que conforme a las reglas de cada denominación religiosa detenten algún grado de autoridad sobre una congregación o grupo de personas en razón de la práctica de alguna creencia”. La sanción a la contravención de dicha obligación es gravosa, pues quien incurra en ella será considerado encubridor del delito no denunciado.

Si bien los hechos conocidos que tienen como víctimas a menores o personas en situación de vulnerabilidad son repudiables, y es necesario velar porque en toda institución existan los resguardos, prevenciones y procedimientos que los eviten -y si ocurren sean duramente sancionados-, no procede conculcar otras libertades tras esos fines. Es así como la actual redacción, habiendo sido rechazada la moción que consideraba una excepción en el caso de aquello que se conozca bajo secreto de confesión, deja abierto el espacio para comprometer el ejercicio de la libertad religiosa y de conciencia, derechos tradicionalmente protegidos en la Constitución y las leyes. Sin la excepción, el confesor se verá forzado a elegir entre acatar la ley penal civil y la norma canónica que le prohíbe divulgar lo confiado por el penitente, con graves sanciones para su contravención, violentando los principios antes referidos.

La institución del secreto sacramental, esencial especialmente en el catolicismo, que se sustenta en la intimidad compartida en base a un compromiso de confidencialidad, siempre ha sido garantizada en nuestro sistema penal y procesal, a la par del secreto profesional en otras actividades, como en el caso de médicos o abogados. Pero al ser vulnerada dicha institucionalidad, tal como consagra este proyecto, constituye una grave intromisión del Estado en un ámbito propio de la conciencia y del ejercicio de las creencias propias de cada persona, donde la ley humana en ningún caso puede pretender supremacía.

Por otra parte, no es difícil advertir que esta iniciativa será más bien inútil en cuanto a los objetivos que persigue, porque en la práctica redundará en que quienes son autores de delitos contra menores se apartarán del sacramento, y en caso de que así no fuera, claramente habría graves dificultades probatorias para responsabilizar penalmente al confesor que omitió el deber de denuncia, al ser la confesión un acto donde solo hay dos personas.

/Editorial del diario La Tercera